El barrio de Gilo, en el este de Jerusalén, forma parte de los territorios que Israel ocupó en 1967 durante la Guerra de los Seis Días y que posteriormente se anexionó. Es suelo disputado. Construir sobre él, según el derecho internacional, está prohibido. Pero Tel Aviv no reconoce tales restricciones. Su Ministerio del Interior daba este martes (27.09.2011) a conocer la concesión de licencias que permitirán erigir hasta 1.100 nuevas viviendas en Gilo, para indignación no sólo de los palestinos sino también de la comunidad internacional.

 

“La noticia que acabamos de conocer no está en consonancia con el espíritu de la declaración del Cuarteto para Oriente Próximo”, criticaba el ministro de Exteriores alemán, Guido Westerwelle, puntualizando que “precisamente en la situación en la que nos encontramos no se debería hacer nada que pudiera obstaculizar una vuelta a las negociaciones”. También Estados Unidos ha criticado el paso. Y Naciones Unidas habla de violaciones de los derechos humanos. Alrededor de 500.000 israelíes viven hoy en zonas ocupadas.

 

 

Si los asentamientos no dejan de crecer, los palestinos no retomarán las conversaciones de paz. Hasta la saciedad ha repetido Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, esta condición, y entretanto la mayoría la reconoce como una demanda justa. De ahí que la Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, calificara los últimos planes inmobiliarios de “contraproducentes”, más aún teniendo en cuenta que se trata de la sensible Jerusalén, la ciudad que Israel considera su legítima capital y en cuya parte oriental sueñan los palestinos con levantar algún día la suya.

 

Tel Aviv debería de reconsiderar la decisión, recomendó la encargada de los Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton. Este tipo de medidas, advirtió la diplomática, son las que ponen en peligro la realización de la solución de los dos Estados. Más contundente fue el jefe del equipo negociador palestino, Saeb Erekat, que habló de “una bofetada para los esfuerzos internacionales por sacar adelante el proceso de paz”. “A la propuesta del Cuarteto para Oriente Próximo, Israel ha contestado con 1.100 noes”, opinó.

 

 

Y mientras las altas esferas políticas manifiestan en declaraciones más o menos duras su desacuerdo con la política de asentamientos israelí, Naciones Unidas la considera responsable de “inaceptables violaciones de los derechos humanos”. Al menos 387 edificios palestinos, entre ellos unos 140 hogares, han sido destruidos en Cisjordania y Jerusalén del este desde comienzos del presente año, lo que ha llevado al desplazamiento de 755 personas. El enfrentamiento ha generado más refugiados a lo largo de los seis primeros meses de 2011 que en todo 2010.

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja recordó que los movimientos forzados de población civil van en contra del artículo 49 de la cuarta Convención de Ginebra, de la misma manera que la anexión de la zona este de Jerusalén y en consecuencia los inmuebles allí construidos son, desde el punto de vista del derecho internacional, ilegales. La ONU no reconoce, por lo tanto, estos asentamientos.

 

 

“Es un bello regalo para el Rosh Hashaná”, declaró Yair Gabay, portavoz de la autoridad urbanística israelí, refiriéndose a las nuevas licencias aprobadas. Este miércoles (28.09.2011) empieza para las comunidades judías de todo el planeta la celebración del año nuevo, que dura dos días -hasta el viernes (30.09.2011)- y da la bienvenida al Tishrei, el primer mes del calendario. La concesión de las recientes licencias le permite a Israel ganar terreno, añadió Gabay: “Tenemos que demostrarle al mundo que Jerusalén no está disponible”.

 

Autor: Martin Schrader/ Luna Bolívar

Editora: Emilia Rojas Sasse