DW: El comienzo de la venta regulada de marihuana en farmacias de Uruguay, ¿sería desde su punto de vista un primer paso hacia la legalización completa del cannabis?

Es un paso responsable de Uruguay, porque, por un lado, se cumplen las condiciones para que una política pública de regulación de psicoactivos -en este caso, la marihuana- mejore los indicadores de salud pública de Uruguay. La primera condición es que la droga sobre la cual estamos hablando tiene muy bajos niveles de toxicidad comparada a otras drogas como la heroína o el fentanilo, que son opioides mucho más tóxicos. La marihuana es una droga psicoactiva que debe estar sujeta a regulaciones parecidas a las farmacéuticas o farmacológicas. Por lo tanto, es un muy buen primer paso, un paso valiente del gobierno anterior del presidente Mujica y del actual gobierno, que apoya estas medidas.

Pero en Uruguay hubo oposición política a estas medidas…

Es una pena que el voto por el cual se aprobó esta política pública haya estado tan dividido en términos ideológicos, con un partido de un lado diciendo que no, y el otro en el gobierno aprobándola. Pero esto es mejor que la situación anterior.

Volviendo a la regulación uruguaya, ¿qué otro factor resulta relevante en su evaluación?

Es importante que estas medidas estén sujetas a regulaciones. La industria farmacéutica tiene que cumplir con condiciones regulatorias para asegurarse de que el producto que venda no tenga efectos tóxicos nocivos para el cuerpo humano. La marihuana está sujeta a este tipo de regulaciones en Uruguay. Ahora bien, para que una política pública como la uruguaya se pueda implementar se debe tener en principio capacidad regulatoria, cosa que países como México no tienen.

México se caracteriza por una enorme proporción del mercado de medicinas que está sujeto a remedios o medicinas adulteradas. En las farmacias legales se están vendiendo masivamente productos adulterados, lo cual hace que hoy en día esta política uruguaya no pueda implementarse en un país como México, porque no tiene capacidad regulatoria en la práctica aunque tenga las regulaciones en teoría. En Uruguay se ejerce un control mucho más estricto y certero sobre las farmacias y sobre los diferentes actores que producen medicinas o que importan medicinas. Por todo esto, la política uruguaya tiene mayores probabilidades de éxito que en otros países latinoamericanos como Perú, México, Guatemala, El Salvador, etcétera. Una de las condiciones básicas para aplicar esta política uruguaya en otros países es que no tengas una industria farmacéutica "pirata" produciendo medidas adulteradas a través de la delincuencia organizada.

Insistiendo un poco, ¿cuál sería la meta final de la política uruguaya? ¿Despenalizar o descriminalizar el consumo de drogas?

Despenalizar es condición necesaria antes de regular la oferta y la demanda de drogas. Primero tienes que descriminalizar; es decir, que los consumidores no tienen que estar sujetos a procesamientos penales. Cuando el fiscal no puede probar que el consumidor es un traficante, esa persona consumidora no puede estar sujeta a ningún tipo de procesamiento penal. Eso es una condición básica, elemental, de derechos humanos que se tiene que aplicar en todos los países del mundo.

El próximo paso es regular no solo la oferta como lo hace Holanda, sino la demanda también. Se tiene que regular desde la producción de insumos hasta la producción del producto, la distribución, el mayoreo y la venta al consumidor. El resultado esperado es que el indicador en el caso de drogas psicoactivas -en menos grado la marihuana, pero sobre todo en otras drogas con mayor toxicidad- disminuya los niveles de adicciones y de muerte por sobredosis. En Estados Unidos, por ejemplo, el 60 por ciento de las muertes por sobredosis de psicoactivos es por consumo de medicinas legales, o sea, medicinas que se venden en farmacias, opioides mayormente.  Por lo tanto, el problema de drogas en la salud pública no se limita solamente a drogas ilegales que venda por ejemplo el Cartel de Sinaloa, sino que incluye drogas legales que son producidas legalmente  por la industria farmacéutica, pero que son abusadas en su consumo debido a corrupción de médicos, sobreprescripciones u otros tipos de mercados negros en los que la delincuencia organizada revende las medicinas.

¿Qué hacer en estos casos?

Tenemos que asegurarnos de que metamos a todas las drogas psicoactivas en la misma bolsa, las legales y las ilegales, y las regulemos farmacológicamente, mientras el efecto de la droga no sea mortal en cuanto a su toxicidad. Por ejemplo, todos consideramos que la heroína tiene efectos tóxicos y un impacto patológico sobre los órganos humanos, el cerebro, el hígado y demás órganos. Pero los médicos -yo he estado en paneles con médicos, toxicólogos y demás- argumentan y han probado que el fentanilo es un opioide con 50 veces más toxicidad que la heroína; por lo tanto, el fentanilo no puede ser legalizado, es un veneno. Debemos asegurarnos de que la capacidad regulatoria en la industria farmacéutica mejore muchísimo. Hay una gran corrupción en la industria farmacéutica y en los inspectores que supuestamente regulan estas industrias en países como Argentina, México o Guatemala. Hay que mejorar esa capacidad regulatoria inspeccionando a los inspectores, asegurándonos que el sector de regulación farmacéutica no esté sujeto a tanta corrupción y a tanta captura por parte de la misma industria. Y después, obviamente, contener a la delincuencia organizada, que además de estar metida en la producción de drogas ilegales, está también involucrada en la adulteración de medicinas legales, algo que no se toca mucho en los medios de difusión. La delincuencia organizada no va a desaparecer simplemente porque tú regules drogas, sea marihuana o sea heroína. Tiene que existir además una política de contención de la delincuencia organizada mucho más agresiva en cuanto al desmantelamiento de su infraestructura patrimonial, de sus laboratorios clandestinos donde adulteran drogas.

El factor que falta en toda esta ecuación es la política, sobre todo en países tan polarizados como los latinoamericanos. ¿Cómo convencer a los políticos de que estas medidas son convenientes y benéficas para la población?

Primero tiene que haber un proceso abierto y público de discusión a través de paneles de científicos que acudan a los congresos, y también públicamente a través de la televisión, de los medios electrónicos, para que le expliquen a la población los detalles ligados al consumo y producción de estas drogas (algunas con niveles de toxicidad inaceptables y otras no). La población tiene que informarse para ejercer presión.  Y una vez que la población entienda que regular la marihuana va a tener efectos positivos sobre la salud pública de sus hijos e hijas, asegurándose de que no tanta marihuana llegue a menores de edad cuando tú la regulas adecuadamente, y disminuyendo a la vez el consumo como sucedió con el cigarrillo. Porque en el fondo, el cigarrillo, que es una droga legal, con niveles de toxicidad significativos, ha venido reduciendo su consumo en muchos países. Entonces hay que tratar de reducir la demanda a través de mecanismos libertarios y tener capacidad regulatoria para que estas drogas no le lleguen a niños o que no se vendan con niveles de toxicidad mayores a los regulados como la marihuana, por ejemplo. El nivel de toxicidad de la marihuana está regulado en Uruguay. Pero si la delincuencia organizada sigue actuando, el mercado ilegal va a seguir prevaleciendo. Entonces tenemos que establecer un sistema de precios con impuestos, claro está, que no sea lo suficientemente alto en el mercado legal como para que la delincuencia organizada siga teniendo un atractivo para los consumidores. Tenemos que asegurarnos de no poner la carreta antes del caballo: de que antes de que las leyes se redacten, tener estas discusiones públicas accesibles a la población, donde médicos, psicólogos, psiquiatras, estén en paneles ante el Congreso y obliguen al Congreso a adoptar medidas legales que tengan fundamento científico, no como sucede en Argentina o en México. Paneles que vayan desmitificando  mucho de lo que se liga al consumo y producción de drogas psicoactivas.

Finalmente, ¿cuál es su evaluación hasta el momento de la política adoptada por Uruguay en cuanto a la regulación de la cadena de consumo y producción de marihuana?

Uruguay ha sido hasta ahora una mejor práctica. Uno puede objetar que en Uruguay la producción misma esté muy centralizada bajo controles del Estado, contrario al modelo de algunos estados norteamericanos que han adoptado un modelo más descentralizado donde pequeños productores producen con regulaciones. Uno puede debatir cuál es el modelo adecuado de producción, pero lo cierto es que tanto en los estados norteamericanos que han legalizado la producción y el consumo regulado, como en Uruguay, se está marchando en el sentido correcto, que es disminuir adicciones, disminuir el rol de la delincuencia organizada en estos mercados de venta y consumo de drogas, y al mismo tiempo, asegurarnos de que la corrupción en la capacidad regulatoria de los Estados también disminuya, porque es uno de los factores que atenta contra la buena aplicación de una buena política pública de consumo y producción de psicoactivos.

El Dr. Edgardo Buscaglia es investigador y académico de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, así como director del Instituto de Acción Ciudadana de México. Es un experto reconocido internacionalmente en materia de seguridad pública.