Neeli Kroes tiene dudas, y "dudas"·es la diplomática forma de expresarlo. La comisaria europea de Competencia sospecha que el proceder de Berlín no es del todo acorde a las leyes comunitarias. Los 4.500 millones de euros con los que el Gobierno alemán quiere favorecer la adquisición de la automotriz Opel por parte de la compañía austriaco-canadiense Magna podrían contradecir las reglas de la UE.

Kroes se ha puesto a investigar y a lo largo de sus pesquisas dice haber encontrado indicios claros de que las subvenciones públicas actuaron como premisa para la transacción. Además, el dinero que se le ofreció a Magna, y al banco ruso Sberbank que la acompaña en esta compra, no se puso a disposición de otros interesados en Opel, como pudiera ser, por ejemplo, el inversor belga RHJI.

Sólo a Magna, y a cambio de ventajas

Neeli Kroes habla, sin embargo, únicamente de "indicios". Tal vez sea parte del elegante discurso que se pronuncia para oídos entendedores. Porque el dar con las pruebas necesarias no debiera resultar excesivamente difícil. El mismo ministro de Finanzas alemán, Peer Steinbrück, se las sirvió en bandeja hace dos meses, y dejó que los micrófonos de la prensa las grabaran por si el viento se las llevaba.

"El Gobierno alemán tiene muy claro que sólo apoya a Magna y a su concepto industrial y político, y eso deben saberlo todos los que toman decisiones en Estados Unidos", declaró Steinbrück el pasado agosto, cuando aún parecía que General Motors fuera a oponerse a la venta de Opel.

Sólo a Magna, aseguraba entonces el ministro. Y eso no es legal, replica ahora la comisaria. Favorecer con fondos públicos a una empresa concreta va en contra de las normas que regulan la libre competencia en el mercado interior comunitario.

Pero según Kroes, hay más que eso. Los mencionados indicios apuntan a que el "concepto industrial y político" fijado de antemano tenía también una vertiente geográfica. Es decir, que localizaba el tipo y la contundencia de las medidas de reestructuración a aplicar para regenerar la automotriz- por " medidas de reestructuración" entiéndanse despidos y cierres de fábricas, que debían afectar lo menos posible a las centrales germanas.

La consecuencia del reparto: una sede de Opel sobre suelo belga podría echar el candado, la de Zaragoza en España ver drásticamente reducido su personal. También en Alemania se prevén ceses, pero todas las plantas, incluidas algunas muy discutidas, seguirían activas.

¿Tendrá GM que decidir de nuevo?

Las quejas de países miembros de la UE en los que Opel está presente ya se habían hecho oír. La Comisión Europea se mostró desde el principio reticente a bendecir la transacción. Ahora, Kroes ha plasmado sus reparos por escrito y se los ha hecho llegar, vía carta, al ministro de Economía alemán, Karl-Theodor zu Guttenberg, quien, siendo democratacristiano y uno de los miembros más queridos del Ejecutivo saliente, ostenta altas posibilidades de formar parte del próximo gabinete. Steinbrück, del electoralmente derrotado Partido Socialdemócrata, podrá en lo sucesivo apoyar a Magna sólo desde el banquillo de la oposición.

La consecuencia de la intervención europea es que GM podría tener que volver a pronunciarse sobre la oferta de Magna- y en esta ocasión sin atender a las preferencias de Berlín. Además, los 4.500 millones de euros deberían estar abiertos a todos los candidatos a dueños, y no sólo a uno en concreto. De esta manera, los estadounidenses podrían concentrarse en evaluar la calidad de las ofertas presentadas, y la comisaria Kroes confiar en que se respeten los principios de la libre competencia.

Autor: Andreas Reuter/ Luna Bolívar

Editor: José Ospina Valencia