Desde el 28 de noviembre de 2007, Brenda Quevedo Cruz está privada de su libertad, acusada con pruebas falsas de haber participado en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, supuesto hijo biológico de Isabel Miranda y José Enrique del Socorro Wallace. Una víctima que, en el estricto sentido de la palabra, nunca existió.

Brenda y otros cinco detenidos: Jacobo Tagle, Juana Hilda González, César Freyre, así como Alberto y Antonio Castillo, son protagonistas de uno de los casos más bizarros de injusticia que se haya visto en la historia reciente de México. Equiparable por sus ingredientes de manipulación, tortura y complicidad de autoridades federales al caso de la ciudadana francesa Florence Cassez (detenida en 2005 y liberada por orden de la SCJN en 2013), o el propio caso de los 43 normalistas de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Esta es la segunda ocasión en que abordo la historia de Brenda, porque el 5 de noviembre próximo se llevará una audiencia crucial, y porque tengo en mi poder un documento judicial inédito que deja ver cómo el caso fue fabricado desde el primer momento.

Un caso falso de origen

Según la versión fabricada por Isabel Miranda, su hijo, procreado con su entonces esposo, el señor Wallace, fue secuestrado el 11 de julio de 2005 y había sido asesinado y descuartizado a la media noche con una motosierra eléctrica en el diminuto baño de un minúsculo departamento en la calle de Perugino, número 6, en la colonia Extremadura Insurgentes, una zona muy poblada y transitada en la Ciudad de México.

Según esa versión, los responsables sacaron esa misma noche los trozos del cuerpo en bolsas de plástico chorreantes que arrastraron por las escaleras desde el segundo piso hasta la planta baja, y después las habrían subido a un vehículo y arrojado en algún paraje.

Fue la señora Miranda, cuyo hermano Roberto Miranda era policía,  quien, al día siguiente, denunció a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), donde ella tenía amigos e influencias, cuál era el crimen, quién había sido la supuesta principal responsable y dónde se había perpetrado.

Los vecinos interrogados, que estuvieron todo el día y la noche en sus respectivos departamentos, aseguraron que nunca escucharon nada extraño, y lo hubieran escuchado de cierto por la resonancia del propio edificio, de la que siempre se quejaban.

Los únicos dos datos que tenían la señora Miranda y las autoridades era que el coche del desaparecido estaba a unas cuadras de Perugino 6, y que el chofer de Hugo Alberto había señalado que éste frecuentaba a una mujer "güerita” (rubia).

La arrestaron el 11 de enero de 2011. Elementos de la PGR la amenazaron que si no admitía su "culpa” y firmaba su declaración, que ya habían preelaborado, le harían daño a su hermano, quien también había sido detenido arbitrariamente,  y a la pequeña hija de Juana Hilda.

El chofer de Hugo Alberto dijo que no era Juana Hilda

Tuve acceso a un documento de puño y letra de Juana Hilda, el 16 de abril de 2007, que obra en el expediente judicial abierto en la Corte de Illinois, en Chicago, para extraditar a Brenda.

Es un documento inédito. En él Juana Hilda señala que la primera vez que ella vio a la señora Miranda fue el 12 de julio de 2005 a las 5 de la tarde. Ella estaba en su departamento y bajó a pagar una orden de sushi que había pedido a domicilio. Afuera había un grupo de policías en la calle, buscando al azar, y estaba la señora Miranda. Ahí empezó todo. Miranda le preguntó si ella vivía ahí, Juana Hilda dijo que sí, que en el departamento 4. Ella no era rubia, ni tenía ojos verdes, ni era muy exuberante, pero tenía el cabello teñido de dorado y era modelo.

Los policías le hicieron preguntas y ella respondió sin problemas. Entró a comer al departamento de una amiga y, cuando la volvieron a buscar, ella salió y siguió respondiendo.

"¿Por qué conmigo?”, preguntó ella a los policías. "Me respondieron que la camioneta de este muchacho estaba a tres cuadras y que vecinos, preguntando las características de la mujer que ellos buscaban, les dijeron el número del edificio, ya que ahí había varias güeritas, pero que si yo no era, que si podían en ese momento hablarle al chofer del muchacho para que él me viera, ya que él si conocía a la muchacha que salía con Hugo Alberto Wallace…”

Juana Hilda aceptó que la viera el chofer de Hugo Alberto, no le preocupaba, porque ella no era la persona que estaban buscando. Lo que quería es ya poder seguir con sus ocupaciones.

Llegó el chofer: "Es un muchacho chaparrito, moreno, delgado, y me ponen enfrente de él”, explicó Juana Hilda. "Y le preguntan los policías al chofer ‘¿Es ella la mujer?' Y se me queda viendo el muchacho de arriba abajo, y responde: ‘¡No!'. Y ellos todavía le dicen '¿Estás seguro de que no es ella?'. El chofer repitió: ‘No, la muchacha que conozco es más alta'”.

"Ellos me dicen ‘Disculpe señorita, este es nuestro trabajo', a lo cual les digo yo: ´No hay problema', y se retiran de ahí”.

Fue 16 días después que, regresando al departamento, se dio cuenta que alguien había entrado. Sus pertenencias estaban en desorden y le habían robado aretes y dos celulares. Una vecina le dijo que había sido "la señora del otro día”, es decir, Isabel Miranda, quien caprichosamente había ya decidido que Juana Hilda era la culpable.

Para armar el caso investigaron a su novio, César Freyre, y a los amigos de éste. Así fabricaron una supuesta banda de secuestradores de 6 elementos.

Tras su detención, en las oficinas de la PGR cuando era interrogada, un funcionario de la dependencia la agarró del cuello, la tiró al suelo y le apuntó con su arma. Mientras Juana Hilda lloraba impotente, el funcionario la sujetó, le tapó la boca y comenzó a manosear su cuerpo "Ah, mira. qué bonito, ¿a poco no sientes rico? Te pregunto porque ahorita que te lleven los otros policías, que van a ser como diez los que te van a tocar así de rico”, le dijo el servidor público.

En esas condiciones Juana Hilda, aterrorizada, aceptó firmar la declaración que previamente ya habían elaborado, donde imputaba a cinco personas, incluyendo a Brenda, quien era novia del amigo de un novio de Juana Hilda.

Así comenzó la historia de terror orquestada y dirigida por la señora Miranda con la complicidad de funcionarios de la PGR a lo largo de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El caso judicialmente estaba a punto de caerse, por lo insostenible. Siete meses después de la detención de Juana Hilda hubo una nueva inspección, impulsada por la señora Miranda, en la que milagrosamente los peritos habían encontrado una gota de sangre. Con ello y las declaraciones de Juana Hilda y otros detenidos torturados, mantuvieron en pie el inconsistente caso.

La gota de sangre fue cotejada con las pruebas de ADN de la señora Miranda y del supuesto padre biológico, el señor Wallace. Los resultados dieron positivo, solo que pertenecía al sexo femenino. Bajo presiones de Miranda y sus secuaces, la perito dijo que había cometido un error de dedazo, pero que la sangre en realidad era de hombre.

Así se extendió la pesadilla. Brenda fue detenida en 2007 en Illinois, Estados Unidos, a petición de la PGR, y estuvo presa en una cárcel. Con esa prueba de sangre y la declaración de Juana Hilda bajo tortura, la Corte de Distrito Norte extraditó a Brenda en septiembre de 2009.

La víctima que nunca existió

Pese a que en el propio expediente del caso hay testimonios y pruebas periciales -como estados de cuenta, grabaciones de voz y trámites gubernamentales de que Hugo Alberto estaba con vida y activo días, meses y años después de su supuesto homicidio- por presión de la señora Miranda, la PGR mantuvo la acusación contra los supuestos secuestradores y homicidas.

El punto central, medular, del caso es una mentira mayúscula que de raíz desbarata el caso: Hugo Alberto no es hijo biológico del señor Wallace, como yo había ya indiciado desde 2014 en base a un acta del registro civil, sino que fue procreado por Carlos León Miranda e Isabel Miranda, quienes son primos. Eso significa que la gota de sangre encontrada en el departamento que habitaba Juana Hilda no es de él, sino de su hermanastra, que sí fue engendrada por Miranda y Wallace.

Esto revela la siembra de una prueba falsa en una falsa escena, de un falso crimen.

La justicia tiene una deuda con Brenda

Brenda ha pasado por diferentes prisiones federales. Y ha sido torturada sexualmente, a golpes, y psicológicamente, por servidores públicos que se supone debían proteger sus derechos humanos y civiles.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas emitió en octubre de 2020 un documento oficial, el 45/2000, en el que afirma que Brenda es sobreviviente de tortura y detención arbitraria por parte de autoridades del gobierno de México, luego de que la ONU hiciera su propia investigación. Y ordenó la liberación inmediata de Brenda. Sin embargo, hasta ahora, eso no ha ocurrido.

En agosto de 2021, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el cual se ordenó la liberación de presos que estén encarcelados bajo las siguientes circunstancias: cuya única prueba condenatoria sea una confesión obtenida bajo tortura, y/o que tengan 10 o más años en prisión sin recibir sentencia, y/o sean reclusos con más de 65 años de edad y con enfermedades crónico-degenerativas, y/o sean mayores de 70 años de edad.

La Secretaría de Gobernación anunció el 14 de septiembre pasado que había una lista de 682 personas encarceladas bajo procesos federales que serían beneficiadas con ese decreto. De acuerdo con la información del Instituto de Defensoría, una de ellas es Brenda Quevedo Cruz. Pero explicaron que, para que la orden presidencial se concrete en un hecho, había de por medio un abismo. No existe aún la ruta jurídica clara para la liberación de los detenidos que se encuentran en la lista.

Tendría que celebrarse una audiencia incidental para que un juez cambie el estatus de orden de aprehensión, y para que Brenda finalmente pudiera estar en libertad con brazalete electrónico para ser localizada.

Esa audiencia se llevará a cabo el 5 de noviembre en el Juzgado Primero de Distrito de Proceso Penales Federales en la Ciudad de México. Será una audiencia incidental de revisión de la medida cautelar de Brenda, y ahí se va a decidir si se cumple con la instrucción dada por la ONU y por el decreto presidencial, y se dicta su libertad luego de casi 14 años de estar en la prisión por un crimen que no cometió.

La señora Miranda, quien ha sido motor de esta atroz injusticia, ha interpuesto, junto con el Ministerio Público, una serie de recursos de apelación, para evitar que los juzgados puedan valorar las pruebas que han salido a flote en los últimos seis años, que demuestran la falsedad del homicidio. Miranda quiere incluso impedir que los jueces tomen en cuenta la declaración ministerial del verdadero padre biológico de Hugo Alberto, con lo cual el caso no solo quedaría disuelto, sino que ella misma terminaría en prisión por la cadena de delitos cometidos.

Brenda tenía 27 años cuando fue arrestada. Ahora tiene 41. Lleva muchos años en prisión. En 2010, en la cárcel de Islas Marías, durante toda una noche fue víctima de una brutal tortura por parte de un grupo de servidores públicos que llegaron a la isla ex profeso. Pero seguramente estas serán para ella las horas más largas de su vida.

El próximo 5 de noviembre el Juez tiene la posibilidad de darle a Brenda lo que las autoridades responsables de garantizar sus derechos le han negado: justicia y libertad.

(cp)