De los 370.000 indígenas que viven en Brasil, los guaraní y sus subgrupos (kaiowa, ñandéva y mbya) forman el mayor de los pueblos originarios. Casi todos ellos habitan en Mato Grosso do Sul, un Estado dominado por las plantaciones de soja y las haciendas ganaderas, que les están robando su espacio vital. En el municipio de Dourados, por ejemplo, 11.000 indios comparten un territorio que no supera las 3.500 hectáreas.

Desde los años 90, se registra un aumento de la tasa de suicidios entre los indígenas. En 2005, cinco niños kaiowa fallecieron por desnutrición. Una comisión externa de la Cámara de los Diputados de Brasil concluyó que la falta de tierras es la principal causa del problema.

El antropólogo Rubem Thomaz de Almeida es una de las personas que mejor conoce la cultura y la realidad de los indios guaraní y kaiowa de Mato Grosso do Sul. Almeida ha realizado varios estudios científicos sobre esta etnia y ha asesorado a organismos gubernamentales y ONG que actúan en la región. DW-WORLD habló con él sobre la situación de los guaraní y la política indígena del Gobierno brasileño.

DW-WORLD: ¿Cuáles son hoy los principales motivos del conflicto entre indígenas y blancos en Brasil?

R. T. A.: El problema crucial es la disputa por las tierras. Una parte considerable de esta cuestión se resolvió ya con las demarcaciones [delimitación llevada a cabo del territorio destinado a las reservas indígenas] Algunos grupos étnicos, sin embargo, siguen sin contar con una garantía de que sus tierras les pertenecen, sobre todo los indios del noroeste y los guaraní, cuya población se sitúa entre las 60.000 y las 65.000 personas distribuidas por los Estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y, especialmente, Mato Grosso, donde se concentran 42.000 indígenas. Son la mayor etnia del país y también la que más problemas tiene por la tierra.

DW-WORLD: ¿Ha mejorado en algo la política indígena actual en relación a la aplicada por los militares?

R. T. A.: El actual presidente de la FUNAI, la Fundación Nacional Indígena, es uno de los peores representantes que la causa indígena tiene en el país. No se ha hecho nada, más allá de la atención de básica en cuestiones como el abastecimiento de productos de primera necesidad, asistencia sanitaria, y lucha contra la desnutrición y el hambre. Pero la situación no va a mejorar hasta que no se solucione definitivamente el problema de la tierra.

DW-WORLD: ¿Cuál es su balance de la política indígena del Gobierno brasileño desde la Constitución de 1988, por la que se ampliaron los derechos de los pueblos originarios?

R. T. A.: La política indígena brasileña no ha sufrido grandes cambios a pesar de la atención que el texto constitucional de 1988 presta a los pueblos originarios del país. Dicha Constitución otorga ciertos beneficios a los indígenas, entre los que cabe destacar las atribuciones que hace a la fiscalía brasileña para que pueda defender a los indios ante la Justicia. Pero la política indígena en sí se mantiene inmutable porque los responsables de su aplicación están al servicio de los intereses políticos y económicos y no cumplen con la ley. Que existan capítulos legales favorables a los indígenas no significa que se apliquen en la práctica. Lo que no supone ninguna novedad en este país.

DW-WORLD: ¿Le preocupa la situación actual de los indios guaraní en Mato Grosso do Sul?

Rubem Thomaz de Almeida: En los 33 años que llevo trabajando con los guaraní, la situación nunca fue tan grave como lo es hoy, sobre todo por la inoperancia y la omisión del Estado. Los guaraní de Mato Grosso do Sul se encuentran en el más absoluto abandono. La FUNAI no actúa, pero insta al Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre (MDS) a asistir a los indígenas. Por otra parte, la fiscalía defiende con uñas y dientes a los indios, pero la Justicia no reconoce siquiera los listados de tierras elaborados por los antropólogos y crea espacios para asentar a los guaraní que son auténticas prisiones. En Mato Grosso do Sul se llevan a cabo acciones que tienen una clara tendencia genocida, especialmente por parte de la Justicia y de la policía.

DW-WORLD: ¿Cómo observan los indígenas el "cercado" de sus tierras que está llevando a cabo el negocio agrícola?

R. T. A.: En Mato Grosso, a los kaiowa y los ñandéva el cerco del negocio agrícola les está afectando desde hace mucho tiempo. Primero se vieron amenazados por una explotación intensiva de hierba mate (1880-1920), luego vino la devastación de los bosques para hacer uso de la madera (1920-1960), el cercado de las tierras para la actividad ganadera (1960-1970) y la aparición en escena de las grandes empresas agropecuarias con sus plantaciones de soja (1980-2003). En los próximos años, se prevé la construcción de 30 factorías de azúcar y alcohol en Mato Grosso do Sul, acompañadas de cultivos de caña de azúcar de unas 700.000 hectáreas de extensión en pleno territorio tradicional de los guaraní, que se convertirán en la mano de obra para la plantación y la recolecta. El Estado brasileño no se ocupa del problema de los indígenas sin tierras. Y por eso se ve obligado a darles paquetes con productos básicos para que no se mueran de hambre.