José Mujica es un hombre valiente. El presidente de Uruguay se ha embarcado en un experimento que trata sobre las libertades de la sociedad. Primero fue la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en su país. El segundo experimento es aún más osado. Si falla, significaría el fin de un político nada convencional. Si tiene éxito, podría cambiar, hasta cierto punto, el mundo.

Se pierde la guerra contra las drogas

Aquí Uruguay hace algo que parece lógico al observar de cerca el problema: el Estado controla el cultivo de cannabis, cuando no lo asume directamente él mismo. La droga de alta calidad se comercializa en farmacias a los clientes registrados, a un precio fijado por el gobierno, pero de mercado. Ningún país del mundo va tan lejos en la legalización de las drogas. Rápidamente, el liberal The Economist designó a Uruguay “País del Año 2013”, ya que todo el mundo podría beneficiarse de esta medida.

Es verdad: la guerra contra el narcotráfico y los cárteles se ha perdido estrepitosamente. Una guerra que ha costado miles de vidas, sobre todo en América Latina, y ha paralizado regiones enteras dilapidando millones en dinero público en vano. Solo los narcotraficantes y sus secuaces se habían llenado los bolsillos durante décadas: 320 mil millones de dólares cada año mueve el tráfico de drogas. Cuando un mercado se sobrecalienta o deja de ser rentable, nacen otros alternativos en otros lugares.

El 'narco' no conoce fronteras

Así que los traficantes y su droga entraron en el antes apacible Uruguay, aunque la tasa de criminalidad en la capital, Montevideo, no tiene comparación con la que soportan Bogotá o Medellín. Pero, aún así, ha aumentado de manera constante en los últimos años. Muchos habitantes se refieren a la capital como a una ciudad "sumamente insegura”. Esto es ciertamente exagerado, pero describe con precisión la tendencia reciente.

Es un hecho que Uruguay está siendo inundado por una droga barata conocida como “Paco”, subproducto de la fabricación de cocaína . A la sombra de los narcos, proliferan las bandas locales involucradas en la prostitución y la delincuencia común. Estos grupos se verán muy debilitados si se les arrebata el tráfico de estupefacientes.

No hay experimento sin riesgo

Naturalmente, el experimento uruguayo no está exento de riesgos: no se sabe, por ejemplo, si los cárteles entrarán en una guerra de precios para socavar los costes de la droga estatal. Si es necesario, a expensas de la calidad. También rtiene peso el argumento de que el vendedor podría simplemente pasarse a las drogas duras. Esto es lo que trata de impedir el gobierno a través de la prevención y el tratamiento, financiado todo con los fondos de la venta de marihuana.

Es muy poco práctico el argumento de Naciones Unidas, que acusa a Uruguay de violar los convenios existentes y la Convención de Estupefacientes. Esta crítica formalista y alejada de la realidad no ha hecho avanzar ni un centímetro la lucha contra los traficantes de droga del mercado negro. Por eso podría tener éxito el experimento uruguayo, consiguiendo capacidades para combatir el crimen organizado, en lugar de metiendo en la cárcel a cualquier pequeño consumidor.

Precedentes en el mundo

No se trata de restar gravedad al consumo de drogas. Nadie niega el hecho de que fumar marihuana es peligroso, especialmente para los jóvenes. Pero la prohibición no es ya una solución, ni tampoco la criminalización, como lo demuestra la experiencia del pasado. Uruguay ha sacado las conclusiones correctas. El presidente Mujica ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Su proyecto podría convertirse en un precedente para América Latina y para el resto del mundo, si es que hay más políticos que muestren la valentía de José Mujica.