Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Desapariciones Forzadas, y Latinoamérica destaca como cada año por las alarmantes cifras de personas desaparecidas en la región, número que no deja de crecer según el último reporte de Naciones Unidas.

Los detonantes que hay detrás de las desapariciones en América Latina dejaron de ser meramente políticos, como ocurrió en la década de 1970 y 1980 con las dictaduras militares que, según estima Amnistía Internacional, dejaron más de 90 mil desaparecidos entre 1966 y 1986. Hoy se resumen básicamente en tres los factores que provocan las desapariciones de personas: migración forzada, crimen organizado y conflictos políticos internos de cada nación.

Pero el factor que más incide es, sin duda, el crimen organizado que suele estar detrás de las desapariciones en los casos de las rutas migratorias y de la represión política como ocurre en Venezuela y Nicaragua, por ejemplo. "En muchos países las organizaciones criminales operan en contubernio y con la aquiescencia del Estado porque las estructuras estatales se han visto penetradas, afectadas por la actuación de la delincuencia organizada”, explica a DW Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la Oficina de las Naciones Unidas.

Los casos más nuevos, que se han repetido en el último tiempo y se suman a los ya mencionados, son los que enumera Luciano Hazan, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. A apuntan a "las desapariciones de activistas ambientales y a favor de la tierra que ocurren especialmente en Colombia; las desapariciones ocurridas como intento de control ilegal por parte de la policía de sectores marginados, que se dan mucho en Argentina, y lo que ocurre en las rutas migratorias, sobre todo en el tránsito a Estados Unidos, víctimas del crimen organizado con cierta aquiescencia de los Estados”.

 

El rol del Estado y el crimen organizado

Para Rainer Huhle, miembro del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg y académico de la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nürnberg, la mezcla del Estado con el actuar del crimen organizado representa el mayor desafío en este tipo de casos. "Cuando uno mira los análisis de politólogos y especialista, se observa que la frontera entre crimen organizado y el Estado en muchas regiones ya no existe; entonces, si lo miramos desde una perspectiva de encontrar a quienes están detrás de las desapariciones, la situación se vuelve más difusa de lo que ya es, haciendo que tanto la búsqueda como la persecución de los perpetradores se vuelva más compleja”.

Un ejemplo de lo que narra Huhle lo entrega el abogado Juan Pablo Albán, quien detalla a DW otra modalidad en la que se está aplicando la desaparición forzada en naciones con conflictos políticos internos o gobiernos que han derivado en autoritarismo. Se trata del enmascaramiento de las desapariciones. "Existe un fenómeno que se da en una frontera poco clara entre desaparición y detención arbitraria, y tiene que ver con situaciones en las que se buscan disuadir de ejercer el derecho a las libertades civiles. Lo hemos visto en Cuba, en Venezuela, se ve en Nicaragua, donde las personas desaparecidas después de cierto tiempo son presentadas ante la prensa o las autoridades reconocen que han sido detenidas, pero no dan información sobre su ubicación o no permiten el contacto con sus familiares: Eso es una fachada para evitar que el hecho se califique de desaparición”.

El camino para terminar con el dolor

Para Rainer Huhle "hay dos cosas que son urgentes: hacer más efectiva la búsqueda con organismos especializados y reforzar los órganos de la justicia que tiene la tarea de perseguir el crimen en cuestión”.

La falta de una adecuada inversión y la poca presencia de organismos especializados en este área en los países de Latinoamérica hacen que las cifras de desaparecidos sigan siendo alarmantes. De hecho, para Albán, "el número de víctimas que se registran hoy es mucho mayor al oficial (la ONU registra más de 13.000 casos en su último informe sobre acciones urgentes) debido a que el fenómeno se ha diversificado en sus factores y a la débil institucionalidad que caracteriza a buena parte de los países latinoamericanos, además de los altísimos índices de impunidad frente a la comisión de delitos que hay en nuestra región. Tampoco hay una inversión ni formación adecuada en sistemas de identificación humana, que son elementos necesarios si buscamos disminuir el número de desaparecidos”.  

Medidas destacadas

Aunque México y Colombia son los países que más desaparecidos registran (115.540 y 11.640 respectivamente, según sus organismos internos) también son parte de los países que han desarrollado iniciativas que apuntan al esclarecimiento y término de las desapariciones forzadas. A ellos se suman Perú, El Salvador y Argentina. Este último ha desarrollado un buen sistema de recopilación genética.

"A pesar de las iniciativas que apuntan a establecer una maquinaria institucional especializada en la búsqueda de los desaparecidos, ningún país puede mencionarse como el más avanzado en la materia, porque ahí donde hay avances también hay retrocesos. Quizás de la combinación de los avances que se ven en los diferentes países podría surgir un modelo interesante para enfrentar el fenómeno”, apunta Juan Pablo Albán, que también es académico de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador.

(er)