“Me acuerdo de Ellen Marx, que era judía alemana. Huyó de la Alemania nazi, y su hija, Nora Marx, desapareció durante la dictadura. Ella siempre me decía: "Los argentinos vamos a padecer las consecuencias de la dictadura por lo menos setenta años. Han pasado 40 y el proceso está todavía en carne viva, se sigue discutiendo, y están estos juicios, afortunadamente“, afirma el abogado argentino Rodolfo Yanzón, que participó en la llamada Megacausa ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), la causa con la mayor cantidad de personas acusadas, juicios que aún continúan su curso.

En un lapso de poco más de siete años (1976 -1983) la junta militar integrada por las tres Fuerzas Armadas instauró en Argentina un terrorismo de Estado que desapareció y asesinó a unas 30.000 personas. Muchas de las víctimas siguen con paradero desconocido. Muchos de los agresores no han sido aún identificados. Se secuestró y robó la identidad a unos 500 hijos de detenidos. y 119 de esos niños, ahora adultos, han sido encontrados.

Según el abogado alemán Wolfgang Kaleck, que acompaña la lucha de las víctimas desde 1998, Argentina se ha convertido en un modelo en cuanto a las iniciativas emprendidas por el Estado, que podría convertirse en un ejemplo a seguir por países como México o Colombia. Pero el abogado destaca que ha sido una conquista de la sociedad civil, del movimiento de Derechos Humanos liderado por las Madres de la Plaza de Mayo, que siempre buscó nuevas vías cuando se les cerraban las puertas.

Alemania pidió la extradición de Videla y Massera

Kaleck recuerda que tras los grandes juicios contra la Junta Militar, en 1985 y 1986, se impuso la impunidad en el país. “Acudieron a la CIDH en Costa Rica, buscaron abrir juicios en España y en Alemania. Aquí se hizo una investigación muy seria que culminó con la orden de captura y solicitud de extradición de Videla y Massera en 2004, los dos generales de la Junta que aún estaban vivos“, dijo Wolfgang Kaleck en conversación con DW.

Entre 2006 y 2015 han sido investigadas a 2.300 personas, y 669 han sido condenadas. “Sigue habiendo prófugos y muchos responsables que no conocemos. La prueba fundamental son los testigos, los sobrevivientes, que pudieron dar cuenta de lo que pasó en esos campos“, destaca, por su parte, Rodolfo Yanzón.

El abogado también participa en el juicio en Buenos Aires –hay un segundo juicio abierto en Italia- por los crímenes del Plan Cóndor, es decir, la cooperación entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay para perseguir y eliminar opositores en las décadas del 70 y 80. El juicio comenzó en 2013 y emitirá una sentencia próximamente. “Contamos con mucha documentación de distintos países, el intercambio ha sido muy rico“, destaca Yanzón.

En el caso de los campos de tortura argentinos –más de 300 en todo el país- el desarrollo de la causa depende mucho de la información que aporten sobrevivientes, y donde hubo pocos, la información es escasa.

¿Archivos militares?

Tampoco se puede recurrir a los archivos militares. Pese a que los crímenes de la dictadura son reconocidos como de Lesa Humanidad, ninguna de las tres fuerzas castrenses, el Ejército, la marina o las Fuerzas Aéreas argentinas tiene una alusión a su traumático pasado en su página internet.

“Ellos dicen que no hay archivos militares. Sigue habiendo un pacto de silencio entre ellos. La Policía Federal y el Ejército tienen placas con las que conmemoran a sus caídos en el cumplimiento del deber y muchos de ellos fueron miembros de grupos de secuestros y participaron en campos de tortura“, subraya Yanzón. “Sin embargo, en el contexto regional han reconocido muchísimo más que las Fuerzas Armadas chilenas, que siguen reivindicando a su dictador, o las brasileñas“.

Hay otros frentes que avanzan lentamente, como el de la complicidad de las empresas. “La dictadura no cometió estos crímenes por sadismo, sino que fue la preparación del gran golpe contra el movimiento obrero organizado que se oponía al modelo neoliberal, y eso hay que considerarlo cuando se hace una revisión histórica y social“, apunta, por su parte, Wolfgang Kaleck.

Por eso, destaca el jurista alemán, es tan importante llevar a las empresas implicadas en los crímenes ante los tribunales. “Tenemos en Alemania el caso de los sindicalistas desaparecidos de Mercedes Benz. Entre tanto, hubo una demanda de indemnización en Estados Unidos, y estos días fue condenado el empresario Marcos Levín en la Ciudad de Salta. Todo esto avanza lentamente, pero cada vez más se pone la mira en los actores civiles y económicos a nivel nacional e internacional“.

Rodolfo Yanzón concluye señalando que, aunque el Gobierno de Mauricio Macri ha dicho muy claramente que el proceso va a continuar, "siempre hay que estar atentos porque puede haber intentos de dar marcha atrás".