Actualmente, el 40% de los proyectos de minería tienen impacto negativo en los territorios, la cultura e incluso la vida de las poblaciones indígenas a nivel mundial. Este porcentaje aumentará a 80% en un futuro cercano, indica un estudio al respecto, realizado por encargo del Parlamento Europeo, que se publicará próximamente. En él se esboza el conflictivo panorama que se genera entre, por un lado, la voluntad de un enfoque respetuoso de los derechos humanos y el apoyo a los derechos indígenas aprobados por Naciones Unidas en 2007, y, por otro, la necesidad de la explotación de los recursos naturales.

Entre los intereses y los derechos

“Europa se enfrenta a tener que buscar el equilibrio entre la protección de sus propias empresas e interese, y los derechos e intereses de la gente en cuyos países se extraen esos recursos”, se afirma en el estudio.

Y aunque los recursos están sujetos a las legislaciones nacionales de terceros países –con avances legislativos pro derechos humanos a veces sólo sobre el papel-, los derechos de los pueblos indígenas han sido establecidos claramente por Naciones Unidas. Y dado el apoyo activo de la UE a las convenciones internacionales, entre sus tareas está velar por que, por lo menos, sus empresas los respeten.

Básicamente, se trata del derecho a la autodeterminación, que se traduce en la consulta previa a un proyecto de extracción en territorios donde han vivido pueblos ancestrales.

La realidad actual no sólo habla de ausencia de consulta sino de desplazamiento forzoso e incluso exterminio directo o indirecto a través de funestos impactos ambientales en sus territorios. 180 conflictos por minería detecta el estudio a lo largo de América Latina. Conflictos con Mapuches, Wiwas, Arara, Juruna, Kichwa, Siona, Secoya, Huarani, Aymaras, Quechuas, Collas se esbozan en el estudio, por mencionar sólo algunos.

No va a mejorar

Y el futuro pinta peor: “la demanda de energía aumentará en un 17% y la de metales en un 20% entre el 2010 y el 2020. Esta tendencia continuará hasta el 2030”, afirma el estudio. Esto se traducirá en “más litigios y cada vez mayor resistencia civil”, explicaba en el Parlamento Europeo el autor del estudio, Julian Burger, investigador de la University of London.

El catedrático se declara a favor de un marco jurídico más fuerte, que incluya sanciones contra las empresas cuando haya violaciones a los derechos de estos pueblos. Esto, en su opinión, exige una mayor coherencia en las acciones de la UE, que por un lado los apoya –por ejemplo con un proyecto de monitoreo de implementación de los derechos indígenas- y por otro “no promueve sus derechos en sus acuerdos de inversión”.

Conferencia internacional

Así, los ojos están puestos en una conferencia que tendrá lugar en Nueva York a finales de septiembre. A ella acudirán representaciones de los pueblos indígenas y jefes de Estado y de Gobierno. También una representación de la UE. ¿Qué cabe esperar de ella? “Al menos una declaración consistente con el principio de la consulta previa, libre e informada, cuando se trate de planificar inversiones de infraestructura”, dijo a DW Oliver Loode, miembro del Foro Permanente de Asuntos Indígenas (UNPFII).

Por otro lado, “si conseguimos unos principios que medien entre el beneficio de una multinacional y una compensación proporcionada a lo que se le va a quitar a esos pueblos, sería un gran resultado”, dijo a DW Ignazio Corrao –diputado italiano del Movimiento 5 Stelle y miembro de la subcomisión de derechos humanos.

Al parecer del esbozo de un mecanismo vinculante y con el mandato necesario para legislar sobre las quejas de los pueblos originarios, “estamos aún muy lejos”, opina escéptico Loode.