Desde hace siglos, la catharanthus roseus o vinca de Madagascar es utilizada como medicamento tradicional en el continente africano. Pero no solo allí, sino también en las Filipinas, por ejemplo, los pueblos indígenas la usan para inhibir el apetito. Como la vinca de Madagascar también reduce la cantidad de glóbulos blancos en la sangre, hasta sirve para tratar la leucemia.

Hoy en día, es un componente de muchos medicamentos que las empresas farmacéuticas patentan y sacan al mercado. La venta de medicamentos a base de plantas exóticas como ésta genera grandes ganancias. Pero los propietarios originales de los bienes biológicos, que los usan desde hace mucho tiempo, generalmente no sacan provecho del negocio. Por ello, muchas organizaciones para el desarrollo acusan a las empresas de biopiratería.

Protegiendo el conocimiento tradicional

La lucha contra la biopiratería no es nueva y, en parte, también ha sido exitosa: en marzo de 1995, dos investigadores de la Universidad de Mississippi patentaron la cúrcuma como remedio contra las llagas. Pero normalmente esta planta endémica de Asia del Sur se usa como condimento. Por ello, el Consejo Indio de Investigación Científica e Industrial demandó a la oficina estadounidense de patentes: la cúrcuma se usa en India desde hace varios siglos para tratar heridas y erupciones cutáneas. Acto seguido, la oficina de patentes revocó la patente.

En octubre de 2010, se adoptó el Protocolo de Nagoya sobre biodiversidad que tiene como meta distribuir de manera más justa las ganancias obtenidas de recursos naturales, para que también la población que originalmente cultivó y usó esos recursos pueda sacar provecho de su venta. Sin embargo, Sven Hilbig, de la organización humanitaria alemana “Brot für die Welt”, critica que este acuerdo casi no ha sido llevado a la práctica.

El éxito es posible

Solo 15 países han convertido el Protocolo de Nagoya en Ley Nacional. Aunque la Unión Europea ha firmado el protocolo, ninguno de sus países lo aplica. A nivel mundial son necesarios 50 países para que el acuerdo sea vinculante.

No obstante, muchas ONGs dudan que el protocolo pueda impedir la biopiratería en la UE. Por ejemplo, no existe una nueva reglamentación para la concesión de patentes. Hartmut Meyer, de “Brot für die Welt”, exige que cada empresa que quiera obtener una patente deba demostrar de dónde provienen las nuevas sustancias y que fueron adquiridas de manera legal y justa. Según Meyer, los consumidores deberán desarrollar una consciencia por la problemática. Pero también los pueblos indígenas deben ser informados sobre la biopiratería y sus consecuencias para poder sacar provecho de sus conocimientos tradicionales.

Autor: Rachel Baig/ VC

Editor: Emilia Rojas Sasse