El pasado mes de mayo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU alertó sobre la muy alta probabilidad (98%) de que durante el quinquenio 2023-2027 la temperatura global sufra un aumento sin precedentes a consecuencia de los gases de efecto invernadero y del fenómeno meteorológico de El Niño. Por ello, el secretario General de la OMM, Petteri Taalas, recomendó a los gobiernos tomar previsiones, ya que este aumento de la temperatura mundial "tendrá repercusiones de gran alcance para la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medioambiente”.

Esta sombría predicción sorprende a Venezuela –que, por su ubicación, es uno de los países más expuestos a los efectos de El Niño– en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja, y muy mal preparada para enfrentar este tipo de fenómenos ambientales. De acuerdo con el Reporte sobre Amenazas Ecológicas (Ecological Threat Report) 2022, publicado por The Institute for Economics & Peace, Venezuela se encuentra dentro de la lista de los 27 países del mundo que corren mayor riesgo de conflicto, disturbios civiles y desplazamientos por causa de la degradación ecológica y de eventos relacionados con el clima. En este informe, Venezuela registra puntajes críticos en materia de seguridad alimentaria y de estrés hídrico (porcentaje de población sin acceso a agua potable limpia).

Venezuela, un país con envidiables recursos que sufre estrés hídrico

Lo paradójico de esta situación es que, en materia de recursos hídricos, Venezuela es un país privilegiado. Con una estimación de 1.325 kilómetros cúbicos de agua dulce, Venezuela se encuentra dentro de la lista de los 10 países del mundo con mayores reservas hídricas. Sin embargo, un porcentaje muy alto de su población no tiene garantizado el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud, y para satisfacer sus necesidades básicas. Para marzo de 2022, aproximadamente 7 de cada 10 venezolanos presentaban necesidades humanitarias relacionadas con el suministro regular y el saneamiento del agua, según el Diagnóstico Comunitario de HumVenezuela. Las razones detrás de esta paradoja la encuentran los expertos en décadas de corrupción y mala gestión de los recursos hídricos de Venezuela y en la implantación de un modelo de desarrollo extractivista que ha conducido a una grave degradación de los ecosistemas del país.

Deforestación de las cuencas hidrográficas

Venezuela cuenta con una abundante red de ríos y cuencas hidrográficas que desempeñan un papel fundamental en la disponibilidad de agua, la generación de energía y la biodiversidad del país. Durante las últimas décadas, las principales cuencas hidrográficas de Venezuela se han visto degradadas y contaminadas a causa de la deforestación, la minería, los derrames de petróleo y las actividades agrícolas y pecuarias.

Aunque sobre la deforestación en Venezuela no se dispone de información oficial debido a la política de opacidad informativa del gobierno, organizaciones ambientales y expertos independientes han venido haciendo un seguimiento del problema y alertando sobre el crecimiento acelerado de las tasas de deforestación en el país durante las últimas décadas. Rosales y García, en su estudio "Las cuencas hidrográficas y su gestión integral” (2015), advertían que "Venezuela ocupa uno de los primeros lugares entre las naciones con mayor tasa de deforestación, con 288.000 ha/año, que corresponde a una tasa de 0,62% /año en relación con la superficie de bosques del país (FAO, 2011)”. Por su parte, la ONG Clima 21, con datos de Global Forest Watch (GFW), estimó en su Informe 2022 que Venezuela, entre el 2001 y el 2015, sufrió una perdida promedio de 97.258 ha/año de su cobertura forestal total. Durante los siguientes cinco años (2016-2020), la tasa de deforestación sufrió un aumento acelerado, alcanzando en promedio las 157.307 ha/año. El 57% de esta grave pérdida de la cobertura vegetal se concentró en cinco entidades federales: Bolívar, Zulia, Monagas, Amazonas y Anzoátegui, afectando de manera directa a las dos principales cuencas hidrográfica del país: la del Rio Orinoco y la del Lago de Maracaibo.

Contaminación de las cuencas hidrológicas

Otro factor que ha venido afectando gravemente la capacidad de producción de agua de las cuencas hidrológicas del país ha sido la contaminación directa de sus aguas debido a actividades extractivistas, como la explotación petrolera, la minería y las descargas de efluentes domésticos e industriales.

En su informe del 2021, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el aumento de los derrames petroleros que, desde el 2014, se venía produciendo en el país. Entre enero y noviembre de 2021 se reportaron al menos 73 derrames petroleros en el país, siendo las cuencas más afectadas la del Lago de Maracaibo-Mar Caribe.

Aunada a la industria petrolera, otra de las actividades que más ha contribuido con la contaminación de las aguas en Venezuela ha sido la explotación minera. Ha sido dramático el impacto contaminante de la política extractiva del Arco Minero del Orinoco sobre la amazonia venezolana y, en especial, sobre la cuenca del Rio Orinoco, zona donde se produce la mayor cantidad de agua del país. Aunque no se ha podido hacer una cuantificación precisa sobre los daños que estas actividades le han producido al medio ambiente, se cuenta con suficiente evidencia de que el agua, la fauna acuática y las poblaciones de esas zonas han sido contaminadas por el mercurio que se utiliza para la explotación de las minas de oro. De acuerdo con un reportaje del 2021 de la ONG SOS Orinoco, el 35% de los indígenas pemón presentaban niveles de mercurio más altos que lo establecido en los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Infraestructura hídrica inoperativa

Para garantizar un servicio hídrico de calidad, además de preservar las cuencas hidrológicas, es necesario contar con un sistema eficiente de control, distribución y saneamiento de agua. En Venezuela, ese sistema fue desarrollado entre 1940 y 1995. Así lo afirma Jesús Castillo, de la ONG Agua Sin Fronteras: "Durante ese periodo, Venezuela pudo desarrollar uno de los servicios de agua potable más importantes de toda la región, con tecnología de vanguardia y el desarrollo de infraestructura de altísima calidad, para alcanzar altas metas y estándares de salud pública. En ese sentido, ya para los años 90, se podía estimar que el 87% de la población venezolana tenía un buen servicio de agua potable y saneamiento”.

Lamentablemente, durante el transcurso de lo que va del siglo XXI, la infraestructura instalada dejó de recibir por parte de las autoridades competentes la debida atención, mantenimiento y reposición. Para marzo 2022, de acuerdo con el informe de seguimiento de los impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, elaborado por HUMVenezuela, la red de acueductos del país presentaba una reducción del 60% en la cantidad de agua distribuida, disminuyendo de 350 a 140 litros por persona al día, en un sistema con 74% de las tuberías no presurizadas, lo que ocasiona fugas y expone a los habitantes al consumo de agua contaminada. Aunado a ello, el 90% de los embalses destinados para la recolección de agua y el 99% de las plantas potabilizadoras se encuentran con importantes niveles de inoperatividad, según se señala en el Reporte "Derecho al Agua y al Saneamiento 2022”, realizado por el Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria en Agua.

Aparte de la mala gerencia, la corrupción gubernamental ha jugado también un papel en la crisis del agua que sufren los venezolanos. La ONG Transparencia Venezuela elaboró un listado de 18 obras para el sector agua que no fueron construidas o quedaron inconclusas, a pesar de haberles sido asignados más de US$ 3.000 millones. En ese listado se encuentran, por ejemplo, el acueducto Mamporal; la construcción de las Represas Dos Bocas y del embalse de Puerto Maya; la rehabilitación de varias plantas de potabilización, entre ellas la de La Mariposa y Caujarito; el Proyecto Tuy IV, y el Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor.

De acuerdo con los cálculos del Observatorio de Gasto Público CEDICE, la recuperación del sector agua requeriría US$ 1. 400 millones, distribuidos en 30% de los recursos para saneamiento, 50% para el tratamiento, transporte y cobertura, y 20% para el monitoreo preventivo, en un lapso de tres a cinco años.

Impacto de la crisis del agua sobre los venezolanos

Todos estos factores trajeron como resultado un conjunto de cifras dramáticas para Venezuela en el año 2022. Según el reporte de marzo de 2022 de HUMVenezuela: 19,1 millones de personas tuvieron restricciones severas de acceso al agua; 12,5 millones sufrieron interrupciones severas de suministro de agua por acueducto; 6,9 millones pasaron un mes o más sin agua por acueductos; 6,7 millones no tuvieron conexión a acueductos; 21,2 millones reportaron señales de agua contaminada, es decir no apta para la salud; 4,4 millones no tuvieron acceso a métodos de purificación de agua; 4,4 millones no tuvieron acceso a cloacas, y 1,3 millones carecieron de acceso a servicios mínimos de saneamiento.

A comienzos de este mes, Nicolás Maduro pidió a los venezolanos prepararse para "tiempos de emergencia climática”. ¿No debiera haberse hecho esta advertencia a sí mismo y a su equipo de gobierno desde hace mucho tiempo?

(cp)