El 30 de agosto pasado funcionarios no identificados y que, como posteriormente se supo, pertenecían a la Dirección de Inteligencia Estratégica y Tácticas (DIET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), detuvieron de manera arbitraria al joven de 24 años John Álvarez, estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Cinco días más tarde, Álvarez fue presentado en el Tribunal Cuarto de Control con competencia en Terrorismo y le fueron imputados los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Estos presuntos delitos se vinculan con los hechos por los que, a principios del mes de agosto, fueron condenados seis dirigentes sindicales a dieciséis años de prisión.

En una comunicación fechada el 6 de septiembre de 2023 y dirigida a la Defensoría del Pueblo, Wendelin Peña, madre del estudiante detenido, informó que su hijo, al comparecer ante el Tribunal, denunció haber sufrido diversos tipos de tortura desde su detención. Álvarez describió cómo los agentes de la PNB lo golpearon repetidamente en las piernas, glúteos y la espalda con un bate cubierto de fundas para evitar dejar marcas visibles. Además, relató que estrellaron su cabeza contra una puerta y le aplicaron múltiples descargas eléctricas en las rodillas, costillas y testículos. El estudiante de la UCV también indicó que, en medio de este trato cruel e inhumano, fue obligado a hacer una declaración frente a la cámara de un teléfono móvil, en la que implicó al sindicalista Carlos Salazar y al periodista Carlos Julio Rojas.

La tortura continuada y sistemática en Venezuela

Este tipo de comportamiento criminal por parte de funcionarios del Estado no constituye incidentes aislados y esporádicos en Venezuela. Más bien, como ha sido documentado, tanto por organismos internacionales como por organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos, el uso de la tortura en las últimas décadas por parte de los servicios de inteligencia y sus agentes forma parte de un patrón estatal sistemático de represión en contra de estudiantes, líderes sindicales, políticos, periodistas, oenegés, y defensores de derechos humanos.

Entre el 2003 y el 2011, la oenegé Red de Apoyo por la Justicia y la Paz atendió y documentó 251 casos de víctimas de tortura por parte de funcionarios del Estado venezolano. Por su parte, la Misión internacional independiente de la ONU para la determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) investigó 212 casos de víctimas que, entre los años 2014 y 2022, fueron sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela. Estos datos reflejan solo de manera parcial el número de víctimas, ya que, con mucha frecuencia, las víctimas o sus familiares se abstienen de denunciar por temor a represalias por parte del régimen. Por otro lado, hay que resaltar que, en decenas de ocasiones, las torturas del régimen han llevado a la muerte a las víctimas, como en los casos del concejal Fernando Albán o del capitán Rafael Acosta Arévalo.

El uso continuado de una violencia extrema, física y psicológica por parte de las autoridades venezolanas contra los disidentes políticos y sus familiares obedece a múltiples objetivos: obtener información, confesiones o delaciones forzadas de los detenidos; reprimir y castigar a aquellos considerados como amenazas a la hegemonía del régimen; crear un clima de miedo y terror en la sociedad con el fin de disuadir a las personas de expresar opiniones contrarias al gobierno, o de participar en actividades políticas opuestas al régimen; y, en última instancia, mantener un férreo control social y político en el país.

La tortura se ordena desde las más altas esferas del poder político

Los informes de los organismos internacionales destacan que existen suficientes elementos de juicio para confirmar que el uso generalizado de la tortura contra la disidencia responde a instrucciones emanadas desde las más altas esferas del poder político en Venezuela. En el III Informe de la Misión de la ONU, consta que "exempleados del SEBIN dijeron que la tortura era ordenada directamente por el presidente Maduro, por los directores de línea o por el director general”. En dicho informe, igualmente, se señala a Diosdado Cabello, segundo hombre del régimen, como una de las personas que impartía órdenes directas al director de ese organismo de inteligencia y represión.

La Misión de la ONU también ha encontrado evidencias respecto a la participación directa de militares cubanos en esta política criminal del Estado venezolano. En su III Informe (2022), la MIIV señaló que "varios exfuncionarios de la DGCIM le manifestaron a la Misión que agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM. La Misión revisó, además, los acuerdos confidenciales escritos entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de Cuba, en los que se otorgaba formalmente al Gobierno cubano un rol en la reestructuración de los servicios de contrainteligencia militar venezolanos y en la formación de oficiales. Estos acuerdos se remontan a 2006, y la cooperación continuaría vigente”. Esta participación cubana ya había sido denunciada en el 2019 por el Instituto CASLA en su informe anual, donde advertía que "la influencia cubana en la represión sistemática, y en especial, en la ejecución del crimen de la tortura ha producido el incremento de patrones que traen innovaciones en su ejecución, y el surgimiento de nuevos métodos”.

El sistema de justicia venezolano contribuye a la perpetración impune de la tortura

La práctica continua de esta política criminal en Venezuela se ha visto facilitada por la falta de independencia y autonomía de las instituciones encargadas de investigar y fiscalizar este tipo de crímenes en el país. Tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo se encuentran desde hace muchos años bajo el control directo del Poder Ejecutivo. Esta anomalía fue destacada en el tercer informe de MIIV de la ONU, en cuya conclusión se destaca que en Venezuela "el sistema de justicia contribuye directamente a la perpetuación de la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y delitos, impidiendo a las víctimas acceder a recursos legales y judiciales efectivos. En ciertos casos, también contribuye a la política estatal de reprimir a la oposición".

Esta ausencia de auténtica voluntad por parte del sistema de justicia venezolano para investigar y enjuiciar las violaciones de DDHH llevó a la Corte Penal Internacional(CPI) a abrir, en el año 2021, una investigación formal sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En noviembre de 2022, el fiscal Karim Khan declaró que, mientras la Fiscalía de la CPI tenía motivos fundados para sostener que, desde 2017, al menos entre 300 y 400 personas habían sido sometidas a diversas formas de tortura física y psicológica en Venezuela, el Ministerio Público venezolano hasta ese momento solo había iniciado 12 investigaciones por tortura y 2 por violación sexual.

A pesar de investigaciones de la CPI y de la Misión de la ONU en Venezuela, la tortura persiste

Según sostiene la abogada Martha Tineo, cofundadora de la oenegé Justicia Encuentro y Perdón (JEP), la tortura en contra de la disidencia política se sigue cometiendo hoy en día en Venezuela, "independientemente de que las autoridades venezolanas se encuentren actualmente bajo el escrutinio e investigación de organismos internacionales y de los alegatos que las autoridades venezolanas presentan ante estas instancias”.

Para agosto de este año, de acuerdo con los datos de la organización Justicia Encuentro y Perdón, el régimen de Nicolás Maduro mantiene en distintos centros de detención a 323 presos políticos. De este grupo, al menos 103 presos han sido sometidos a diversos tipos de métodos de tortura, como golpes, palizas, cortes, ahogamientos simulados, violencia sexual y tortura psicológica. Además, al menos 212 presos sufren tratos crueles y degradantes, y enfrentan condiciones inhumanas de reclusión, incluyendo hacinamiento, insalubridad, falta de ventilación, escasez de alimentación, higiene deficiente, falta de acceso a medicamentos y atención médica, y aislamiento del contacto con familiares y abogados con el fin de ocultar el verdadero estado de salud de los presos.

Algunos casos recientes que ilustran esta situación, según Tineo, son el del coronel Oswaldo García Palomo, quien, tras denunciar en una audiencia de juicio las torturas a las que ha sido sometido durante su reclusión, lleva más de un mes aislado en una pequeña celda, sin ventilación y totalmente incomunicado. También destaca el caso de Guillermo Zárraga, un sindicalista preso al que el régimen está matando lentamente. En los últimos meses, Zárraga ha perdido más de 20 kg de peso, padece problemas cardíacos, y las autoridades le niegan el tratamiento médico necesario. Además, sus familiares enfrentan persecución y ataques, y su hijo se vio forzado a exiliarse en Colombia.

Delitos contra los DDHH: prohibido olvidar, y que nunca más vuelvan a ocurrir

Tineo enfatiza la importancia de construir y mantener una memoria colectiva, histórica, cultural e incluso jurídica en relación con estos graves delitos. La abogada sostiene que, además de denunciar y documentar la practica reiterada de la tortura en el país, es esencial ayudar a que la ciudadanía tome plena conciencia de la magnitud del daño físico y moral que un amplio grupo de venezolanos ha sufrido mientras luchaba por rescatar la democracia y restablecer el Estado de derecho en el país. Para Tineo, "solo así lograremos, no solo que se haga justicia a las víctimas, sino también que nos protejamos como sociedad y nos aseguremos que episodios tan oscuros como los que hemos vivido en las últimas décadas no vuelvan a ocurrir jamás en nuestro país”.

En esta línea de acción, las oenegés defensoras de derechos humanos en Venezuela llevan a cabo iniciativas destinadas a sensibilizar a la opinión pública. El evento conocido como "Las Sillas Vacías", por ejemplo, se realiza anualmente de manera simultánea en diversos estados de Venezuela y en algunas ciudades del exterior. Este evento tiene como objetivo recordar a los 334 venezolanos que perdieron la vida debido a la represión política desde 2014, así como a los más de 300 presos políticos que se encuentran actualmente detenidos y bajo tortura en cárceles venezolanas. Además, se ha implementado el proyecto del Museo de la Memoria, un espacio creado mediante tecnología de realidad virtual que permite a los ciudadanos conocer los rostros y las historias de muchas de las víctimas de la violencia política estatal.

Otra iniciativa que merece ser resaltada es el proyecto "Realidad Helicoide", que expone las torturas que el régimen de Nicolás Maduro inflige a la disidencia política en Venezuela. Este proyecto se presentará a través de pantallas y visores de realidad virtual en el Times Square de Nueva York el martes 19 de septiembre a las 18.00 h, hora local (22:00 h GMT, 00:00 CET,) coincidiendo con el inicio del 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La tortura sistemática y continuada contra la disidencia política en Venezuela constituye una evidencia contundente de hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Ello debe plantear a la comunidad internacional y a los lideres de la oposición en Venezuela interrogantes muy serias sobre la sinceridad de las declaraciones de los voceros del régimen cuando prometen apertura y cambios democráticos.

(cp)