Hasta hace un tiempo, los chilenos que viven en el extranjero no podían votar en las elecciones presidenciales. Ahora podrán. Hasta hace un tiempo, las parejas de igual o distinto sexo que no contraían matrimonio carecían de ciertos derechos. Ahora los tienen. Hasta hace un tiempo, los establecimientos educacionales que recibían subvención del Estado podían lucrar y seleccionar a sus estudiantes. Ahora no podrán. Ahí tenemos sobre la mesa tres de las reformas estructurales que fueron aprobadas en los últimos meses en Chile.

La transformación se ve complementada con otras modificaciones, como la tributaria (que busca dificultar la evasión, mejorar la distribución y recaudar un 3 por ciento del PIB adicional para financiar reformas como la educacional), la creación del Ministerio de la Mujer, la Reforma Electoral y la presentación de un proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico en tres casos específicos: violación, peligro para la vida de la madre e inviabilidad del feto.

Durante años, la Concertación, hoy Nueva Mayoría, anheló algunos de esos cambios. Con la actual supremacía que exhibe en el Congreso y alianzas específicas realizadas con sectores de la oposición, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se tardó diez meses en sacar adelante las iniciativas. Se trata, a veces, de importantes gestos cargados de simbolismo, como el voto de los chilenos en el extranjero o el marco legal para las parejas no casadas, incluidas las homosexuales. Pero se trata también de modificaciones de fondo, como la Reforma Electoral, que puso término al sistema binominal imperante como amarre de la dictadura de Augusto Pinochet, un sistema que permitía, en casi todos los casos, que solamente hubiera representantes de los dos grandes bloques políticos: la centroderecha y la centroizquierda.

Reforma cuestionada

En el caso de esta última reforma, se trataba de un cambio que se vio truncado por más de 20 años. La nueva distribución de los distritos electorales permitirá, supuestamente, dar mayor representatividad a un Parlamento que está compuesto hoy por 120 diputados y 38 senadores y que en el futuro tendrá 155 y 50, respectivamente. Esta modificación fue aplaudida por amplios sectores, aunque también cuenta con críticos. Entre ellos se encuentra el académico alemán y cientista político Dieter Nohlen, experto en sistemas electorales, quien ha estudiado el caso chileno por años.

Nohlen asegura a DW que “el nuevo sistema electoral va seguir favoreciendo a los grandes partidos o a las alianzas electorales de partidos. El elemento técnico es el tamaño de las circunscripciones. En el caso del Senado, todas son pequeñas. En el caso de la Cámara de Diputados, más de la mitad de ellas cuenta con cinco diputados o menos. Esto supone una alta barrera electoral en contra de los partidos pequeños. Como efecto, no va aumentar la proporcionalidad, que era uno de los motivos de la reforma”. El especialista, para aclararlo aún más, hace una comparación con el sistema binominal: “En vez de favorecer a la primera minoría, como hacía el binominal, se va a favorecer en principio el partido mayoritario o la alianza electoral mayoritaria”.

Una visión distinta tiene el diputado Pedro Browne, del movimiento de centroderecha Amplitud, quien dice a DW que “el fin de sistema binominal es clave, porque generará un nuevo ordenamiento político y dará paso a los matices. Lamentablemente, en Chile todo se mira bajo la lógica del Plebiscito del Sí y el No, una dualidad establecida por la Constitución de Augusto Pinochet y que, obviamente, no funciona, porque solo genera que las posturas se extremen y no busquen puntos de acuerdo”.

Desafío mayor

La necesidad de reformar los marcos estructurales de la legislación chilena en temas como la educación, la recaudación de impuestos y el régimen electoral son diagnósticos que comparte no solo el oficialismo, sino también parte de la oposición. Browne señala que Amplitud, grupo escindido del partido Renovación Nacional, cree que “las reformas implementadas por la presidenta (Michelle) Bachelet son necesarias, entendiendo que Chile cambió, que es un país que ha crecido y que tiene otras necesidades. Nos sentimos orgullosos de nuestro aporte en el fin del sistema binominal, en el proyecto de Unión Civil y en entregarles derecho a voto a los chilenos que viven en el extranjero. Y cada vez que haya coincidencias, trabajaremos con el Gobierno”.

El debate generado por las propuestas del gobierno ha puesto sobre la mesa la idea de que Chile no es un país tan conservador como se ha creído. Pero es indudable que la voz de la oposición en algunos casos es bastante fuerte, en especial en asuntos de corte valórico como el aborto. La Alianza, junto a sectores de la Iglesia católica y autodenominados “movimientos pro vida”, se han movilizado para torpedear la última iniciativa legal de Bachelet en el camino por transformar Chile: una ley de aborto terapéutico.

Chile es uno de los pocos países del mundo que prohíbe el aborto en todos los casos. “Se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro. Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirla, y menos que nadie una madre. Pero cuando está en riesgo su vida, o la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia sexual, se ponen en tensión los principios éticos, derechos y criterios de humanidad que están en juego”, dijo Bachelet al presentar la iniciativa. Ahora viene la etapa más difícil para la jefa de Estado: convencer a su propia coalición de la importancia de esta ley. La Democracia Cristiana no parece tan feliz y la presidenta deberá demostrar que tiene muñeca para negociar sin provocar rupturas en un equipo de gobierno que ha sacado adelante ya muchos de los desafíos que se había impuesto al inicio de su mandato.