La reciente redada antidrogas a gran escala en Río de Janeiro, que se saldó con 132 muertos tras el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad de Brasil y el Comando Vermelho (una de las dos bandas criminales más importantes del país), es expresión de la creciente militarización de la lucha contra el crimen organizado en la región.

La megoperación también puso de manifiesto la disposición de drones y granadas por parte de los criminales, que los utilizaron en esta operación.

El dilema de seguridad

"Río de Janeiro está sola en esta guerra", afirmó el gobernador bolsonarista Cláudio Castro, dejando claro que también apuntaba, en términos políticos, al Gobierno nacional, de cara a las elecciones de 2026, empleando, según algunos observadores, una estrategia de desgaste contra el presidente Lula da Silva.

El debate sobre la participación federal en la seguridad pública es uno de los temas de este contexto; el otro se refiere a la investigación judicial del procedimiento policial, para la cual el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha citado al gobernador de Río de Janeiro para declarar sobre la operación. Para el gobernador, todo fue un éxito total, mientras que otros actores, como defensores de los derechos humanos, hablan de una "masacre". De nuevo surge la pregunta de cómo es posible equilibrar las demandas públicas de seguridad con la necesidad de preservar las instituciones democráticas y los derechos humanos.

Aparte de los intereses políticos, en el caso brasileño queda claro que muchos gobernantes recurren a políticas de mano dura cuando no ven alternativas viables. Esa situación plantea un dilema político, ya que parte de la ciudadanía espera que se haga frente a la crisis de seguridad, y siempre ponen como ejemplo el caso de El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele.

Desde las propias comunidades, se piden intervenciones militares como último recurso frente al avance de los grupos criminales. Las incursiones violentas en favelas y barrios populares pueden reportar beneficios políticos a corto plazo, pero, a medio plazo, existen muchas dudas sobre la eficacia de este tipo de acciones, ya que no logran establecer una nueva y contundente presencia del Estado en estas poblaciones y suelen generar nuevos ciclos de violencia entre las propias organizaciones criminales y los órganos de seguridad.

El "narcoterrorismo"

El Gobierno de Río de Janeiro ha utilizado con frecuencia el término "narcoterrorismo" para describir a los grupos de crimen organizado, siguiendo la estela de la Administración de Donald Trump, que ha recurrido continuamente a este concepto para justificar acciones de dudosa base legal en nombre de la seguridad nacional.

Sin embargo, equiparar terrorismo y crimen organizado no ayuda a calibrar adecuadamente los instrumentos que deben emplearse, ya que el terrorismo suele tener un componente ideológico en forma de acciones políticas, mientras que los criminales persiguen fines de lucro económico definidos en los respectivos códigos penales. Recurrir a la figura del "narcoterrorismo" puede interpretarse como una estrategia para justificar un mayor uso de la violencia, como en la operación de Río, que resultó ser la más mortífera de la historia moderna de Brasil.

Diferentes dinámicas regionales

Aunque existe un amplio consenso sobre el hecho de que las drogas ilegales, la proliferación de armas y otras amenazas transnacionales, combinadas con la falta de gobernanza y el síndrome del Estado débil, son la causa de una ola de delincuencia extraordinaria que azota América Latina, no debemos perder de vista las diferencias regionales.

Estas diferencias se deben a la estructuración de los grupos criminales y a sus estrategias. En México, por ejemplo, se está produciendo una hegemonía criminal con el ascenso del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que está intentando establecer una nueva "pax narca" como fuerza dominante, imponiendo una relativa estabilidad gracias al poder acumulado por este cártel. Al mismo tiempo, se observa una diversificación de actividades que van más allá del tráfico de drogas: se dedican a la extorsión, la trata de personas, el huachicoleo (robo de combustible), la venta ilegal de tabaco e incluso la exportación ilegal de productos agroalimenticios.

En Brasil, por otro lado, se observa una competencia entre dos organizaciones centrales: el Primeiro Comando da Capital, en São Paulo, y el Comando Vermelho, en Río de Janeiro. Ambas organizaciones han intentado expandirse más allá de las fronteras nacionales, lo que ha provocado enfrentamientos violentos entre ellas. Mientras, en la zona andina se observa una continua competencia entre diferentes grupos y sus aliados internacionales por el control territorial y de las rutas de tráfico de drogas, lo que implica un ciclo de violencia complejo en Colombia, Ecuador y Perú.

Estas diferencias impiden alcanzar un nuevo consenso estratégico entre los países latinoamericanos bajo el lema del "narcoterrorismo", que se utiliza en diferentes contextos como fórmula para llevar a cabo acciones de "mano dura" y asociarse con EE. UU. en la lucha contra las organizaciones criminales. Sin embargo, se necesitan acciones contundentes, pero no violentas, que generen una presencia del Estado en las favelas y cárceles para superar la gobernanza paralela de los actores criminales, más allá de incursiones que, a corto plazo, solo dan la impresión de un control territorial y de disuasión del crimen organizado.

(ms)