"Con la violación de la niña, la Fuerza Pública tocó a una hermana, abusó de la Madre Tierra y dejó herida, adolorida a toda la comunidad indígena de Colombia", dice a DW Johny Onogama Queragama, uno de los líderes de la etnia Embera Chamí.

El 23 de junio pasado siete soldados del Ejército colombiano violaron a una niña menor de edad, en cercanías del territorio autónomo de su etnia Embera Chamí, no lejos de la ciudad de Pereira.

Actos de violencia que han generado profundo rechazo en la sociedad colombiana, y hasta en el exterior. "Una cosa quiero que quede clara", enfatiza el joven líder indígena Onogama desde su resguardo en Risaralda, en los Andes colombianos, "el Gobierno de Colombia nos tiene que garantizar que se haga Justicia y que nunca más se vuelva a violar a ningún indígena".

La violación de la menor indígena ocurrió solo cuatro días después de que se aprobara una reforma de la Constitución que debe incluir la cadena perpetua en Colombia. ¿Le cumple con esto el Congreso a los menores y las mujeres abusadas? "Hasta ahora, no existe una ley, lo que se aprobó fue un acto legislativo que aún tiene que pasar un proceso. De hecho, ya hay varios colectivos de abogados que han anunciado demandar dicho acto por considerarlo inconstitucional", explica a DW la penalista María Camila Correa, profesora de la Universidad del Rosario de Colombia. "Los críticos alegan una 'sustitución' de la Constitución", agrega la jurista.

¿Fue acaso el del Congreso un acto de mero simbolismo político sabiendo que la Justicia ya prevé 30, y hasta 60 años de cárcel en Colombia? "Las penas de hasta 60 años aplican cuando se cometen varios delitos, como por ejemplo acceso carnal, secuestro y homicidio", aclara la jurista María Camila Correa, especializada en violencia de género.

La actitud de la Fiscalía que imputó los cargos a los soldados que reconocieron haber violado a la niña Embera ha causado también desconcierto e ira: el fiscal responsable los acusa de "acceso carnal abusivo" y no de "acceso carnal violento", como piden juristas y defensores de derechos humanos. La sutileza de los términos jurídicos podría hacer la diferencia a la hora de dosificar las penas, dicen unos abogados. Otros, empero, dicen que la pena sería la misma.

Para la profesora Correa, "no hay lógica en la decisión del fiscal, pero lo claro es que el tiempo del proceso se va a reducir, debido a que los imputados confesaron el crimen, por lo que las posibilidades de cambiar esa imputación se han reducido y quedaría en manos del juez". 

Si no se ve no se tiene en cuenta

Este caso concreto es para la jurista de la Universidad del Rosario, "un claro ejemplo de la invisibilización de la violencia de género, en especial contra las mujeres indígenas". En este contexto, Correa pone de presente que apenas en estos días se conoce el caso de una niña indígena de la etnia Nukak Makú, también violada por militares en 2019 en Guaviare, uno de los departamentos selváticos de Colombia.

La profesora Correa recuerda, además, el caso del asesinato de la menor Yuliana Samboní. Otro crimen de una indígena que estremeció a Colombia. El reconocido arquitecto Rafael Uribe Noguera secuestró, violó y mató a la niña de la etnia Yanacona el 6 de diciembre de 2016. Una menor que había llegado con su familia a la capital huyendo de las guerrillas en el Cauca, occidente del país. 

Una historia de acoso territorial, y de todos los abusos

"Los violentos nos desplazan de departamento en departamento y nos hacen llegar a las ciudades que para nosotros son selvas de cemento", dice a DW Johny Onogama, el líder Embera. La historia de su etnia es la historia del acoso territorial, las amenazas de los grupos armados, los asesinatos a sus líderes, y ahora de la violación sexual. "La comunidad Embera vivía en armonía con su territorio en un hábitat sin noción del tiempo y el dinero", dice a DW Manuela Chamorro, egresada de la Universidad Piloto de Colombia, que estudió la situación de vivienda social de los indígenas desplazados en Bogotá y quien cuenta que para los Embera "el hoy se convierte en la desconocida medida del tiempo, en la que tienen que vender artesanías, pagar la habitación o mendigar para poder comer".

"Si bien los indígenas en Colombia cuentan con alta protección jurídica, esta no se materializa", dice la abogada Correa, doctora de la Universidad de Madrid, quien resalta la "contradicción" en que, en el caso de la niña Embera, "fueron agentes del Estado quienes la violan cuando están para protegerla, a ella y a su comunidad". 

No son casos aislados, hay un largo historial de violaciones

¿Casos aislados? "Para nada", replica en entrevista con DW la investigadora de la línea étnico-racial de la ONGDejusticia, Diana Quigua, abogada de la Universidad Nacional y miembro del pueblo Kubeo, una etnia que habita el Vaupés, en la Amazonía colombiana.

"Desde antes de 2008, la llamada Mesa de Mujer y Conflicto Armado, Dejusticia y otras organizaciones civiles han documentado diversos tipos de violencia sexual contra las mujeres indígenas", dice la jurista Quigua, quien describe que "con la llegada de los militares que perseguían a las guerrillas empezó el calvario para las mujeres en la Amazonía: subieron los embarazos forzados de niñas menores de 14 años y adolescentes indígenas, empezaron las desapariciones y la trata trasnacional de mujeres indígenas hacia Brasil. Además, las guerrillas endurecieron el reclutamiento forzado de niñas".

Las juristas Quigua y Correa coinciden en que la violencia sexual, en especial contra las mujeres indígenas, es en Colombia también una de las consecuencias de medio siglo de conflicto, en el que, como en muchas guerras en el mundo, "la mujer es considerada botín o espacio de desahogo".

El 2 de julio, el comandante del Ejército de Colombia, general Eduardo Zapateiro, reconoció públicamente que desde 2016 en su entidad hay 118 investigaciones abiertas por abuso sexual de menores.

Sin palabras conocidas para expresarlo

La investigadora Diana Quigua explica que "una violación para las mujeres indígenas significa algo tan duro para lo cual no existen, a menudo, términos en sus lenguas", por lo que, a menudo, ellas mismas no pueden ni expresarlo. 

Según la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia,  en el país suramericano viven 112 etnias en 530 resguardos distribuidos por todo el país. Otros tres pueblos viven en el Amazonas en "aislamiento voluntario".

Para la jurista del pueblo Kubeo "no solo es importante que se profiera una condena por la Justicia ordinaria, sino que las autoridades y el resto de la sociedad respeten y faciliten el proceso interno de recuperación de la armonía, de la sanación que las comunidades indígenas tienen que pasar tras un delito como el cometido contra la niña Embera".

Van, los filman y no los ven

"Los medios reportan sobre violaciones como si fuera un partido de fútbol", criticó, por su parte, el analista de medios Ómar Rincón, a la revista Semana, tras el asesinato de la indígena Samboní en 2016. No en vano, Manuela Chamorro, que realizó un estudio sobre los indígenas Embera en las calles de Bogotá, le advierte a DW: "Los indígenas están hartos de que después de cada acto de violencia contra sus comunidades algunos medios vayan con cámaras de televisión y ni siquiera les pregunten qué piensan o qué necesitan".

Por último, el líder Embera Johny Onogama Queragama concluye que "aunque la paz se firmó, la guerra contra nosotros ha seguido. Ahora, a la herida que nos han dejado violando a una de nuestras niñas, se suma lo peor que la pandemia nos está causando: el hambre". Y le pregunta a DW, al otro lado del Atlántico: "¿Sabe cómo acudir al Gobierno de Iván Duque para que nos ayude?".

(vt)

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