"El mayor peligro para la paz en Colombia, en este momento, es que no se implemente lo acordado. Que, por ejemplo, se deje sin presupuesto a la Jurisdicción Especial para la paz”, explicó a DW la eurodiputada Ana Miranda, que participó en la misión de acompañamiento a las elecciones colombianas. A una semana del triunfo de Iván Duque, la promesa del nuevo mandatario de "modificar” los acuerdos preocupa.

Si bien el tono con el que hizo campaña en contra de ellos ha cambiado –y los acuerdos de paz con las FARC se encuentran anclados constitucionalmente- las alteraciones podrían echar por la borda el proceso. En todo caso, en el Parlamento Europeo -que apoyó masivamente la firma de los acuerdos de paz en Colombia- se está formando un grupo, a través de todas las bancadas, para hacer seguimiento a los acuerdos y presión por que se implementen.

Hay que recordar que la Unión Europea viene apoyando la construcción de la paz en Colombia desde hace más de 15 años, enfocándose en erradicar las causas del conflicto. Su Fondo Especial para la Paz (96 millones de euros) está pensado para el desarrollo rural y la reincorporación de los excombatientes.

Aunque se supone que no hay vuelta atrás, preocupa que se pierda de vista el acuerdo, y a los más suspicaces que se haya comenzado a hablar más del proceso de paz que de los "acuerdos de paz”. "Hay un riesgo claro de que, a veces de forma subliminal, se los vacíe de contenido”, afirma Miranda.

Reformas arriesgadas

"No queda claro cómo piensan hacerlo, dado que algunos aspectos del acuerdo están consagrados en la legislación o gozan de considerable apoyo, en particular en las zonas rurales duramente golpeadas por medio siglo de conflicto”, afirman los especialistas del think tank International Crisis Group (ICG), con sede en Bruselas. Su estudio "Reformas arriesgadas: el enfoque del Gobierno de Duque hacia la paz en Colombia” se publicó esta semana. 

"Tal vez lo más peligroso sea la posibilidad de que el nuevo Gobierno se vea tentado a derogar las reformas rurales esbozadas en el acuerdo de paz, las cuales parecen contradecir sus preferencias en cuanto al cambio colombiano. El acuerdo promete brindar apoyo a los pequeños agricultores y campesinos sin tierra, quienes durante mucho tiempo fueron las principales víctimas del conflicto”, afirman los especialistas del ICG.

"Se corre el peligro de que se desconozca el corazón de los acuerdos”, dice a DW Carlos Guevara, coordinador del Programa Somos Defensores. En su opinión, la UE debe exigirle a su socio estratégico desde hace 20 años que "no modifique ni se quiten partes fundamentales del acuerdo, como la Justicia Especial para la Paz, y que dé garantías legales plenas a los excombatientes”. 

"Lo que más tememos nosotros con el nuevo Gobierno es a la judicialización de líderes –indígenas, negros, campesinos- acusándonos de pertenecer a grupos subversivos para reducir la fuerza del movimiento social actual”, dice a DW Leyla Arroyo, líder del Proceso de Comunidades Negras en Colombia.  Arroyo recuerda el escándalo de los "falsos positivos” bajo el Gobierno del expresidente Uribe.

Y aunque en 2017 se registraron 170 asesinatos de líderes sociales y 98 en lo que va de 2018, Arroyo encuentra más peligro en que se avance en estructuras judiciales que desarticulen cualquier oposición de las organizaciones de base que en el asesinato. En este momento, recuerda Arroyo, "una madre comunitaria –las que cuidan a los niños según nuestra cultura- está en una cárcel de alta seguridad acusada de reclutamiento de menores”.

No perder la oportunidad

Así las cosas, "para consolidar la democracia y la paz en Colombia es más importante este momento que los cinco años anteriores”, subraya Miranda, quien expone también la preocupación por que se debilite el proceso de búsqueda de la verdad.  "En España nunca se hizo un proceso de reconstrucción ni de revisión ni de tener en cuenta la memoria histórica. Y no sigue haciendo falta saber qué ocurrió de verdad durante la Guerra Civil. Colombia debe cuidar de esta oportunidad que tiene de saber toda la verdad y recobrar su vitalidad”, afirma.

"Si el Gobierno obstruye la puesta en marcha del acuerdo o priva de fondos a los organismos responsables, podría desencadenar nuevos brotes de violencia, perjudicar la extensión de la autoridad del Estado y la actividad económica legal a las periferias durante mucho tiempo descuidadas, fomentar el crecimiento de grupos armados ilegales y, con el tiempo, impedir la reducción sostenible de la producción de droga”, advierten los especialistas del ICG.

"Dado que el bloque político que asume el gobierno estuvo siempre en contra de los acuerdos, esperamos de la UE, que fue garante de su firma, que sea garante también de su implementación”, dice Guevara. "Teniendo en cuenta que es uno de los actores que más ha invertido en ello, esperamos que cuide de que todos esos fondos no se inviertan de manera perversa en contra de un proceso que, si bien no es perfecto, ha hecho que en Colombia dejemos de matarnos entre todos”, concluye.