En efecto, el mundo está al borde de una revolución "colosal" del sistema tributario para las grandes empresas, tal y como aplaude el ministro alemán de Hacienda, Olaf Scholz. El acuerdo principal alcanzado por 130 Estados, bajo la dirección de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), puede calificarse de histórico. Por primera vez en 100 años, la comunidad mundial se pondría de acuerdo sobre una reestructuración radical del sistema fiscal que lo haría más justo para la economía mundial, incluido internet.
Las multinacionales ya no pagarían impuestos donde se registren para efectos fiscales, sino donde generan sus ingresos. Esto afecta no solo a los grandes gigantes estadounidenses de internet, como la matriz de Google, Alphabet, y a minoristas online como Amazon, sino también a corporaciones chinas y francesas y a empresas alemanas como Volkswagen, Daimler y Siemens, que en un futuro tendrán que pagar más impuestos en sus mercados principales.
Por el momento, esto solo es válido para las empresas altamente rentables, con ventas superiores a 20.000 millones de dólares. Sin embargo, se trata de una verdadera revolución que hará menos atractivos los modelos de evasión fiscal que ofrecen Luxemburgo, Irlanda, los Países Bajos y muchos paraísos financieros del Caribe o las Islas británicas del Canal.
Como segundo pilar, se introducirá un impuesto global mínimo del 15% sobre las utilidades, que, inicialmente, se aplicará para las empresas con cifras de ventas superiores a los 750 millones de dólares. Con ello se pretende poner fin a la competencia entre países con impuestos bajos. Incluso aquellos sospechosos como Panamá y las Islas Caimán estuvieron de acuerdo. Lo cual es, por lo menos, sospechoso. ¿Acaso hay, otra vez, lagunas jurídicas después de todo?
Las excepciones reducen el éxito
Por supuesto, incluso esta "revolución" tiene lamentables excepciones. Los grandes bancos y proveedores de servicios financieros han quedado exentos por la presión de Gran Bretaña, al igual que la industria petrolera, resultado del brillante cabildeo de Arabia Saudí, Rusia y multinacionales petroleras como Exxon. Para los Estados más pequeños, es decir, los anteriores paraísos fiscales, existen normas especiales. Las inversiones en instalaciones de producción o centros logísticos sirven para reducir las obligaciones tributarias. Así, se implementará el envío vía transporte internacional.
Estados Unidos ha dado un paso al frente. La nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, promete mayores ingresos fiscales. Según un cálculo de la OCDE, un total de 100.000 a 150.000 millones de euros extras deberían llegar a las arcas de los ministros de finanzas. Para Alemania, un poco menos, unos 750 millones de euros, porque las empresas alemanas pagarían más impuestos en China y Estados Unidos en el futuro. Los impuestos de penalización digital, que ya existen en el Reino Unido y Francia y los previstos en la UE, deben ser suprimidos. De ese modo, Estados Unidos y Europa pueden resolver al menos esta parte de las disputas comerciales.
Se ha logrado un gran avance
El objetivo aún no se ha alcanzado: el acuerdo para la reforma fiscal mundial es voluntario y debe traducirse en leyes nacionales. Sin embargo, el grupo de los 20 Estados más importantes estará de acuerdo. Los países de la Unión Europea que se resisten -Irlanda, Hungría, Estonia y Chipre- probablemente no tengan más remedio que cooperar, porque, de lo contrario, podrían ser sancionados. El factor decisivo es la aprobación del Congreso estadounidense. Esto no es seguro debido a la escasa mayoría del gobierno de Biden, pero es absolutamente necesario para la "revolución".
Muchos detalles, así como el calendario de introducción del nuevo sistema fiscal, son todavía imprecisos y deben negociarse antes de la cumbre del G20 en Roma en octubre. Pero el avance hacia una fiscalidad mejor y más justa ya está en marcha. Solo que ahora debemos estar atentos y observar si, al final, son los propietarios de las empresas o los clientes -es decir, todos nosotros- quienes pagarán la factura fiscal a través de precios más altos.
(ee/cp)