El comercio con emisiones de dióxido de carbono es considerado uno de los instrumentos más importantes de la Unión Europea en la política energética del bloque comunitario. Empresas y operadores de plantas generadoras de energía deben de pagar “derechos contaminantes” por cada tonelada de CO2 que lanzan a la atmósfera.

La idea consiste en disuadir a las industrias para que éstas inviertan en tecnologías favorables al medio ambiente, en vez de adquirir los costosos certificados.

En la práctica, hace tiempo que esto no funciona así. Debido a la crisis, el precio de los certificados por derechos contaminantes se ha desplomado de tal modo, que resulta imposible generar inversiones para la protección del medio ambiente.

Luego de largas negociaciones, en Bruselas se llegó por fin a un acuerdo para paliar este fenómeno: se sacarán de manera provisional 900 millones de certificados de emisiones contaminantes.

Los promotores de la medida esperan que con dicha iniciativa aumente el precio de cada certificado, de los cinco euros actuales, hasta un nivel que oscile entre 8 y 12 euros.

La propuesta correspondiente fue aceptada por la totalidad de los Estados de la Unión Europea. En Alemania, el ministro federal de Medio Ambiente, Peter Altmaier, interpretó la aprobación como “una muestra de que la UE actúa en serio en favor del clima.”

Si el consenso tardó tanto en llegar, ello se debe en parte a Alemania. Altmeier apoyaba la retirada del mercado de los títulos; sin embargo, el líder del FDP, Philipp Rösler, rechazaba tal “intervención en el mercado”.

EL(dpa,afp)