A pesar de que Perú fue uno de los primeros países en América Latina en tomar severas medidas contra la pandemia del coronavirus, el país sudamericano sigue siendo uno de los más afectados, tanto en sus ciudades como en el campo. Según la Universidad Johns Hopkins, en Perú había hasta este jueves 135.905 casos confirmados de COVID-19 y 3.983 fallecidos. El Perú sigue siendo el segundo país con más casos en América Latina, después de Brasil; además de ocupar el puesto 12 en el mundo con la mayor tasa de mortalidad. 

"Este 28 de mayo, tras 70 días de cuarentena obligatoria -que vence el 30 de junio -Perú enfrenta grandes dificultades debido a que la mayoría de su población vive en la informalidad”, dice a DW la socióloga peruana Alejandra Dinegro Martínez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. "El Perú vivía ya una situación precaria desde antes de que llegara la pandemia. Nuestra economía es informal, primaria-exportadora y flexibilizadora de las relaciones laborales”, explica Dinegro Martínez y agrega que "un 72,4% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabaja en el sector informal, mientras que solo un 27,6% ocupa un empleo formal”.

Justamente la situación de precariedad de la mayoría de trabajadores se ha convertido en uno de los grandes problemas y un factor adicional de propagación del coronavirus de las urbes al campo. "Perú enfrenta grandes dificultades para mantener la cuarentena debido a que la mayoría de la población sufre pobreza, no tiene trabajo y vive de la informalidad, por lo que miles de familias han tenido que salir a las calles para poder subsistir”, agrega la especialista en pobreza y precariedad.

Huyeron del campo a la ciudad, ahora regresan huyendo de nuevo

La migración del campo a las grandes zonas urbanas siempre ha sido una tabla de salvación para los campesinos en América Latina, tradicionalmente relegados de las políticas sociales de la capital. Ahora, los mismos pobres que sobreviven del día a día en Lima, son obligados por la pandemia a regresar al campo. “No pudiendo pagar más el alquiler, y en muchos casos desalojadas de sus viviendas en plena cuarentena -así estuviera prohibido- 2.600 familias salieron de Lima y emprendieron el regreso, a pie, a sus pueblos y campos de donde provienen”, cuenta la analista. Un éxodo que hasta hoy continúa.

Los registros nacionales hablan de 167.000 peruanos que han solicitado ayuda para salir de las ciudades y regresar con sus familias. Pero “los caminantes”, como son llamados, que solo querían ponerse a salvo del hambre, resultaron siendo un factor de vasta propagación del virus por pueblos y campos. Eso explica, en parte, por qué en Perú se reporta la muerte de más de 350 indígenas en sus lejanas comunidades. “Ahora en el campo se teme más al hambre que al virus, porque los campesinos no pueden sacar la papa de su chacra (parcela)”, agrega Dinegro Martínez.

"Lima parece haberse olvidado de 2.2 millones de agricultores, de los 10 millones peruanos habitantes del campo”, critica la socióloga en entrevista con DW, quien agrega que "siendo los trabajadores del campo los que aseguran los alimentos de los citadinos, apenas hace dos semanas se aprobó la entrega de un ‘Bono Preventivo Agrario' de 1000 soles (265,23 euros) para agricultores y ganaderos”. Una ayuda para lo más básico. 

Si los pobres no reciben pronta ayuda "esto se saldrá de control"

A la angustia que causa la llegada al 90% de la capacidad de atención en UCIS en varias zonas del Perú, Alejandra Dinegro advierte que “si el gobierno no amplía su ayuda, la crisis puede salirse de control”. Por esto, ella respalda la propuesta de entregar a los pobres un “Bono Universal Personal” de 1000 soles por los próximos tres meses. 

"No podemos esperar a terminar de ocuparnos de las consecuencias sanitarias para pasar a la seguridad alimentaria. Si los gobiernos no entregan suficientes medios de subsistencia ahora, nos enfrentaremos a múltiples crisis alimentarias. Y a una factura mucho mayor", advirtió Qu Dongyu, director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre la respuesta humanitaria ante COVID-19.

Los campesinos necesitan ayuda, no halagos

En una situación de olvido en la pandemia también se siente Fabio Muñoz, cultivador de caña de azúcar en las riberas del río Cauca, al suroeste de Colombia. "Nos llaman ‘héroes' porque estamos produciendo encerrados en nuestras parcelas. Pero los campesinos no pueden vivir de halagos. ¿En dónde está el apoyo?”, pregunta el campesino colombiano.

En "Reporte sobre las Américas NACLA", un portal de investigación sobre la sobrevivencia en los campos de América Latina, Alex Diamond, doctorando de sociología de la Universidad de Texas en Austin, hace las cuentas de Porfirio Zabala, un vecino de Muñoz, quien -por el cierre de su mercado local ordenado como medida contra la pandemia- tuvo que recorrer varios pueblos para vender su cosecha de 336 kilos de fríjoles: "Porfirio pagó 40 jornales para sembrar y cosechar. Habiendo pagado a sus trabajadores, insumos, transporte y otros. Con la venta de sus fríjoles, Porfirio resultó perdiendo 238.000 pesos ($65), sin contar el uso de la tierra y sus días de trabajo”.

A la endémica pobreza de millones de campesinos en Colombia se suma la catástrofe económica que se teme va a generar la pandemia. Estos dos campesinos son apenas dos de los miles que necesitan que el Gobierno de Iván Duque cumpla el Acuerdo de Paz, por una simple razón: para campesinos como ellos se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que ha vinculado a 99.097 familias "con el objetivo de remplazar las matas de coca con proyectos productivos viables y duraderos”. Antes, la pobreza los había obligado a cultivar coca porque con productos legales no podían sobrevivir. El Acuerdo de Paz les dio la oportunidad de regresar a la formalidad. Ahora, la desatención y el coronavirus los puede hacer regresar a producir lo que millones en el mundo sí parecen estar dispuestos a pagar a cualquier precio: drogas.

(cp)

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