La administración del presidente Iván Duque trabaja en la implementación de un proyecto piloto para verificar la viabilidad del uso de la técnica fracking, aplicada a la extracción de gas y petróleo en territorio colombiano. El proyecto pretende recolectar información que ayude a revocar la actual suspensión judicial del Consejo de Estado en torno al uso de la técnica, buscando así mantener tanto la soberanía energética como la entrada de divisas al país.

Esta iniciativa ha suscitado rechazo tanto de representantes de la comunidad nacional como internacional, debido a sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente, así como las amenazas en contra de ambientalistas de Puerto Wilches.

Mientras tanto, el proyecto se afianza: ya se escogieron las empresas que participarán y se conformó el comité evaluador que analizará los resultados del pilotaje. El Fracking o fracturación hidráulica es una técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales (YNC), los cuales se encuentran en lo profundo en la tierra, bajo mantos de roca de baja permeabilidad. Se usa una mezcla de agua, arena y químicos, bombeada a alta presión, para fracturar el manto de roca, de forma que el gas o el petróleo pueden ser extraídos a través de las grietas.

Debido a la falta de certeza científica acerca de la magnitud y probabilidad de los daños derivados del Fracking, países como Alemania, Francia, Uruguay y ciertas regiones de Brasil han prohibido o suspendido su uso. En contraste, algunas provincias de Estados Unidos y Argentina aún emplean la técnica.

El piloto

Los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) buscan recolectar información social, ambiental y técnica en pozos modelo para contribuir a la definición de la política pública en torno al Fracking. Ecopetrol construirá el pozo Kalé y ExxonMobil el pozo Platero, cuyos datos serán analizados por el comité evaluador, que a su vez emitirá recomendaciones para el fallo del Consejo de Estado.

Dicho análisis tendrá en cuenta el volumen de hidrocarburos extraídos, así como los costos y beneficios de su extracción. "Los PPII de yacimientos no convencionales son ejercicios que nos permitirán identificar que esa técnica no tenga afectaciones para el medio ambiente”, anota Diego Mesa, actual ministro de Minas y Energía, en entrevista con Semana. Sin embargo, existen dudas acerca de la precisión de los pilotos para prever las consecuencias del Fracking a gran escala. "En el piloto cada empresa tiene solo un pozo, pero en la fase comercial pueden tener muchos más. Es decir, se multiplica el uso de agua, la producción de residuos y también crece la posibilidad de sismos o accidentes”, indica Leonardo Gutiérrez, ingeniero representante de la sociedad civil ante el comité evaluador de los PPII. "Por otra parte, los PPII no tienen en cuenta los daños que puedan surgir en el largo plazo”, agrega.

Desde el 2014, las cortes colombianas han sido escenario de la disputa en torno al Fracking, actualmente está en curso un proceso jurídico ante el Consejo de Estado que podría prohibir el uso de la técnica. Los gobiernos de Santos y Duque han impulsado su implementación, resaltando la abundancia de recursos mineros en el país y la necesidad de garantizar la soberanía energética. "Nuestra mayor preocupación es que se está acabando el gas en Colombia, este año por primera vez registramos que tenemos menos de diez años de reservas”, señaló en 2019 María Fernanda Suárez, entonces ministra de Minas y Energía, durante una entrevista con Caracol Noticias.

Los científicos, políticos y activistas que se oponen al fracking invocan el principio de precaución, el cual ordena la adopción de medidas para evitar daños graves o irreversibles que sean posibles e impredecibles. Las experiencias de otros países ha revelado que cada pozo consume millones de galones de agua, así mismo genera una gran cantidad de desechos líquidos cargados con tóxicos radiactivos y ha sido asociada con el aumento de sismos. Los relatores de la ONU para el cambio climático, las sustancias tóxicas y los derechos humanos también recomendaron prohibir el fracking. 

Los jóvenes de Puerto Wilches

Los habitantes de Puerto Wilches tienen una larga experiencia con la industria petrolera; desde hace décadas su municipio ha estado en cercanías de pozos. Así pues, Ecopetrol es un actor muy importante en la generación de regalías y provisión de servicios públicos. Aun así, de acuerdo a datos del gobierno colombiano, un 32% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas. "Puerto Wilches es un municipio que de fachada hasta bonito se ve, pero se está cayendo a pedazos por el abandono”, afirma Yuvelis Morales, oriunda de la localidad e integrante del Comité para la defensa del agua, de la vida y el territorio de Puerto Wilches (Aguawil). "En el municipio pasaba esto: hay una administración, la manejan los paramilitares, se desaparece la plata y no hay inversión en nada, pero igual eso a los jóvenes no les interesaba. Ahora los jóvenes se están interesando por lo que pasa en su municipio y quieren participar”, concluye.

Debido a su activismo ambiental, hasta el momento, varios integrantes de Aguawil han sido amenazados por el grupo Paramilitar Aguilas Negras, ante lo cual varios congresistas se han manifestado en solidaridad con los jóvenes ambientalistas.

En paralelo con las marchas del Paro Nacional de 2021, pescadores, agricultores, y trabajadores de la industria petrolera se tomaron las calles de Puerto Wilches y el río Magdalena para protestar en contra del uso del Fracking. "Nosotros no queremos que nos contaminen el agua, no queremos que dañen a los manatíes o al resto de la biodiversidad que tenemos. Eso es una riqueza única, incalculable e impagable”, anota Hender Acuña, de Aguawil. En 2018, un derrame del pozo de crudo Lizama 128 tuvo graves consecuencias para pescadores, agricultores, ganaderos y el ecosistema de la región.