Cuando la Unión Europea aprobó a finales de enero un reglamento que estipula que todas las importaciones de gas natural de Rusia al bloque cesen a finales de 2027, Hungría y Eslovaquia fueron los únicos dos Estados miembros que votaron en contra.

Hungría sigue obteniendo la mayor parte de su gas natural de Rusia, mientras que Eslovaquia obtiene una parte significativa de este suministro energético. Luego de que la UE aprobara prohibir la importación de gas ruso, los Gobiernos de ambos países anunciaron que demandarían a la UE.

El Gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orbán ha llevado el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El 2 de febrero de 2026 presentó un recurso contra la prohibición, alegando que la UE había violado sus tratados al tomar la decisión.

¿En qué se basa la demanda de Hungría?

Según el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, la demanda se basa en tres argumentos. El primero es que la prohibición es, en la práctica, una sanción, que solo puede aprobarse por unanimidad. Por otro lado, corresponde a los Estados miembros, y no a la UE, elegir sus fuentes de energía. El tercer argumento es que la UE estaría poniendo en peligro la seguridad energética de Hungría.

Hungría no es ajena a los procesos judiciales contra las instituciones de la UE. Actualmente hay una docena de casos presentados por Budapest contra diversos organismos de la UE pendientes ante el TJUE. Y aunque el tribunal ha fallado con frecuencia en contra de Hungría en el pasado, algunos expertos afirman que este caso podría ser diferente. "En mi opinión, parece un procedimiento judicial en el que Hungría podría tener posibilidades de ganar", comenta a DW Viktor Szep, jurista especializado en Derecho europeo de la Universidad de Groninga.

La cuestión jurídica: ¿política comercial o sanción?

Una cuestión aparentemente técnica podría ser decisiva: ¿es la prohibición del gas ruso realmente una medida comercial? ¿O se trata de una sanción de política exterior disfrazada de medida comercial?

La distinción es importante, porque las sanciones de la UE requieren el consentimiento unánime de los 27 Estados miembros. Al tratar la prohibición del gas ruso como una cuestión de política comercial, la Comisión pudo aprobarla por mayoría cualificada (15 de los 27 Estados miembros, que representan al menos el 65 por ciento de la población de la UE), dejando de lado las objeciones de Budapest y Bratislava.

Szep sostiene que, al aprobar la prohibición como medida comercial, la UE ha roto con su práctica institucional de aprobar sanciones por unanimidad, ya sea contra Rusia o contra países como Venezuela o Irán. "Es difícil argumentar a favor de la Comisión, porque todas ellas se adoptaron por unanimidad", explica.

¿Medidas permanentes o temporales?

Una diferencia clave en este caso radica en la duración prevista de las medidas. "Las sanciones son medidas temporales que tienen por objeto expirar una vez que desaparece el factor desencadenante", dice a DW Agata Loskot-Strachota, analista de política energética.

Y, en este caso, hay visos de que la medida puede extenderse, ya que la prohibición de importar gas ruso va a cambiar de forma permanente el suministro energético de la UE, tal y como dejó claro el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, en una entrevista con Euronews en diciembre de 2025. "Incluso cuando haya paz, no volveremos a comprar gas ruso".

El principio de coherencia jurídica —la idea de que todas las políticas de la UE deben estar alineadas— podría reforzar los argumentos de la Comisión, según explica a DW Lukas Schaupp, investigador doctorado del Instituto Universitario Europeo de Florencia. "La prohibición puede entenderse como una extensión lógica del régimen de sanciones de la UE al ámbito estrechamente relacionado de la política comercial exterior", afirma.

El comisario Jorgensen defendió la prohibición como "100 por cien legalmente válida" y necesaria para poner fin al "chantaje energético" de Rusia a los países de la UE, y añadió que los 27 miembros deben aplicar la prohibición, independientemente de si votaron a favor o en contra.

¿Qué pasaría si el fallo fuera a favor de Hungría?

El TJUE suele tardar años en dictar una sentencia definitiva. E incluso si el tribunal decidiera finalmente dar la razón a Hungría, eso no significaría automáticamente que se revocara la prohibición al gas ruso en la práctica.

"En el pasado, el TJUE ha declarado a menudo, especialmente en lo que respecta a la seguridad de las inversiones, que una medida puede ser anulada, pero sus efectos siguen vigentes, para evitar perturbaciones económicas importantes", explica Schaupp a DW.

Así pues, para cuando se dicte la sentencia, los Estados miembros y las empresas habrán tomado medidas para eliminar su dependencia del gas ruso, desde la construcción de infraestructuras hasta la firma de contratos con proveedores alternativos. Como la prohibición está en vigor, a más tardar a finales de 2027, todos los Estados miembros de la UE tendrán que dejar de comprar gas ruso, incluidos Hungría y Eslovaquia.

(mn/ms)