En los dos años de vigencia del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, el gobierno de Nayib Bukele logró bajar fuertemente el delito y asegura haber desbaratado las "maras", pero hay denuncias de arrestos a inocentes, torturas y muertes bajo custodia estatal, cuando El Salvador tiene según ONGs a 2,5% de su población en prisión.
