Durante el 2015, Raúl Castro utilizó una estrategia represiva abierta para intentar detener el auge acelerado del descontento popular y el continuo crecimiento de la oposición. Sólo entre la visita del Papa Francisco en septiembre y el domingo 16 de enero se produjeron cerca de 4000 detenciones y algunos de esos opositores podrían ingresar en la lista de presos políticos, listado que el gobierno de la isla se niega a reconocer y que contempla 60 casos oficialmente verificados.

Sin embargo, informes de grupos opositores como la Asociación de Presos y Ex Presos Políticos de Cuba, Unión Patriótica de Cuba y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional concuerdan en que la cifra real podría sobrepasar los 120 encausados, lo que se sabrá cuando se tenga información de qué medidas judiciales han sido aplicadas a muchos detenidos que aún esperan sentencia, acusados de falsos delitos comunes.

Según las leyes internacionales, preso político es aquella persona que cumple pena de prisión de manera arbitraria a consecuencia o como represalia por el ejercicio de derechos inalienables y libertades básicas, y aunque existe una alta cifra de prisioneros con esas condiciones en las cárceles cubanas, Raúl Castro insiste en negar su existencia mediante la aplicación de una maniobra legal: apresar a los opositores y condenarlos por delinquir y no por el delito real: oponerse públicamente al gobierno.

Casos prominentes

Entre los casos mas notorios y recientes están Vladimir Morera Bacallao, del Movimiento Cuba-Reflexión, apresado durante una marcha opositora y condenado a cuatro años por "desorden público", quien se mantuvo 80 días en una huelga de hambre que depuso por insistencia de sus familiares ante un peligro real para su vida. Otro caso es el de Hugo Damián Prieto Vázquez, presidente del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, quien se encuentra detenido desde inicios de diciembre de 2015, acusado supuestamente de "Desorden público" y a la espera de juicio. Coincidentemente, este líder opositor es uno de los promotores de la campaña nacional "Todos Marchamos", protagonizada cada domingo, en todas las provincias del país, por las Damas de Blanco, el proyecto independiente Estado de Sats y la Unión Patriótica Cubana, entre otros grupos disidentes, para exigir a Raúl Castro la excarcelación incondicional y la anulación de condenas de todos los presos políticos, así como un decreto de amnistía.

Diversos analistas consideran que la población penal en Cuba oscila entre 60 000 y 70 000 reclusos (57 337 es la cifra más reciente reconocida por las autoridades penitenciarias cubanas), concentrados en 584 prisiones, la gran mayoría por delitos comunes, lo cual representa entre el 0,6 y el 0,7% del total de habitantes de Cuba, una de las cifras más altas a escala mundial conforme a la densidad poblacional, y superior 15 veces a la cantidad de presos existentes antes de 1959 (4000), en las 14 prisiones que entonces existían en la isla.

"Es un listado muy difícil de concretar", le dice a Deutsche Welle Alejandro González Raga, uno de los 75 periodistas que Fidel Castro encarceló en la llamada "Primavera Negra" de 2003, desterrado en 2008 gracias a negociaciones entre el gobierno español y el régimen cubano, y quien ya en España fundara el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. "Hacemos hincapié en el tema humanitario, ya que la mayoría de estos presos llevan décadas en la cárcel. Uno de los casos más significativos es el de Armando Sosa Fortuny, a quien conocí personalmente en la cárcel de Kilo 7 en Camagüey, que ha pasado en la prisión más de la mitad de sus 73 años y que, además, está enfermo".

Los opositores presos

Los listados de reclusos por razones políticas, verificados por diferentes grupos de la oposición, ofrecen las siguientes estadísticas:

12 presos políticos del grupo de los 75 periodistas independientes de la "Primavera Negra" de 2003 se encuentran actualmente cumpliendo prisión domiciliaria, entre ellos, el escritor Jorge Olivera Castillo, presidente del Club Independiente de Escritores de Cuba, condenado a 18 años de prisión, y el mítico líder Oscar Elías Biscet, médico condenado a 25 años por denunciar internacionalmente la precariedad del sistema de salud en Cuba.

17 presos cumplen entre 2 y 30 años de privación de libertad por delitos de propaganda enemiga, actos contra la Seguridad del Estado, desembarco en Cuba para fomentar el alzamiento armado contra el gobierno y espionaje, entre ellos, Ernesto Borges Pérez, exoficial de la contrainteligencia cubana, encargado del control de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, a quien se descubrió y condenó en 1998 a 30 años de prisión cuando supuestamente intentaba entregar información clasificada del trabajo de la Seguridad del Estado de Cuba a oficiales de los servicios secretos norteamericanos.

Finalmente, más de 30 opositores cumplen penas de entre 3 años y cadena perpetua, acusados bajo los cargos de terrorismo, intento de salida ilegal del país con peligro para vidas ajenas, piratería (robo de embarcaciones estatales para intentar escapar del país), desacato o desobediencia ante la acción policial (básicamente casos detenidos durante las marchas de la oposición en la isla) y peligrosidad social predelictiva, figura legal creada por el gobierno para detener a opositores sólo si existe la sospecha de que van a cometer un supuesto acto delictivo.