La OEA celebrará dos reuniones extraordinarias para abordar la crisis político-institucional de Venezuela: una el 27 de marzo con la canciller de ese país y otra al día siguiente, a petición de dieciocho Estados miembros
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Este viernes (24.3.2017), la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a dos sesiones extraordinarias para abordar la crisis político-institucional de Venezuela. Una tendrá lugar el lunes (27.3.2017) para recibir a la canciller del país caribeño, Delcy Rodríguez, y otra el martes (28.3.2017), solicitada por dieciocho Estados miembros. Ambas reuniones se realizarán en el salón del Consejo Permanente de la OEA, en la sede de la organización en Washington. De la cita del 27 de marzo sólo trascendió que Rodríguez haría una "presentación”.
La sesión del 28 de marzo se llevará a cabo a petición de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, las naciones que firmaron una declaración conjunta el jueves pasado (23.3.2017) en la que le exigían al Gobierno de Nicolás Maduro fijar un calendario para las elecciones regionales ilegal e indefinidamente pospuestas y liberar a los presos políticos que, según la cuenta de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, ascienden a 115 en este momento.
Foro Penal Venezolano alude a 39 detenciones en el marco de manifestaciones antigubernamentales, 3 por uso de redes sociales, 30 atribuidas a rebeliones militares y 43 por otros motivos. Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica se unieron a los catorce países mencionados en el párrafo anterior para solicitar la sesión extraordinaria de este martes (28.3.2017) en la OEA. Aunque Belice pertenece al llamado "Grupo de los Quince”, como ya se le conoce en los pasillos de la OEA, ese Estado centroamericano no se sumó a la convocatoria.
La Carta Democrática Interamericana
Belice justificó su posición alegando que, por ocupar la Presidencia de turno del Consejo Permanente de la OEA, deseaba mantener su neutralidad. Los Estados que pidieron analizar la situación de Venezuela en una ronda extraordinaria no han decidido si someterán a votación la declaración conjunta que publicaron el 23 de marzo o el comienzo de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, propuesta desde hace tiempo por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Para que la Carta Democrática Interamericana pueda entrar en vigor, al menos 18 de los 34 miembros activos de la OEA deben declarar que en Venezuela "hay una alteración del orden constitucional” que afecta "gravemente su orden democrático”, como lo fundamentó Almagro en un exhaustivo documento publicado en 2016 para invocar el artículo 20 de la Carta. Si esa moción fuera apoyada por una mayoría, se daría inicio gradualmente a una serie de gestiones diplomáticas y buenos oficios.
Si esas medidas no tuvieran éxito –la meta es que el Gobierno de Maduro rinda cuentas por los desafueros que se le atribuyen–, sería necesario que 24 embajadores –dos tercios de los 35 países de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962)– votaran en un Consejo Permanente a favor de convocar a una Asamblea General extraordinaria de cancilleres. De nuevo se transitaría la vía diplomática. Si ese camino fracasara, los 24 socios activos de la OEA deberían ponerse de acuerdo nuevamente para suspender a Venezuela del ente.
Venezuela: sin gasolina, sin remedios
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Abrupto cambio de parecer
De momento, nada apunta a que la suspensión de la membresía de Venezuela sea viable. El Ejecutivo de Maduro sigue contando con el respaldo de varias naciones caribeñas y de sus aliados en Ecuador, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. No obstante, sería exagerado sostener que la discusión en la OEA sobre la situación venezolana deja indiferente al sucesor de Hugo Chávez en Caracas. Este mismo viernes (24.3.2017), Maduro anunció que había pedido apoyo a la ONU para "regularizar” el suministro de medicamentos en el país y superar la crisis económica nacional.
Hasta diciembre de 2016, dentro y fuera de Venezuela, los representantes del Gobierno no solamente habían negado que existiera una escasez de medicamentos que ameritara la solicitud de ayuda externa, sino activamente torpedeado las decisiones tomadas por el Parlamento –de mayoría opositora– para llamar la atención del mundo hacia la "crisis humanitaria” que azota al país, tanto por la falta de medicinas como por el desabastecimiento en materia alimentaria. El 8 diciembre del anõ pasado, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el Ejecutivo de Maduro había acordado ampliar los planes de cooperación con la ONU para adquirir medicamentos.
Sin embargo, en enero de 2017, el diputado opositor José Manuel Olivares denunció que al país no habían llegado medicinas. El sector sanitario no sólo se ha visto golpeado por la falta de medicamentos; el deterioro infraestructural y la escasez de insumos también lo tienen al borde de la parálisis: un 51 por ciento de los quirófanos de los hospitales públicos se encuentra inoperativo y un 78 por ciento de estos centros sufre la escasez de medicamentos, según la Encuesta Nacional de Hospitales 2017, que fue presentada ante el Parlamento la semana pasada.
El Gobierno de Maduro prepara su defensa
Otro indicio de que al Gobierno venezolano no lo dejan fríos los señalamientos hechos en su contra en la OEA es la publicación, precisamente este viernes (24.3.2017), de un informe sobre las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad cometidos por razones políticas entre 1958 y 1998, es decir, el período democrático previo a la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. El reporte fue elaborado por la Comisión por la Justicia y la Verdad creada por el estamento chavista para analizar el récord en materia de derechos humanos de los Gobiernos que precedieron al de "el Comandante”.
Al respecto dijo Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela, que en el lapso 1958-1998 "se instalaron seis teatros de operaciones y más de veinte campamentos técnicos donde se aplicaban infames interrogatorios con equipos especializados en práctica de torturas que incluían personal médico”. Ortega Díaz subrayó que "casi la totalidad” de esos recintos habían sido inspeccionados, pero no detalló su ubicación. La fiscal agregó que durante ese período hubo suspensión de "garantías constitucionales”, se ilegalizaron partidos políticos de izquierda, se violó la inmunidad parlamentaria de legisladores y hubo "diputados detenidos”.
Ortega Díaz señaló que también se procesó "militarmente a civiles” y enfatizó que se había precisado la identidad de 10.071 "muertos y desaparecidos” atribuibles a los Gobiernos democráticos previos al de Chávez. La fiscal informó que el reporte en cuestión sería enviado a instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU), ONG, a distintos países y será difundido nacionalmente. Llama la atención que todas las violaciones de derechos humanos comentadas por Ortega Díaz coinciden con las que desde hace tiempo se le endilgan a los Gobiernos de Chávez y Maduro.
ERC ( EFE / dpa / AFP / AP / El Nacional / El Universal )
La crisis venezolana IV (OCT – DIC 2016)
En Venezuela, el cuarto trimestre de 2016 comenzó con la abrupta suspensión del proceso de convocatoria al referendo para revocar el mandato de Maduro. Eso desató reacciones cuyas secuelas siguen siendo imprevisibles.
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Carta abierta a Parolín
Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, publicó una carta abierta dirigida al monseñor Pietro Parolín (foto), secretario de Estado del Vaticano, en la que secundan las exigencias que le ha hecho al Gobierno de Maduro. Torrealba pidió que los auspiciantes del diálogo chavismo-antichavismo verifiquen “sobre el terreno” el incumplimiento de los acuerdos alcanzados. (25.12.2016)
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Maduro suspende polémica medida monetaria
Maduro prorrogó la vigencia del billete de cien bolívares luego de que se registraran protestas, por un lado, y saqueos, por otro, debido a la escasez de efectivo. Los billetes habían sido sacados de circulación sin ser sustituidos por otros de mayor denominación. El Gobierno alegó que la medida respondía al acaparamiento de papel moneda; los incrédulos lo acusaron de lavar dinero. (17.12.2016)
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Vuelven a endurecerse los frentes
El Poder Legislativo atribuyó responsabilidad política al Ejecutivo por la crisis socioeconómica del país –el antichavismo busca allanar el camino para un antejuicio de mérito contra Maduro (foto) por abandono del cargo– y el Judicial nombró a rectores del Electoral, usurpando funciones del Parlamento e insistiendo en que sus decisiones son nulas mientras esté “en desacato”. (14.12.2016)
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Truncado el diálogo político
En Venezuela, oficialismo y oposición no sólo se acusan mutuamente de sabotear la búsqueda de una tregua para solucionar la crisis de gobernabilidad; ambos esgrimen reproches también contra los auspiciantes de ese cese de hostilidades: el Vaticano y la UNASUR. El emisario de la Santa Sede anunció que el diálogo sería “reactivado” el 13 de enero de 2017. (7.12.2016)
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Oposición dividida ante acuerdos con el Gobierno
El Gobierno y la MUD se comprometieron a convivir de manera “pacífica y constructiva”. Un segmento nada desestimable de la oposición está descontenta y acusa a la dirigencia de la MUD de sacrificar el respaldo que había obtenido en la calle y fuera del país. Otros señalan que la MUD, que había invitado al Vaticano a mediar en la crisis, no podía rechazar la convocatoria al diálogo. (12.11.2016)
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Óscar Arias: “Venezuela es un narcoestado”
En entrevista con DW, el expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz Óscar Arias (foto) comentó abiertamente lo que muchos analistas del acontecer venezolano creen, pero se inhiben de decir: que la negativa del Ejecutivo de Maduro a permitir que se realice un referendo revocatorio se debe a que altos funcionarios de su Gobierno temen terminar siendo juzgados por narcotráfico. (12.11.206)
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Denuncian un “golpe legalista” en Venezuela
La mayoría opositora en el Parlamento (foto) declaró la ruptura del hilo constitucional (24.10.2016) luego de que el CNE suspendiera la segunda recolección de firmas a favor del referendo revocatorio. En nombre de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa negó que haya habido un golpe de Estado (25.11.2016). Decenas de miles protestaron por la cancelación del proceso plebiscitario. (26.10.2016)
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Se anuncia el inicio del diálogo
Monseñor Emil Paul Tscherrig (foto), nuncio de Argentina y enviado del Vaticano para promover negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la MUD –la mayor alianza de formaciones opositoras de Venezuela–, declaró que representantes de ambas partes habían acordado iniciar el diálogo el 30 de octubre en Isla de Margarita, bajo el auspicio de los emisarios de la UNASUR y de la Santa Sede. (24.10.2016)
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Maduro visita al papa Francisco
El papa Francisco recibió al presidente de Venezuela. La audiencia privada en el Vaticano no había sido anunciada. La Santa Sede informó que el papa invitó a Maduro a “emprender con valentía el camino del diálogo sincero y constructivo, para aliviar el sufrimiento de la gente, en primer lugar de los pobres, y promover un clima de renovada cohesión social”. (24.10.2016)
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La cláusula democrática del MERCOSUR
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los miembros fundadores del MERCOSUR, celebrarán “en los próximos días” una reunión para discutir si cabe aplicar la cláusula democrática para sancionar a Venezuela tras la suspensión del proceso plebiscitario en ese país. El anuncio fue hecho por los presidentes de Uruguay y Argentina, Tabaré Vázquez (der.) y Mauricio Macri, respectivamente. (24.10.2016)
Imagen: Reuters/Argentine Presidency
Se sopesa juicio político contra Maduro
El jefe de la fracción opositora en el Parlamento venezolano, Julio Borges (foto), dijo que se contempla iniciar un juicio político contra el presidente Maduro para determinar su responsabilidad en la suspensión del referendo revocatorio por parte del CNE, un acto que el antichavismo y algunas organizaciones internacionales han descrito como una “ruptura del hilo constitucional”. (23.10.2016)
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El Parlamento se rebela
Con la complicidad de la Guardia Nacional, simpatizantes del oficialismo (foto) irrumpieron en la sede de la Asamblea Nacional alegando querer evitar un “golpe parlamentario”. Pese a ese suceso, la mayoría opositora en la Cámara aprobó un documento en el que se acusa al Gobierno de Maduro de romper el hilo constitucional y se describen medidas para restablecer el orden democrático. (23.10.2016)
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Desobediencia cívica
Una marcha emprendida exclusivamente por mujeres tuvo lugar en Caracas para exigirle al Parlamento, a las Fuerzas Armadas venezolanas y a la OEA que respondan proporcionalmente a la suspensión del referendo revocatorio. En ese marco se señaló que “las venezolanas” habían decidido declararse en “desobediencia cívica”, un derecho contemplado en el artículo 350 de la Constitución. (22.10.2016)
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Se clama por una nueva mediación
Dos de los expresidentes convidados por la UNASUR (foto) para propiciar el diálogo entre oficialistas y opositores retornaron a Caracas. El segundo “hombre fuerte” del PSUV, Diosdado Cabello, subrayó que ellos no eran mediadores, sino meros “acompañantes”. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio por fracasada esa iniciativa de negociación y abogó por una nueva mediación. (22.10.2016)
El dirigente oficialista Diosdado Cabello (foto) dijo haber desvelado un plan para derrocar al presidente Maduro gracias al arresto (18.10.2016) del concejal opositor José Vicente García. Advirtiendo que la represión gubernamental aumenta, la oposición alega que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) le sembró armas y uniformes militares a García con miras a criminalizarlo. (22.10.2016)
Imagen: picture alliance/AP Photo/Cubillos
PDVSA, en la mira
El diputado opositor Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que dio a conocer la malversación de 11.000 millones de dólares en la petrolera estatal PDVSA entre 2004 y 2014, denunció que siete encapuchados portando armas habían intentado irrumpir en la oficina de ese grupo parlamentario amenazando al personal que allí trabajaba. (21.10.2016)
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Duras palabras desde la OEA
“Sólo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen al Legislativo y tienen presos políticos”, escribió vía Twitter el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras enterarse de la suspensión del referendo revocatorio. “Dejar al pueblo de Venezuela sin derechos electorales es, de manifiesto, dejar sin legitimidad de origen a Nicolás Maduro”, agregó. (21.10.2016)
Imagen: Imago/Agencia EFE
El CNE suspende el referendo revocatorio
El CNE frenó el proceso plebiscitario luego de que tribunales penales de varios estados, gobernados por chavistas, invalidaran la primera recolección de rúbricas a favor del referendo, efectuada en abril de 2016. La oposición es acusada de recabar firmas irregulares, pese a que el CNE ya había rechazado las rúbricas de dudosa procedencia cuando dio por cumplido ese primer requisito. (20.10.2016)
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EE. UU. agradece liberación de preso político
Washington agradeció la liberación de Francisco Márquez, un venezolano-estadounidense detenido el 19 de junio junto al venezolano-español Gabriel San Miguel bajo cargos de legitimación de capitales e instigación pública. San Miguel fue liberado el 9 de septiembre a petición de España. La ONG Foro Penal Venezolano critica el que se use a presos políticos como fichas de negociación. (20.10.2016)
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Casa por cárcel para Manuel Rosales
El partido opositor Un Nuevo Tiempo aseguró que el beneficio de arresto domiciliario concedido a su líder, Manuel Rosales (foto), no deriva de supuestas negociaciones con el Gobierno. Sin embargo, al día siguiente, la formación fue criticada por avalar el presupuesto nacional 2017 que Maduro se negó a presentar ante el Parlamento, como lo establece la Carta Magna. (20.10.2016)
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Se postergan las elecciones regionales
El CNE anunció que los comicios regionales se realizarían a finales del primer semestre de 2017 y los municipales, a finales del segundo. Según la Constitución, éstos deben tener lugar antes de que culmine 2016. La MUD, la mayor coalición de partidos opositores, señaló que la máxima autoridad electoral –alineada con el oficialismo– estaba actuando al margen de la ley. (18.10.2016)
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Máximo grado de dificultad
El Tribunal Supremo de Justicia –dominado por magistrados oficialistas– decidió que, para considerar válida la convocatoria a un referendo revocatorio, el número de firmas recogidas a favor de ese proceso debe equivaler al 20 por ciento de las personas inscritas en el registro electoral, pero no a escala nacional, sino en cada uno de los 23 estados y en el Distrito Capital del país. (17.10.2016)
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De espaldas al Parlamento
El presidente Maduro decretó la Ley de Presupuesto de 2017 y la Ley de Endeudamiento sin someterlas a la aprobación de Parlamento. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que sería esa misma corte la que analizaría el presupuesto. Luego, Maduro amenazó a gobernadores y alcaldes con no enviarles los recursos que les corresponden si no acatan el dictamen del TSJ en esta materia. (14.10.2016)
Carlos Ocariz, alcalde del municipio caraqueño de Sucre, dice estar siendo perseguido por ser jefe de campaña para la promoción del referendo revocatorio. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (foto) sostiene que investigan a Ocariz por su “presunta implicación” en el lanzamiento de una granada contra un puesto de la Guardia Nacional que dejó diecisiete heridos el 2 de octubre. (11.10.2016)
