Cuando el príncipe Felipe visitó el Pabellón de España en la EXPO2000 de Hanóver, representantes de medios alemanes y extranjeros se agolpaban impacientes a la entrada aguardando su llegada. Sin embargo, cuando llegaba el presidente de otra república europea, con las mismas funciones representativas que los reyes de las monarquías parlamentarias de este continente, el interés de la prensa era mucho menor. Desde ese punto de vista, no hay mejores responsables de relaciones públicas para un país que las familias reales. Con motivo de la proclamación del nuevo monarca español cabe preguntarse, no obstante, si ese glamur, aunque pueda ser eficiente para promocionar el nombre de una nación, es acorde con los tiempos.

La llegada de la monarquía parlamentaria a España

Tras el fin de la dictadura, al aprobar en referéndum la Constitución de 1977, la mayoría de los españoles legitimaron la monarquía parlamentaria como una de las instituciones de la España democrática. Hoy, casi cuarenta años más tarde, muchos españoles saludarían la renovación de esa legitimación, pues el país ya no es el mismo que dio ese voto en 1977.

Si antes los partidarios de una república eran minoría en España, sólo un 11% frente a un 78% de monárquicos en 1998, ahora la disyuntiva entre monarquía parlamentaria y república genera constantes debates en el país. Crece la oposición a la existencia de privilegios por razón de linaje, a que la voluntad expresada por las generaciones pasadas, comprometa a las generaciones del presente. No fomenta precisamente un debate constructivo, la reciente prohibición de una manifestación de los partidarios de la República en Madrid en el día de la Proclamación de Felipe VI. Las autoridades sostienen haber prohibido la marcha en aras de la seguridad, habiendo sacrificado para ello el derecho a la libertad de expresión.

La legitimación de Felipe VI para subir al trono

A pesar de su vinculación personal al dictador español Francisco Franco y a pesar de su desafortunada visita al dictador argentino Rafael Videla en el momento más duro del régimen militar que se saldó con más de 30.000 desaparecidos, con su actuación tras el golpe de Estado de 1981, Juan Carlos I sí fue considerado el garante de la democracia en su propio país. Eso ha sustentado durante décadas a la monarquía parlamentaria en España.

Pero, ¿cuál es ahora la legitimación de Felipe VI ante los españoles? ¿Deberían bastar su linaje, su formación privilegiada y sus cualidades personales para heredar el derecho y el deber de representar a España? ¿Goza de autoridad suficiente para actuar como mediador entre los distintos actores políticos del país? Esa legitimación debe obtenerla de los españoles, independientemente de sus derechos dinásticos, con una actuación ponderada, tolerante y comprensiva, tanto con las distintas identidades históricas y culturales que conviven bajo el nombre de España, como con la sensibilidad y las necesidades de un país aún no recuperado de la peor crisis económica del último siglo que todavía no ha podido superar uno de los peores índices de desempleo del continente.

Las funciones de representación de una casa real están muy lejos de ser giras de placer, son trabajo duro. La mayoría de los españoles deben estar realmente convencidos de que ese trabajo se realiza para ellos y en su nombre y no en beneficio propio. Ese es el principal reto de Felipe VI, aportar legitimidad democrática a una institución amenazada por el anacronismo. Tiene la oportunidad de lograrlo.