Es 28 de marzo de 2023. Son poco más de las nueve y media de la noche en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración(INM) en Ciudad Juárez, una peculiar localidad ubicada en el confín entre México y Estados Unidos, tristemente célebre por la violencia descarnada contra las mujeres y la guerra entre los carteles de la droga mexicanos que se disputan el que es uno de los puntos más prolíficos para el tráfico de drogas.

Aunque no hay acusación de que hayan cometido algún delito,ahí se encuentran al menos sesenta y ocho hombres y quince mujeres, encerrados tras rejas de barrotes blancos con candados. De pronto, comienza a salir humo de entre las rejas, mientras personal vestido con uniformes del INM y uniforme de camisa blanca caminan tranquilamente por el pasillo sin inmutarse. Uno de ellos no quita la vista de la pantalla de su teléfono.

Ignorados por el personal

Un migrante intenta infructuosamente abrir la reja a patadas. El humo se hace más denso y sobresale el rojo de las llamas. Tras los barrotes, otro migrante se dirige a uno de los guardias, quien lo ignora. La combustión poco a poco consume el oxígeno disponible. Si no son inmediatamente sacados de la celda las personas, el calor del humo producirá quemaduras en las vías respiratorias y provocará daños a nivel celular.

De acuerdo a los especialistas, en la mayoría de los incendios antes que las llamas, es el humo lo que primero mata a las personas. A los guardias les importa un comino. En un instante, el humo lo cubre todo sin que los guardias corran para pedir auxilio ni hagan el mínimo intento por abrir las rejas para dejarlos escapar de las llamas ni por usar algún extinguidor, si es que cuentan con uno, para apagar el incendio.

Minutos después, cuarenta personas del sexo masculino entre 18 y 51 años de edad mueren a consecuencia de la conflagración. La mayoría, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, según dichos gobiernos. Esto da la cuenta de 41 víctimas y no las 40 que dice el Gobierno de México. Veintisiete resultaron heridos, muchos se encuentran en estado grave.

Buscando una nueva vida

La gran mayoría llegó hasta Ciudad Juárez huyendo de la pobreza, violencia o gobiernos antidemocráticos de Centro y Sudamérica, con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos e iniciar una nueva vida. Su búsqueda del sueño americano quedó en el agujero del diablo en que se convirtió la instalación migratoria a cargo de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En México, el lugar donde la desgracia no da tregua, como es habitual el horror no es capaz de conmover a las autoridades. El lavado de manos comenzó enseguida.

La mentira como dogma

La primera versión difundida por los medios de comunicación pocas horas después de los hechos es que se trató de "un incendio provocado por un motín”. En un superficial comunicado, el INM, de la SEGOB, dijo que la conflagración ocurrió en lo que llamaron pomposamente "área de alojamiento de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez”.

Al día siguiente, el presidente López Obrador culpabilizó a los propios migrantes: "Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y, como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”. Si bien fueron los migrantes quienes presuntamente prendieron fuego a una colchoneta en protesta por la detención indebida, no mencionó que fue el dolo criminal de funcionarios de su Gobierno lo que provocó su muerte al dejarlos encerrados.

Era claro que el lugar donde se encontraban los migrantes no era un "área de alojamiento” ni "albergue”, como dijeron AMLO y el INM. Se trataba de un centro de detención, una cárcel con barrotes donde los migrantes estaban encerrados como criminales.

Ahora, tras la tragedia, más que encontrar la verdad, se busca un rápido deslinde de responsabilidades con personal de mando inferior, sin llegar a las cabezas. Así ocurrió en el derrumbe de la Línea 12 del Metro en la Ciudad México en 2021, que causó la muerte de 27 personas, y sucede con la masacre de cinco civiles desarmados en marzo pasado por parte del Ejército en Tamaulipas.

Detrás del homicidio de los 40 migrantes está el "Plan de Migración y Desarrollo En la Frontera Norte y Sur” implementado por el Gobierno de López Obrador en 2019. Y de acuerdo a un organigrama de responsabilidades que se encuentra en un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), hay al menos cinco miembros del gabinete de AMLO involucrados directamente en las circunstancias que hicieron que los migrantes indocumentados estuvieran encerrados en una celda, pese a que entrar a México sin documentos está despenalizado desde 2008.

AMLO aceptó hacer el trabajo sucio a su amigo Trump

Para reconstruir cómo México llegó a convertirse en un muro de contención masiva de migrantes para no ‘molestar' a Estados Unidos y por qué las víctimas del homicidio se encontraban detenidas, el documento de la SEDENA elaborado fechado el 29 de abril de 2022, que obtuve a través de la información oficial hackeada por Guacamaya Leaks, es clave.

Todo comenzó cuando AMLO aceptó hacer el trabajo sucio de su amigo, el entonces presidente Donald Trump. De acuerdo al documento, en mayo de 2019, "el presidente de los E.U.A. externó un conjunto de medidas relacionadas con los migrantes ilegales que ingresan a ese país, estableciendo que, a partir del 10 junio de 2019, impondría un arancel del 5 por ciento a los bienes importados de México, con aumentos graduales al 10 por ciento para el 1 jul., 15 por ciento para el 1 ago., 20 por ciento para el 1 sep. y 25 por ciento para el 1 oct. 2019, si no se tomaban medidas para reducir la migración ilegal”.

AMLO envió a el canciller Ebrard a Washington D.C. "con el fin de llegar a un acuerdo entre ambas naciones, motivando en nuestro país la implementación del Plan de Migración y Desarrollo para evitar la confrontación con Estados Unidos”, señala el documento. Es evidente que Edrard no habría podido hacer el acuerdo y su contenido con el Gobierno de Trump sin que López Obrador diera su autorización.

Según el documento, el plan tiene 5 tareas básicas: "operación de las coordinaciones de la Guardia Nacional (frontera sur hasta el Istmo de Tehuantepec), definir las sedes de las coordinaciones y despliegue de efectivos necesarios, apoyo de las fuerzas armadas y coordinación con el INM, y aplicar un plan de inteligencia para detener a traficantes de personas y delincuentes”.

También se acordó "contar con la infraestructura para el registro, otorgamiento de visas, empleo en México o repatriación. Instalación de albergues y custodia de migrantes en centros de detención. Vinculación permanente con la Guardia Nacional y responsables de la política de desarrollo y bienestar”.

La oenegé WOLA, cuya base se encuentra en Washington y promueve la vigilancia y protección de los derechos humanos en América Latina, apenas en diciembre pasado hizo un informe sobre la situación de migrantes en el cruce fronterizo de Ciudad Juárez. Recabaron testimonios de que policía municipal, funcionarios del INM y Guardia Nacional tienen como patrón de conducta extorsionar a los migrantes para evitar ser detenidos.

Según el documento de SEDENA que estoy citando, el 29 de abril de 2022, de los 14 mil 345 migrantes detectados por las autoridades, al menos 2,449 se encontraban detenidos en una estación migratoria del INM. Es decir, poco más del 17 por ciento. Las mayores concentraciones de detenidos estaban en la Estación Migratoria del Piedras Negras, Coahuila con 589 migrantes; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 338 migrantes; y Estación Migratoria de Mazatlán, Sinaloa, con 302; y en la Estación Migratoria "Villahermosa”, Tabasco, 263.

Plan guajiro

Como parte del plan migratorio, se iba a implementar supuestamente un "Plan de desarrollo para ofrecer empleos y bienestar a migrantes en el sureste de México”, y así evitar su movimiento hacia el norte del país, a los confines entre México y Estados Unidos.

También se iba aplicar el programa "Sembrando Vida" en la frontera con Guatemala, en cual consiste en que habitantes de zonas rurales reciban un ingreso a cambio de sembrar y cuidar árboles en sus parcelas.

"Canalizar a migrantes otorgando visas de trabajo a programas productivos y obras de infraestructura”."Otorgamiento temporal de pensión o beca de estudios para hijos de migrantes que deseen ser repatriados, hasta el término de las elecciones de e.u.a. (nov. 2020)", se indica en el documento de SEDENA.

"Promoción en Centroamérica de los programas de desarrollo y bienestar aplicados en México; así como, buscar financiamiento internacional (plan de desarrollo de la comisión económica para américa latina y el caribe)”.

El plan para frenar la migración también incluía un "Programa de atención integral para migrantes que esperen en México su resolución de asilo en E.U.A.” el cual contempla "definir los lugares fronterizos seguros de traslado”, "reparación de albergues temporales en ciudades fronterizas”, "contratación de migrantes en empresas de la frontera e interior del país”, "solicitar el apoyo de las dependencias federales encargadas de la seguridad, el desarrollo y el bienestar”.

Para su éxito se contempló, "coordinar este plan con los representantes de los gobiernos de Centroamérica y otros países, la embajada de México en Washington, la Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración” y "buscar el apoyo y cooperación inmediata de los países con mayor migración, a través de nuestros embajadores en Centroamérica y el Caribe”

No lo menciona el documento de la SEDENA, pero en 2020, con el pretexto del COVID, Trump emitió una directiva conocida como "Título 42”, a través de la cual se ordena expulsar inmediatamente a México y Canadá a los migrantes que soliciten asilo en la frontera. Lo que agudizó la ya de por sí histórica crisis de migrantes en México que buscan llegar a E.U.A. En 2022, el presidente Joe Biden pidió una ampliación de la directiva y sigue vigente hasta hoy.

En síntesis, el plan de México para contener la migración a Estados Unidos es un sueño guajiro. Es decir, ilusorio. No tomó en cuenta los niveles de antidemocracia que hay países como Cuba, de donde provienen una buena parte de migrantes. Tampoco la desigualdad histórica en la región que ha provocado extrema pobreza. Ni la violencia propiciada por los carteles de la droga, a quienes como política pública, el Gobierno de AMLO, desde el inicio, ofreció "abrazos y no balazos” contribuyendo a su fortalecimiento no solo en México, sino en Centro y Sudamérica.

Los responsables

De acuerdo al documento de la SEDENA hay un "organigrama de mandos y responsabilidades” para la aplicación del "Plan de Migración y Desarrollo”.

El coordinador general es Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores. La Coordinación Administrativa es de Thalía Lagunas Vázquez. De la Guardia Nacional el responsable es el General de Brigada Vicente Antonio Hernández Sánchez, cuyo mando superior es el titular de la SEDENA Luis Cresencio Sandoval, aliado indispensable de AMLO.

Del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, cuyo mando superior es Adán Augusto Santiago, Secretario de Gobernación, el plan "B” de AMLO para ser candidato de su partido MORENA a la Presidencia en 2024.

Por parte de la Secretaría Desarrollo y Bienestar quedó Javier May González, entonces titular de la Secretaría, actualmente es Ariadna Montiel Reyes, una de las consentidas de AMLO.

En la parte de "atención de migrantes en espera de asilo” quedó Horacio Duarte Olivares, entonces titular de la Agencia Nacional de Administración de Aduanas. Desde diciembre pasado el nuevo titular es Rafael Marín Mollinedo, uno de los funcionarios más cercanos e íntimo amigo de AMLO.

Debajo de ese grupo la responsabilidad del Plan de Migración recae en la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Energía y hasta FONATUR. Y en un tercer nivel, gobiernos estatales y municipales, pero no se indica cuáles. 

Por encima de los secretarios de Estado, está el presidente López Obrador, quien ha ordenado la implementación de dicho plan. La muerte de los migrantes a manos de funcionarios del INM es una prueba flagrante del fracaso. La Viceministra de El Salvador Cindy Mariella acusó que el homicidio de sus connacionales en las instalaciones del INM es "un crimen de Estado”. El contexto indica que tiene razón.(ms)