"Es una propuesta pobre, mal escrita, mal fundada, con errores de sintaxis y fallas imperdonables. El equipo de AMLO piensa que si el mecanismo de evaluación no tiene impacto en la permanencia en el empleo, como lo había planteado Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018), entonces la reforma contará con el respaldo del magisterio”, afirma Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México. El experto afirma que es una reforma muy pragmática, "como para salir del atolladero y decir que se cumplió con la promesa de campañal”.

El Senado mexicano aprobó esta semana una nueva ley de Educación, que elimina lo que provocó rechazo a la ley aprobada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, en 2013. La nueva ley, que supone un triunfo político para López Obrador, abolió las evaluaciones a los docentes que determinaban su permanencia en el magisterio, pero mantiene la estructura de la reforma anterior, y sustituye a dos organismos clave de la reforma de Peña Nieto "por otros con distinto nombre, pero con funciones semejantes”, afirma Gil Antón.

La reforma, que ya fue aprobada por el Congreso federal, debe ser todavía ratificada por 17 Congresos estatales antes de que se definan las leyes secundarias que determinarán los cambios en la práctica.

"Los maestros no la conocen”, afirma Oralia Bonilla, profesora de formación y directora de la asociación "Innovación y Asesoría Educativa”, que tiene por objetivo fortalecer la escuela mexicana. "Las últimas dos reformas, la del 2013 y 2018, han trabajado sobre el currículum de los docentes, pero han pasado por alto lo que pasa en las escuelas. Los profesores, con o sin reforma, tienen que estar trabajando con los niños, utilizando metodologías, buscando qué recursos emplear, procurando que no haya deserción escolar. Y las reformas en términos legales generan mucha incertidumbre en los profesores”.

El poder de los sindicatos

La reforma de López Obrador desapareció al Instituto Nacional para la Evaluación de la Eduación (INEE), un organismo autónomo creado por Peña Nieto para evaluar el desempeño docente y ratificar a los maestros en sus puestos de trabajo. El mecanismo punitivo provocó aguerridas protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), creada en 1980, que agrupa a unos 100.000 maestros disidentes, sobre todo en el sur del país. López Obrador prometió a la CNTE durante su campaña que no dejaría ni una coma de la "mal llamada reforma” de su predecesor.

Los maestros agrupados en el CNTE son disidentes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), que agrupa 1,2 millones de afiliados, que ya dio su respaldo a la reforma de AMLO. 

Oralia Bonilla explica que el corporativismo sindical es uno de los problemas, por su poderosa influencia en las campañas electorales. "El sindicato tiene un área que es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene la responsabilidad de gobernar la educación, una tarea que le encomendó la sociedad. Por lo tanto debe ver primero por la educación y el derecho de los niños sin obstaculizar los derechos de los trabajadores, pero no al revés”.

Este primero de mayo, los dirigentes de la CNTE convocaron a una marcha en la capital para pedir la desaparición de los términos de la reforma incrustados en el artículo tercero de la Constitución que, dicen, establece un régimen de excepción laboral en donde el trabajador de nuevo ingreso ya se quedó sin plaza de base. Los líderes aseguraron que la derogación de la reforma la harán ellos mismos con la presión de la calle.

Artículo tercero constitucional

Eso es lo que más critica Gil Antón: que la reforma de Peña Nieto y ahora la de AMLO, en vez de reglamentar la cuestión laboral en el artículo 123 constitucional, que se refiere a las relaciones laborales, lo hayan hecho en el artículo tercero. "El magisterio queda en un régimen laboral de excepción, porque los términos de ingreso, promoción y permanencia ya no son los propios de la Ley Federal del Trabajo, sino que son especiales y están asentados en el artículo tercero constitucional”.

Gil Antón argumenta que el artículo tercero debiera contener los términos del proyecto educativo: que sea gratuito, laico, obligatorio, universal, basado en la ciencia, orientado al bienestar y a la inclusión, como lo estipula la Constitución de 1917.

Ahora ese artículo se ha abultado considerablemente porque incluye, además, las asignaturas de la escuela primaria. "Es una barbaridad, dice que se impartirá geografía, historia, artes, en especial, la música, porque el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, era antes encargado de las orquestas escolares en la Fundación Azteca”.

Entre las novedades figura la inclusión de materias como tecnología, innovación, lenguas indígenas y extranjeras, educación física y sexual, pero no incluye español, ni matemáticas, en un país que se encuentra en uno de los últimos lugares en el comparativo de Pisa. 

Gil Antón destaca que cinco millones de mexicanos son analfabetos, 10 millones no concluyeron la primaria, otros 16 millones no terminaron la secundaria. "Si a ello añadimos que de aquellos que están en tercero de secundaria o primero de bachillerato, que es cuando se aplica la evaluación de Pisa, la mitad no domina lo básico de su idioma y del cálculo matemático elemental, tenemos un rezago educativo mucho mayor que el rezago escolar. Estamos ante un problema grave”.

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