Durante largos años, Turquía contempló con disgusto e incomprensión el asilo de que gozaba en Alemania Metin Kaplan, conocido como el "Califa de Colonia". Pero a las autoridades alemanas hace tiempo que se les acabó la paciencia con este fundamentalista islámico, que incluso purgó una condena de 4 años de prisión por haber instigado al asesinato de un opositor. Si fuera por ellas, Kaplan ya habría sido deportado a su patria turca. Al fin y al cabo, se trata de un personaje que propaga la violencia y persigue el fin declarado de acabar con el gobierno de Ankara e instaurar allí un régimen islámico, a imagen y semejanza del de Teherán.

Impedimentos humanitarios

Pero el asunto no ha sido tan sencillo. Pese a su prontuario, el "Califa" recurrió a la Justicia para evitar la expulsión, argumentando que, de ser entregado a Turquía, corría el riesgo de ser sometido a torturas. Un impedimento para la deportación, de cuerdo con las leyes germanas. Pero la suerte dejó de sonreírle a Kaplan cuando un tribunal alemán dio ayer luz verde a su expulsión del país. Si bien el fallo es apelable, el activista islámico prefirió darse a la fuga, desencadenando un operativo de búsqueda policial, que luego fue suspendido después de que la corte decidiera que la deportación no se haría efectiva antes de dos meses.

El episodio del "Califa de Colonia" despierta interés público en Alemania por varias razones. En primer lugar, porque se produce ante el telón de fondo de una larga discusión sobre hasta qué punto el país debe tolerar la presencia de extranjeros de clara tendencia extremista, que representan un peligro potencial para la seguridad. El tema ha sido uno de los más controvertidos en el debate sobre la nueva ley de extranjería, que estuvo estancada por largo tiempo en el legislativo. De hecho, la oposición conservadora aboga por endurecer las disposiciones y facilitar la expulsión de tales sujetos. Incluso demandaba la reclusión de aquellos que no pudieran ser enviados de regreso a su país de origen, ya sea porque corriera peligro allí su integridad física o porque hubiera indicios de que no sería sometido a un juicio justo. Tal idea, sin embargo, se desechó, ante la férrea oposición de los verdes.

Asunto pendiente

El caso es que los jueces alemanes estiman ahora que, de ser enviado a Turquía, el "Califa" sería presentado de inmediato ante un juez y sometido a un proceso en regla por el cargo de haber planeado un atentado contra la cúpula de gobierno turca años atrás y por convocar a una guerra santa.

Los tribunales alemanes aún no han dicho la última palabra. Pero se está imponiendo la convicción de que en el país no debe haber cabida para extremistas que predican la violencia y de los que podría derivarse un peligro público. Claro está que la expulsión no es la solución al problema de fondo. Son los organismos de seguridad los encargados de investigar y es la Justicia la que debe determinar si un individuo ha violado la ley. De ser así, debe aplicársele las sanciones pertinente, ya sea en Alemania u otro lugar.