Narcopolítica en México: el elefante en relación con EE.UU.
15 de julio de 2025
Desde que el narcotraficante confeso Ovidio Guzmán, de 35 años, hijo del fundador del Cártel de Sinaloa, llegó a un acuerdo de colaboración con el Gobierno estadounidense, se levantan olas en ambos lados de la frontera. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha cuestionado públicamente que no se conozcan los detalles del acuerdo, lo que provocó durante el fin de semana una dura respuesta del abogado de Ovidio, Jeffrey Lichtman.
Una insólita pelea que revela malestar
México no tendría por qué conocer los términos, contestó Lichtman y acusó a Sheinbaum vía la red social X que "el pueblo de México (y yo mismo) sabemos que ella actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización de narcotraficantes que como líder honesto que el pueblo mexicano merece.” Esto a su vez condujo a que el lunes, Sheinbaum anunciara una demanda por difamación contra Lichtman.
El ríspido intercambio sobre un tema muy sensible entre los vecinos es señal de un nerviosismo en el gobierno mexicano cada vez más presionado por EE.UU. sobre el tema de la narcopolítica, advierten analistas a DW.
"Se enmarca en un intercambio sobre el combate al fentanilo donde hay mucha tensión y desencuentros”, dice en entrevista con DW Cecilia Farfán, doctora en ciencia política por la Universidad de California, Santa Bárbara.
Esto se debe sobre todo a la herencia que dejó el mentor político y antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Él dio rienda suelta a los cárteles con su política bautizada como "abrazos no balazos”, y mantuvo relaciones amistosas con el cártel de Sinaloa: visitó a la abuela de Ovidio en su feudo en la montaña del triángulo dorado en el Norte de México, en 2019 ordenó liberar al heredero de la organización criminal, arrestado en un operativo de seguridad en Culiacán, y defendió a su padre, Joaquín "El Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en EE.UU. en 2019.
Patriotismo para la base, flexibilidad con Trump
"El Gobierno de EE.UU. estaba muy frustrado, sentía que López Obrador no hacía nada contra el tráfico de fentanilo”, comenta Farfán, actualmente Jefa del Observatorio para América del Norte de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime con sede en Ginebra. "Ahora con Sheinbaum hubo un cambio de narrativa sutil, se habla de responsabilidad compartida”, añade la experta.
No obstante, para Rubén Aguilar, consultor político y autor de varios libros sobre el tráfico de drogas y seguridad, fue un error político, estratégico y comunicacional de la presidenta pelearse con el abogado de Ovidio. "La única explicación que encuentro es que le puede resultar rentable, desde una lógica populista de pelearse con un gringo”, destaca el experto a DW. "Le puede dar resultados con su base política, aunque a nivel internacional puede salir costoso.”
Mientras El Chapo nunca quiso negociar con la justicia estadounidense, su hijo menor optó por ese camino. Los términos del acuerdo no están claros, pero en general implica una rebaja de pena a cambio de información privilegiada sobre sus socios, redes y logística. Todavía es poco claro cómo esta información impactará en la relación bilateral y en México, consideran los analistas.
Presionar sin desestabilizar
Aguilar calcula que unos doce gobernadores del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tienen algún lazo con el crimen organizado. "El Gobierno de EE.UU. lo tiene muy claro, y va a usar esa información para presionar a la presidenta, pero sin desestabilizar a su gobierno”, considera el doctor en ciencias sociales de la Universidad Iberoamericana y profesor de ese centro académico.
"Le van a pedir la entrega de algún narcopolítico, algún narcotraficante en extradición, o que combata con más intensidad el huachicol (tráfico de gasolina robada)”, subraya el fundador de la consultora Afan. "Ella va a negociar y ceder, está consciente de sus límites”, vaticina el analista.
Sin embargo, tampoco puede ceder demasiado para no arriesgar rupturas dentro de Morena, advierte Farfán. "La línea del gobierno mexicano es decir: Queremos evidencia que consideramos contundente, y allí vendrán otros desencuentros sobre qué se considera contundente”, advierte.
La investigadora recuerda el caso de Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, quien ha sido señalado por los mismos narcotraficantes por ser un interlocutor del Cártel de Sinaloa – por ahora sin consecuencia política.
"Hay que ver a cuántos gobernadores el gobierno le puede dar un espaldarazo”, advierte Farfán y vaticina que con la presión desde EE.UU. vendrán momentos complicados y posibles fracturas dentro del por ahora hegemónico partido gobernante.
(sw/el)