"Venimos a alertar a la UE antes de acabar con la modernización del Acuerdo: en México todo apunta a que la pelea por los yacimientos de agua será aún más brutal ”, dice a DW Mario Luna, portavoz de la tribu Yaqui, de la localidad de Vicam, en el desierto de Sonora.

"En México hay en este momento un reacomodamiento de fuerzas políticas, a la vez que una intensa guerra entre cárteles del crimen organizado. Nosotros, que defendemos el agua del río Yaqui, estamos en la mira de los ataques”, sigue el activista.

Razón, sí

Cuando en 2010 comenzaron a construir el acueducto Independencia, las comunidades afectadas recurrieron a la justicia: en el estudio de impacto ambiental no constaba el efecto devastador que tendría que el agua fuese desviada antes de llegar a ellas. La Corte Suprema les dio la razón. Pero no se detuvo la obra. La comunidad siguió en pie de lucha. Entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, Mario Luna estuvo en la cárcel.  

 "A cinco años de eso, no hay la reparación de los daños causados a mi comunidad y a mi familia que tuvo que vender lo poco que teníamos para pagar mi defensa”, sigue el líder yaqui. Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dieron fe de la inocencia del activista, hoy refugiado en Barcelona. 

No solo Sonora

"Desde Distrito Federal a Puebla, lo que vimos fue un corredor industrial impresionante donde había todo tipo de inversiones en extractivas, hidroeléctricas, refinerías, gasoductos, seis cementeras en 35 kilómetros, todo un valle donde venían a parar las aguas negras de la capital”, cuenta por su parte a DW Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de la delegación para las relaciones con México.

En diciembre de 2019, Rodríguez Palop participó en el "Toxitour”, una visita que recorrió seis Estados de México. "¿El agua? Estamos hablando de ríos donde cae una persona y muere a los pocos días. Las condiciones de vida de las personas en ese corredor son terroríficas”, agrega.

"Efectivamente, hay un gran problema de agua con las empresas, tanto europeas como canadienses y norteamericanas: no tienen plantas de tratamiento”, explica a DW Nancy de la Sierra, senadora mexicana. "No es solo Sonora. En Baja California, por ejemplo, hay una gran resistencia a las cerveceras. Dejan sin agua a las poblaciones.  Y las fuentes de agua se acaban”, añade la política mexicana.

"Estamos trabajando en una Ley general de Aguas para prohibir que se instalen nuevas empresas sin tratamiento de agua”, informó de la Sierra en el marco de una reunión con homólogos europeos.

¿Ayudaría esta medida? "No”, responde Mario Luna. "¿Para qué necesitamos una nueva Ley de Aguas si no se pone en práctica la que ya existe?”, plantea. Y vuelve al punto de partida: el acueducto Independencia aún no opera al máximo de su capacidad y sus efectos ya han reducido las tierras productivas de los yaqui de 45 mil a 18 mil hectáreas.

Momento crucial

El momento es crucial. Por un lado, la UE apuesta por ser motor de una economía verde, globalmente. Por otro, la modernización del acuerdo comercial entre la UE y México está por concluir. Una mayor cooperación en temas ambientales y climáticos está prevista.

"Aunque la evaluación oficial del acuerdo es positiva, nos oponemos a esos acuerdos que permiten que empresas europeas hagan en México lo que no hacen aquí. Buena parte de la política comercial es bastante depredadora. La minería sostenible de la que se habla en la transición ecológica que se pretende, se basa en cerrar minas de carbón para abrir minas de litio”, afirma Rodríguez Palop.

Efectivamente, poblaciones como las de Mario Luna la ven venir peor aún. "Cerca de nuestra comunidad han detectado yacimientos enormes de litio. Y eso va a requerir un agua que no hay ni en el río Sonora ni en el río Yaqui. Eso traerá inestabilidad a los pobladores y también a los inversionistas”, concluye Luna.

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