Si bien México apenas celebra elecciones presidenciales en julio de 2018, un nuevo escándalo de corrupción amenaza con empañar la campaña electoral: a finales de diciembre de 2017 fue detenido el tesorero del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el norteño estado de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez, por presunta malversación de fondos. Gutiérrez habría desviado unos 10,5 millones de euros del presupuesto federal –destinado a programas educativos y sociales– a las arcas del PRI para financiar sus campañas electorales.

Según las investigaciones de la fiscalía de Chihuahua, el entonces gobernador priista de ese estado, César Duarte, había dado el visto bueno. Más tarde, Duarte se fugó a Estados Unidos para evitar ser enjuiciado por corrupción. El fraude salió a la luz después de que el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) ganara las elecciones en Chihuahua en 2016.

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El procedimiento fue simple: de acuerdo con las investigaciones en curso, Gutiérrez  recibía el dinero y lo desviaba mediante contratos con empresas fantasma, que por lo general pertenecían a otros políticos priístas. Estas empresas aparentaban ofrecer cursos para padres de familia, asesorar a maestros o desarrollar software. Pero en realidad el dinero fue enviado al gobernador estatal y a la cúpula del PRI, que lo usó para financiar su campaña electoral en el estado. Numerosos funcionarios de Chihuahua han sido detenidos por malversación de fondos, entre ellos dos exministros que actúan como testigos principales.

Si el caso es investigado de forma independiente y esclarecido, podría convertirse en una bomba para la campaña electoral del PRI rumbo a las presidenciales. Y es que Alejandro Gutiérrez no es un político de provincia, sino un amigo cercano de Manlio Fabio Beltrones, una "eminencia priista" que lideró el partido y el Senado mexicano durante muchos años.

Los testigos principales aseguran que Chihuahua es solo la punta del iceberg y que en otros estados se usó la misma táctica para desviar dinero. En caso de que esto se llegara a confirmar, la Justicia también podría centrarse en Beltrones y el entonces ministro de Hacienda, Luis Videgaray –actual ministro de Relaciones Exteriores–, e incluso en el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Una Justicia ineficiente y cercana al gobierno

Sin embargo, la Justicia es considerada cercana al gobierno, sobre todo la Fiscalía y los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, que son nombrados por el presidente y ratificados por el Congreso. Por lo general, son nombradas personas de confianza del partido gobernante, lo que le garantiza impunidad. Lo mismo sucede a nivel regional.

De ahí que Miriam Castillo, de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dude que vaya a haber una investigación independiente del caso. El sistema de Justicia es ineficiente, sostiene en entrevista con DW. "Aquellos que deben investigar los delitos, muchas veces están involucrados. Abundan los conflictos de intereses", dice, y recuerda que el Tribunal Electoral aún no ha investigado todas las acusaciones por fraude en las elecciones presidenciales de 2012.

El pacto de la impunidad se tambalea

No obstante, este pacto de impunidad ha empezado a tambalearse. Por un lado, por la presión de la sociedad civil, por otro, por el descontento del empresariado, para el cual la falta de transparencia y la inseguridad legal representan costos cada vez mayores y obstaculizan la competencia global. Bajo el liderazgo del influyente empresario Claudio X., MCCI destapó varios escándalos de corrupción, entre ellos pagos ilegales de parte de la empresa brasileña Odebrecht que involucran al exdirector de la empresa estatal petrolera Pemex.

Además, varias organizaciones como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad o Fundar realizan regularmente estudios incómodos. Recientemente, Fundar publicó un estudio en el que evidencia cómo el gobierno, a través de su millonario presupuesto publicitario, presiona a los medios de comunicación. Las represalias no se hicieron esperar: MCCI es acosada constantemente con inspecciones fiscales, los teléfonos celulares de Claudio X. y periodistas investigativos fueron intervenidos con ayuda de un software de espionaje y periodistas incómodos perdieron sus programas de radio y sus columnas de opinión.

Se busca director para Sistema Nacional Anticorrupción

Tras la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en Iguala, la sociedad civil mexicana ha recibido el respaldo de la comunidad internacional. Cuando las investigaciones del caso, que hasta la fecha no ha sido esclarecido por completo, revelaron que agentes de seguridad y políticos estaban coludidos con el crimen organizado, Enrique Peña Nieto se vio obligado a presentar un paquete de medidas, que incluyen, entre otras cosas, la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción.

Este consiste principalmente en una Fiscalía profesional, independiente a nivel personal y económico y controlada por la sociedad civil. Sin embargo, los partidos le pusieron en el camino cuantas piedras fuera posible al proyecto. El PRI quiso nombrar director a un político leal, algo que los demás partidos han impedido. Hasta ahora no se ha conseguido una mayoría para designar a otro candidato, por lo que el puesto sigue vacante.   

Sandra Weiss (VT/ERS)

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