Las elecciones empiezan a provocar cambios políticos, antes incluso de constituirse el nuevo Parlamento Europeo. El líder de la oposición en España, Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, ha anunciado hoy la convocatoria de un congreso extraordinario en julio para renovar a toda la directiva del partido, tras los malos resultados obtenidos ayer. El socialista, con él a la cabeza, han sido el segundo partido más votado en las elecciones y ha obtenido 14 representantes, nueve menos que en los anteriores comicios.

Rubalcaba proclamó que sigue en pie su plan para que sean unas primarias abiertas las que decidan quién debe ser el candidato socialista a las próximas elecciones generales en España. Pero, dijo en rueda de prensa, "tiene que ser una nueva dirección la que dirija ese proceso". Una dirección que saldrá elegida de ese congreso extraordinario fijado para los días 19 y 20 de julio y en el que, ha aclarado, él no concurrirá.

La ex ministra de Defensa Carme Chacón, el ex presidente regional del País Vasco Patxi López o el joven parlamentario Eduardo Madina estarían entre los posibles aspirantes a suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del socialismo español.

Solicitudes de elecciones anticipadas

La suya ha sido la primera cabeza en rodar tras las elecciones, pero no la única. El líder del laborismo irlandés y viceprimer ministro, Eamon Gilmore ha presentado hoy su dimisión, después de que su formación recibiera la mitad de votos que en 2009 y perdiera así los dos europarlamentarios que tenía. Y podrían caer todavía más gobernantes. Las victorias del derechista Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia y de la izquierda radical de Syriza en Grecia ha animado a sus representantes a pedir elecciones anticipadas en sus países.

El presidente francés, el socialista François Hollande convocó hoy a su gabinete a una reunión de urgencia, de la que salieron esta mañana sin hacer declaraciones. Convocar elecciones ahora sería un suicidio político porque, de repetirse los resultados obtenidos en las europeas, perderían sin duda el gobierno. Pero sin duda tendrá que afrontar cambios si quiere recuperar terreno ante el avance de Le Pen.

En Grecia, la petición de elecciones anticipadas ayer ante las cámaras y hoy ante el presidente de la República del líder de Syriza, sin embargo, no parece que vaya a tener repercusión alguna. Ante las peticiones de Alexis Tsipras, el presidente Karolos Papulias ha guardado un prudente silencio. Quien sí contestó fue ayer, también en los medios, el primer ministro Samaras, descartando esa opción: "Quienes intentan convertir el voto europeo en un plebiscito fracasaron", dijo en la televisión. "No lograron crearon crear las condiciones de inestabilidad, incertidumbre e ingobernabilidad política" necesarias para ello, señaló.

Resistencia a una repercusión interna

En el Parlamento Europeo los grandes grupos representantes del centro-izquierda y el centro-derecha pierden apoyos tanto a uno como a otro lado de la bancada, viéndose el ascenso de grupos de extrema izquierda y de extrema derecha. Y también de grupos difícilmente catalogables, como los de Podemos en España, partido constituido al calor del movimiento 15-M, hace apenas tres meses.

Sin embargo, los electores, que tienen a percibir (a pesar del empeño de las autoridades de presentar estas elecciones como más relevantes que nunca para su futuro) que Bruselas está muy lejos, son más proclives a experimentos políticos en las elecciones europeas que en las elecciones nacionales de cada país. Así lo ha interpretado el viceprimer ministro británico Nick Clegg, cuyo Partido Liberal Demócrata obtuvo solo un 6,87% de los votos -su peor registro en 25 años- y una única eurodiputada, frente a los once que tenía en 2009.

A pesar de mostrarse preocupado por la victoria del UKIP de Farage, ha rechazado todas las peticiones de dimisión, llegadas incluso de las filas liberales, diciendo que su intención es "acabar el trabajo" al que se comprometió en 2010 cuando empezó a gobernar con James Cameron. Y es que ayer, efectivamente, lo que se decidía era el Parlamento Europeo.

LGC (dpa, EFE)