"Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo la presidenta interina Delcy Rodríguez tras promulgar la ley. Pero organizaciones civiles denuncian un "injustificable exceso de exclusiones", que dejaría en prisión a decenas de opositores y mantendría inhabilitaciones políticas a líderes como María Corina Machado.