En algún momento de 2021, por las escasas calles de Colchane, una pequeña localidad del norte de Chile ubicada en la frontera con Bolivia, caminaban más inmigrantes que vecinos. Su ubicación geográfica, a pasos del pueblo boliviano de Pisiga, pero además el hecho de que el entorno sea un terreno relativamente plano por donde el cruce fronterizo puede realizarse sin exponerse a quebradas, picos montañosos o ríos de grandes caudales, hizo de esta comuna de la región de Tarapacá un punto neurálgico en lo que se dio en llamar "crisis migratoria”.

La inestable situación de Venezuela, el siempre crítico escenario en Haití y la presencia de crecientes comunidades dominicanas, colombianas y ecuatorianas que buscaban reunir a sus familias en territorio chileno, permitieron una ecuación que, de la mano de una feble protección fronteriza y una pandemia de coronavirus que estaba destruyendo las economías regionales, hizo de Chile, un país generalmente visto como fiable y políticamente estable, un destino propicio para miles de personas.

Colchane, empero, es una localidad que en esos años carecía de la infraestructura necesaria para enfrentar el aluvión, y su alcalde, Javier García, comenzó a peregrinar por los medios de comunicación pidiendo ayuda para enfrentar la crisis. Pocos policías, un paso fronterizo que no funcionaba las 24 horas, un consultorio médico incapaz de absorber una creciente demanda de mujeres embarazadas, niños enfermos, pacientes con covid y ancianos agotados por la travesía, pusieron en jaque la estabilidad del humilde poblado.

Cosmovisión distinta

"Colchane es una comuna pequeña con una población mayoritariamente aimara, cuya cosmovisión y cultura es totalmente distinta al resto de la población chilena”, dice a DW García, quien fue su alcalde hasta el 8 de noviembre de 2024. "Las casas son de adobe, sin cierres perimetrales ni candados, porque hay respeto entre los vecinos”, aclara, antes de explicar que la llegada masiva de afuerinos generó una serie de trastornos en la vida de los colchaninos.

"Acá primó la falta de respeto del migrante a la población local, lo que trajo como consecuencia el rechazo de la comunidad, el distanciamiento, el no prestar apoyo directo, por temor a ser agredido. Hubo ataques, agresiones verbales a adultos mayores, ataques con arma blanca”, detalla. Para él, este fenómeno migratorio tuvo características particulares, porque antes hubo situaciones parecidas, especialmente con gente de Cuba, Haití y Bolivia, señala, pero nunca se habían producido problemas.

 

La región de Tarapacá es una zona migratoria por excelencia, con fuerte presencia de peruanos, bolivianos y chinos. En las últimas décadas se han sumado también personas de Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Argentina y Haití. El crecimiento ha sido gigantesco. Según registros oficiales, en 2001 había 532 extranjeros en esta región. Actualmente son 73.410, una cifra que no cuenta a quienes han ingresado de forma irregular, cuyo número se estima también en varios miles. Es una cantidad relevante, toda vez que la región entera tiene poco más de 400 mil habitantes.

Crisis y medidas

Colchane era y sigue siendo uno de los puntos de ingreso de la población inmigrante a esta región del norte de Chile. Muchos siguen su camino con el objetivo declarado de llegar a Santiago, que está a 1.800 kilómetros de distancia. Otros hacen una parada en Iquique, la principal ciudad de la región, con cerca de 200.000 habitantes. Allí se instalan en parques, playas, sitios eriazos y zonas de la periferia. Su presencia ha marcado un cambio en la fisonomía urbana e incluso se han escrito libros al respecto, además de numerosos estudios académicos.

En septiembre de 2021, en pleno auge migratorio, con las capacidades regionales y nacionales superadas por la masividad del ingreso clandestino de personas, principalmente provenientes de Venezuela y Colombia, las autoridades decidieron desalojar algunos campamentos instalados en el centro de Iquique, una acción que generó polémica por la violencia usada contra la población extranjera, pero también porque no se ofrecieron soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Posteriormente hubo protestas en Iquique de personas que exigían la expulsión de los inmigrantes, el cierre de las fronteras y una mayor presencia policial. En enero de 2022, cuatro venezolanos fueron grabados agrediendo a dos funcionarios de Carabineros, lo que volvió a desatar el malestar ciudadano. Hubo un paro regional y llamados a aplicar mano dura. Finalmente los acusados de la golpiza a los policías fueron condenados a penas de hasta 7 años de cárcel.

El 10 de  febrero del mismo año, un joven camionero de 25 años, Byron Castillo, fue asesinado por un grupo de venezolanos en la ruta que une Mejillones con Antofagasta. Los responsables fueron condenados hasta a 17 años de presidio, pero la mecha ya estaba encendida. El Gobierno de Chile, presidido entonces por Sebastián Piñera, decretó -"para ordenar la casa", dijo- el estado de excepción constitucional a partir del 17 de febrero, lo que permitió el despliegue de fuerzas militares en la frontera para un mayor resguardo.

Ese estado sigue vigente. En Colchane la situación es actualmente de relativa calma. La ola migratoria ha frenado su ímpetu: según cifras oficiales, el descenso en los ingresos por lugares no habilitados ha sido de un 40 por ciento entre 2023 y 2024.

(ers)