Voces del Territorio revisó más de 500 notas, comunicados de prensa e informes sobre minería que revelan que las compañías mineras alrededor del mundo ignoran la amenaza de la pandemia y continúan operando. "Incluso utilizan la emergencia sanitaria como una oportunidad para encubrir sus historiales manchados de destrucción y presentarse como actores sociales y benefactores que ofrecen pruebas para detectar el virus a sus trabajadores".

Presionados por el lobby de esta industria, los gobiernos buscan silenciar las protestas y utilizan la actual crisis para promover cambios en las regulaciones nacionales que favorezcan su actividad, a costa de la vida de las personas y el planeta, afirman un total de 300 organizaciones que respaldan el estudio realizado por distintas organizaciones medioambientales.

México entró en la fase de apertura económica el 18 de mayo, cuando las distintas industrias debían presentar un protocolo sobre cómo abrirían sus operaciones. La industria minera fue declarada como no esencial, por lo que debían cerrar operaciones desde principios de abril, un período de suspensión que debía extenderse hasta el 31 de mayo. "No pararon. Algunas suspendieron algunas de sus actividades, otras siguieron trabajando con una reducción de personal, otras dejaron de extraer oro, pero siguieron trabajando en los patios de lixiviados", afirma en conversación con DW Pedro Canoero, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Pedro Canoero es un pseudónimo. El activista pide que se mantenga su identidad en el anonimato por temor a la coacción de grupos armados en la zona.

Cinturón dorado, calamidad para las comunidades

Carrizalillo es una comunidad del municipio de Eduardo Neri, en el centro del estado de Guerrero, México. Sus tierras se ubican sobre una zona que goza de una peculiar y abundante riqueza en metales preciosos. "El territorio es atravesado por una franja de aproximadamente 100 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. En el llamado cinturón dorado se han establecido grandes empresas mineras de capitales extranjeros y nacionales", afirma la organización Enviromental Justice Atlas.

Ahí se encuentra el complejo minero de ciclo completo Los Filos, que incluye dos tajos a cielo abierto, un túnel de extracción subterránea y un patio de lixiviados de 400 hectáreas. Equinox Gold se fusionó en marzo de 2020 con Leagold Mining, convirtiéndose Los Filos en una de las seis minas que explota en el continente americano. En la mina se extrae plata y oro, y hay un plan de expansión por lo que los habitantes de las comunidades aledañas, Carrizalillo, Xochipala y Mezcala temen que la violencia que viven se intensifique, así como los daños a la salud de sus habitantes.

Equinox Gold informó a fines de mayo que 51 trabajadores del complejo Los Filos dieron positivos por Covid-19, y que habían sido aislados en cuarentena. La industria minera mexicana declaró estar en condiciones de entrar en operaciones desde el 17 de mayo pasado.

Carrizalillo, ejemplo de lo que sucede en las minas

Desde la apertura el número de casos ha aumentado. "Entre los trabajadores sindicalizados y los de los subcontratistas en menos de 15 días se tienen 150 positivos a Covid. Son pueblos pequeñitos, algunos viven con sus familias, los que provienen de fuera viven en una casa aparte pero conviven en las comunidades. Buena parte de ellos son asintomáticos y el problema es que el virus brinque a las comunidades. En todo el estado de Guerrero ya no hay capacidad para recibir a enfermos graves en hospitales, una situación que se extiende a prácticamente todos los estados", afirma Pedro Canoero de REMA. El activista considera una irresponsabilidad del gobierno y las empresas en el caso del plan de apertura. "No los supervisan, el gobierno no tiene la capacidad para revisar. No lo hacen cuando hay derrames, cuando se rompen las presas, menos podrán enviar inspectores a cada empresa considerada no esencial".

La organización alemana "Rettet den Regenwald", Salva la Selva, afirma que las principales mineras mexicanas Grupo Frisco, Fresnillo e Industrias Peñoles, no suspendieron sus operaciones. "Ocampo Mining Tayahua, en el estado de Zacatecas, una filial del Grupo Frisco, propiedad del  multimillonario Carlos Slim, prefirió pagar una multa para seguir operando. Al menos dos trabajadores dieron positivo en la prueba de Covid-19".  Salva la Selva alerta que el líder comunitario Roberto de la Rosa Dávila, que insistía en detener la exploración en la mina, recibió amenazas por parte de Grupo Frisco, y se teme que pueda recibir una detención arbitraria.

"Las mineras han visto la pandemia como una oportunidad para, en lugar de respetar la necesidad de que la gente permanezca aislada y segura en sus hogares, posicionar la actividad industrial de la minería como una actividad esencial. El argumento es que la extracción de minerales es necesaria para fabricar respiradores e instrumentos médicos. Pero hay materias primas disponibles, sin necesidad de que continúe la explotación. Unas 500 comunidades se encuentran afectadas a nivel mundial", afirma Guadalupe Rodríguez, portavoz de Salva la Selva.

Nueva fiebre del oro

La clave del valor del oro se debe a su escasez. US Geological Society estima que quedan unas 51.000 toneladas de reservas probadas de oro sin extraer. Hasta la fecha, se han extraído unas 171 toneladas métricas, que llenarían dos piscinas olímpicas. En tiempos de coronavirus el valor del oro se ha disparado al más alto nivel de los últimos 70 años, debido a la incertidumbre e inestabilidad de los mercados, aunado al menor abastecimiento por el cierre de las minas en buena parte del mundo.

Pedro Canoero de REMA explica que la gran parte de los minerales están vinculados al gran crecimiento de industrias como la automotriz, la construcción de vivienda, el hierro, el litio, para fabricar pilas más resistentes, pero el oro es el que moviliza la mayor cantidad de capitales. "Los gobiernos compran oro para tenerlo como reserva, que ocupa entre un 20 y un 35% del oro que se extrae, otra fuerte proporción, de entre un 30 y 37% es el oro destinado a la joyería. Pero también se usa en la fabricación de instrumentos médicos, y crecientemente de electrodomésticos", destaca.

Las computadoras, televisiones digitales, tablets y teléfonos inteligentestienen una gran cantidad de conductores electromagnéticos, y de los mejores conductores eléctricos es el oro porque no se oxida como otros metales. "Apple sacó hace unos años el Apple Watch, un reloj inteligente que tenía 18 kilates. En su primera edición se fabricó un millón de ejemplares que vendieron en menos de una semana. Fué un éxito y en la segunda edición fabricaron 2 millones de relojes. Esos 18 kilates, en términos de extracción significa 3,8 gramos de oro. En la mina de Carrizalillo, el 70% de la producción anual que se explota en un territorio de 5.000 hectáreas, y que afecta a 22 comunidades, sirvió para fabricar esos 2 millones de relojes".

Conflictividad social y daños medioambientales

El experto destaca que en México hay 25.500 concesiones mineras que ocupan un 28% del territorio del país. En 31 de las 32 entidades en donde se encuentran hay conflictos de distinto grado de tensión. Canoero señala que el conflicto comienza desde el anuncio de un proyecto minero. Pero se intensifica una vez que llega la empresa. "No sólo es la ruptura social y formas de gobernanza, sino empiezan a secar manantiales, fuentes de agua dulce y aparecen otras fuentes de agua, pero contaminada. El polvo permanente que generan esas minas gigantescas que operan las 24 horas al día contaminan el aire con metales pesados, plomo, mercurio, cadmio, manganeso y arsénico. La gente empieza a enfermar muy rápido, sobre todo las mujeres embarazadas. En Carrizalillo el 70% de las compañeras que estaban embarazadas entre 2011 y 2012, el 65% tuvo abortos con fallecimiento del bebé, otros nacieron vivos, pero con deformaciones, algunos murieron, y otros tienen lesiones de por vida, nacieron sin una parte del cerebro, no tienen capacidad motriz, o habla".

El estudio Voces desde el Territorio denuncia la situación existente en numerosos países en el mundo. Las violaciones de la industria minera durante la crisis sanitaria se extienden en toda América Latina. En Brasil, Argentina, Ecuador y Honduras. En éste país centroamericano ocho personas que se oponen a una mina de mineral de hierro a cielo abierto en el municipio de Tocoa han estado en prisión desde septiembre de 2019 bajo falsas acusaciones.

Honduras: represión contra activistas

"La mina es propiedad de la empresa hondureña Pinares Investment, vinculada a la familia Facussé, una de las más poderosas del país, cuyas inversiones en plantaciones de palma, plagadas de conflictos, condujeron al asesinato de decenas de campesinos", dice la organización Salva la Selva. En Honduras el gobierno de Juan Orlando Hernández, que impuso un toque de queda de 24 horas y la suspensión de derechos como libertad de expresión y de reunión, se espera que el 25 de junio entre en vigor un nuevo código penal que criminaliza la protesta social y pone en peligro las libertades civiles.

"En los últimos 20 años Honduras ha sido considerado como uno de los países más corruptos y serviles al capital trasnacional. La situación se recrudeció tras el golpe de Estado, por sus vínculos con el crimen organizado y el incremento de la corrupción", dijo a DW Pedro Landa, activista del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), con sede en El Progreso, Honduras. ERIC es una obra social de la Compañía de Jesús, que tiene una trayectoria de 40 años en el país, y ahora es vista como un enemigo del actual gobierno. Pedro Landa ha sufrido hostigamiento y amenazas por su activismo en torno a la minería y la protección del medioambiente.

"Ahora las empresas están más desesperadas por acelerar sus inversiones, por dos razones. En el caso de la minería los precios de los minerales se han incrementado en el mercado mundial y los préstamos que tenían para sus inversiones les están generando cargas adicionales. Eso, sumado a que la población es más consciente y está más organizada debido a los impactos negativos que generan estas empresas, hay una mayor resistencia", afirma Landa en conversación con DW.

El activista denuncia que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha creado batallones especiales del Ejército y la policía. "Les llama Grupos Especiales para la Resolución de Conflictos Ambientales. Nosotros sabemos que la policía y el Ejército es la única forma que tiene para resolver este tipo de conflictos".Desde el asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016, el número de asesinatos de defensores del territorio, de pueblos indígenas y el medio ambiente ha aumentado dramáticamente. Según la ONG Front Line Defenders 304 activistas fueron asesinados en 2019. El número de casos se ha cuatruplicado desde el asesinato de Cáceres, cuyos autores intelectuales continúan en libertad.  

(jov)

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