Se trata del primer Consejo de Ministros de Exteriores bajo presidencia irlandesa de la Unión Europea (UE). La agenda oficial del encuentro de los Veinticinco (los 15 miembros actuales de la UE más los 10 aspirantes a ingresar el 1 de mayo), contemplaba destrabar el debate sobre la Constitución Europea, así como el Estatuto eurodiputado.

Los observadores ya advirtieron de antemano que sería ingenuo esperar que se acercaran las posiciones, luego del fracaso de la cumbre de diciembre.

La Constitución no prospera...

Como adelantaron fuentes de la presidencia irlandesa, se trató de un "debate informal" con el fin de "tantear" las diferentes posturas. Al menos este objetivo se cumplió: conocer el margen de flexibilidad de cada Estado miembro, a fin de poder evaluar las posibilidades de éxito de la llamada Conferencia Intergubernamental (CIG), donde se negocia la Constitución y que está congelada desde diciembre pasado.

Junto a la estructura de la Comisión Europea, el principal punto de discordia es el reparto de poder en el Consejo. La mayoría de países respaldan el sistema de "doble mayoría" –50% de Estados, 60% de población-, propuesto por la Convención sobre el Futuro de Europa. Sólo Polonia y España lo rechazan y abogan en cambio por mantener el reparto de votos del Tratado de Niza, más beneficioso para sus intereses.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Brian Cowen, puso sobre la mesa el estado de las negociaciones tras los contactos bilaterales ha mantenido en las últimas semanas con sus homólogos europeos. Al contrario de lo que hizo la presidencia anterior (Italia), Irlanda no se ha comprometido a fijar un calendario cerrado para alcanzar un acuerdo sobre el texto constitucional, y considera que todavía es "prematuro" decir si presentará una propuesta de compromiso, aunque es consciente que es mejor un acuerdo cuanto antes. Se prevé que la presidencia irlandesa presente su informe sobre el estado de las negociaciones de la Constitución, durante el primer Consejo Europeo de su presidencia, los próximos 25 y 26 de marzo en Bruselas.

...tampoco los eurodiputados...

El otro gran tema de este primer encuentro era el llamado Estatuto del Diputado Europeo. La armonización de los sueldos de los disputados europeos lleva abierto 25 años y, de momento, continúa estancado, en gran medida debido a la oposición de Alemania. Según fuentes diplomáticas, una campaña de prensa muy violenta y el mayor desembolso para las arcas europeas que supondrá el Estatuto son los dos factores clave que justifican la oposición del gobierno alemán.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado junio el Estatuto que se puso como gran reto para su mandato el actual presidente de la Eurocámara, Pat Cox. El texto establece un sueldo para los eurodiputados del "50% del de un juez del Tribunal de Justicia de la UE", es decir, 8.500 euros (poco más de US$ 10.000), además de las dietas. El Estatuto propone un sueldo común, independientemente del país de procedencia, que supone una subida sustancial de los salarios de la mayoría de los eurodiputados. Así por ejemplo un eurodiputado italiano recibe 12 pagas anuales de 11.799 euros (unos US$ 14.000), frente a las 14 pagas de 2.540 euros de los españoles (unos US$ 3.000), de hasta un 30%, por ejemplo en el caso de los españoles. Holanda, Suecia, Dinamarca y Francia mantienen dudas sobre la remuneración, mientras España, Portugal y Bélgica la apoyan.

Junto a Alemania, que tendría que aprobar un aumento de unos 2.000 euros mensuales (unos US$ 2.400) para sus parlamentarios comunitarios, tampoco Francia, Austria y Suecia apoyan el Estatuto, que prevé que los salarios deberían financiarse desde el presupuesto de Bruselas y no por los países de origen de los diputados. Alemania es el principal contribuyente al presupuesto de la UE.

...pero sí avanza la igualdad de sexos

En cambio hubo éxito en un apartado de la asistencia al desarrollo financiada por la UE. Se aprobó un acuerdo político sobre un nuevo reglamento para promover la igualdad de sexos en la cooperación al desarrollo de la Unión, para lo que destinará nueve millones de euros durante el trienio 2004-06.

La meta es "reforzar la puesta en marcha de medidas destinadas a la promoción de la igualdad de sexos en las políticas, las estrategias y las operaciones de desarrollo". Además, el reglamento busca unos objetivos claramente definidos, ligados a los objetivos de desarrollo fijados por la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, en 2000, en la igualdad de sexos y la emancipación de las mujeres. Según el Ejecutivo comunitario, una inmensa mayoría de pobres en el mundo son mujeres (70% en Africa), por lo cual "mejorar la igualdad de sexos" es un instrumento en la reducción de la pobreza.