De los 135 diputados regionales, 68 votaron a favor de la abolición de la llamada fiesta nacional española en Cataluña, mientras que 55 lo hicieron en contra. Nueve diputados se abstuvieron. Con el anuncio del resultado, la Cámara se dividió entre los aplausos y la alegría de los antitaurinos y la desolación de quienes defienden la tauromaquia.

La prohibición entrará en vigor el 1 de enero de 2012. Para lograrla fue decisivo que los dos grupos mayoritarios en el Parlamento catalán, Convergència i Unió (CiU, con 48 diputados) y el Partido Socialista (PSC, con 37), dieran libertad de voto en sus filas.

Cataluña no es sin embargo la primera región española que prohibe la fiesta de los toros. Ya lo hicieron las Islas Canarias en 1991, si bien allí hacía ya muchos años que no se celebraba una corrida.

El camino que culminó hoy con el veto de los toros por parte del Parlamento catalán comenzó en diciembre, cuando la mayoría de la cámara se pronunció a favor de abordar una iniciativa legislativa popular (ILP) que, impulsada por la plataforma Prou! (Basta) bajo el argumento de que las corridas son "una tortura" y un "maltrato evitable", logró recoger 180.000 firmas, 130.000 más de las necesarias para llegar al Parlamento regional.

Lancen un "mensaje de compasión y progreso a la humanidad", pidió a los diputados antes de la votación la portavoz de Prou!, Anna Mulà. "Escuchen el grito de una sociedad que se replantea sus propias tradiciones y el deseo del pueblo de aquello que considera moralmente inaceptable", dijo.

El debate sobre la desaparición de los toros en Cataluña, no obstante, se ha interpretado desde diversos sectores como un debate de trasfondo político, más allá de una cuestión relacionada con los derechos de los animales, enmarcado en el enfrentamiento identitario por parte del nacionalismo entre lo catalán y lo español. dpa

Editor: Claudia Herrera Pahl