Este domingo (4.6.2017), al cumplirse 65 días consecutivos de protestas antigubernamentales en Venezuela, ascendió a 65 el número de personas que han perdido la vida a causa de la brutal represión estatal o de las reacciones de los agredidos. Entre los muertos figura Orlando Figuera, cuyo nombre puede llegar a convertirse en emblema de dos fenómenos sociales preocupantes: el auge de los linchamientos como respuesta a la criminalidad desbordada y la desinhibición de algunos manifestantes a la hora de recurrir a la violencia.

La Fiscalía General de Venezuela informó que Figuera, de 22 años, falleció este 4 de junio, quince días después de que varias personas lo sujetaran y procedieran a prenderle fuego cerca de la plaza Altamira, enclave simbólico de la oposición antichavista. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, señaló que Figuera había sido ingresado al hospital no sólo con quemaduras de primero y segundo grado en el 80 por ciento de su cuerpo, sino también con heridas causadas por armas blancas.

Según la Fiscalía, los presuntos autores de ese linchamiento están identificados. El ataque contra Figuera fue documentado con fotografías y videos. Testigos del incidente, entre los cuales estaba un reportero gráfico de la agencia de noticias Reuters, alegan que una multitud lo había acusado de ser un ladrón. En los últimos meses han circulado noticias sobre comunidades que, por falta de confianza en la Policía y la Justicia, ejecutan a los delincuentes. Al menos un inocente ha muerto de esa manera por haber sido confundido con un criminal.

De Montalbán a El Valle

El "hombre fuerte” de Caracas, Nicolás Maduro, arguyó que Figuera había sido agredido por decir que era chavista. La opacidad en torno al suceso lo convierte en síntoma simultáneo de todos los males que aquejan al Estado venezolano desde hace años: el indetenible auge del hampa, el desmoronamiento de las instituciones y de la confianza en ellas, el deterioro del tejido social, la pérdida de los valores que propician la convivencia pacífica, la agresividad del discurso público y de la discordia política, por mencionar los más relevantes.

Y la violencia política se acentúa. Miles de personas marcharon este 3 de junio en varias ciudades del país. Convocados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la mayor alianza de partidos opositores, cientos de manifestantes se concentraron junto a diputados y dirigentes antichavistas en la urbanización caraqueña de Montalbán para marchar hasta la parroquia El Valle. Esa fue la primera protesta antigubernamental orquestada en el oeste de la capital, otrora bastión del chavismo, aunque gobernada todavía por el oficialista Jorge Rodríguez.

Miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron con gases lacrimógenos, cañones de agua, gas pimienta y murallas metálicas que esta marcha llegara a su destino. El diputado opositor Rafael Guzmán resultó herido en una pierna por un perdigón cuando los legisladores intentaban persuadir a los soldados de no dispersar la movilización. En medio de las escaramuzas, la Fiscalía General confirmó la muerte de Yoiner Peña, un manifestante de 17 años que fue herido el 11 de abril en el estado Lara.

Excesos de la fuerza de seguridad

El diputado Miguel Pizarro denunció que un oficial de la GNB le lanzó gas pimienta, dos bombas lacrimógenas y dio la orden de disparar perdigones de frente a quienes intentaban mediar con los uniformados para que permitiesen la continuidad de la marcha. El ensañamiento con que actúan las fuerzas de seguridad, violando estándares internacionales para el mantenimiento del orden y también en materia de derechos humanos, ha sido denunciado repetidas veces desde comienzos de abril. Las críticas han caído en oídos sordos.

Una vez culminadas las protestas de este 3 de junio, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró que la PNB había detenido a 51 "terroristas” –así denomina el oficialismo a quienes se enfrentan con los gendarmes en lugar de retirarse de las calles– antes de que generaran violencia en el marco de las manifestaciones. Reverol agregó que habían sido incautados explosivos de fabricación artesanal, escudos y morteros. Simultáneamente, el Defensor del Pueblo, el chavista Tarek William Saab, llamaba al diálogo.

Saab instó a los representantes del establishment chavista y a la oposición a retomar de manera "urgente” el diálogo político abandonado a principios de año bajo acusaciones mutuas de incumplimiento de acuerdos a fin de evitar una "escalada violenta” en el país.

ERC ( EFE / dpa )