La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aumentará la presión contra Cuba permitiendo a sus ciudadanos presentar demandas contra empresas extranjeras con negocios en la isla.

Este giro político prepara el terreno para nuevas disputas económicas entre Estados Unidos y la Unión Europea. También es, por otra parte, otro nuevo capítulo en la escalada entre Washington y La Habana por el apoyo de esta última al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El asesor de seguridad nacional de EE. UU., John Bolton, anunció este cambio durante un discurso este miércoles (17.04.2019) en Miami, ciudad que acoge a una numerosa comunidad de exiliados y emigrados de la isla, según anunció un responsable público el martes. En el discurso tambiénanunció nuevas sanciones contra Venezuela y Nicaragua, dos aliados izquierdistas de la Cuba comunista.

Poco antes del discurso de Bolton, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, confirmó que su país permitirá las demandas contra compañías extranjeras que operen en propiedades expropiadas a estadounidenses durante la Revolución cubana de 1959. "Cualquier persona o empresa que haga negocios en Cuba debería prestar atención a este anuncio”, dijo Pompeo.

El cambio entrará en vigor el 2 de mayo.

La ley Helms-Burton

La decisión estadounidense de poner fin a una suspensión parcial de la ley Hemls-Burton de 1996 podría exponer a empresas de Estados Unidos, Europa y Canadá a demandas por valor de miles de millones de dólares, además de socavar los intentos cubanos de atraer las inversiones extranjeras, que han tomado ímpetu tras el abrupto corto en el subsidio de petróleo venezolano.

El título tercero de dicha ley dio a los estadounidenses que se fueron de Cuba el derecho a emprender acciones legales contra las empresas –en su mayoría europeas– que operan a partir de propiedades que Cuba nacionalizó tras la revolución comunista que tuvo lugar en la isla en 1959.

Además, la administración empezará a aplicar el título cuarto de la ley, que exige la denegación de visas en EE. UU. a quienes "confisquen o trafiquen con propiedad confiscada en Cuba reclamada por ciudadanos estadounidenses”.

Desde Bill Clinton, todos los presidentes del país han aprobado suspensiones de esta legislación, preocupado por las disputas comerciales que puede generar con aliados y por el efecto de un potencial alud de disputas en los tribunales estadounidenses en un posible acuerdo futuro con Cuba sobre las propiedades nacionalizadas.

Cuba ha dicho que indemnizará a los propietarios de las propiedades embargadas, pero solo si a su vez es indemnizada con miles de millones de dólares por los daños provocados por el embargo comercial que desde hace seis décadas le aplica Estados Unidos.

Bruselas amenaza con una disputa comercial

La UE, el socio comercial más importante de Cuba, ha advertido que podría demandar a EE. UU. ante la Organización Mundial del Comercio si intenta interferir en los vínculos comerciales entre estados soberanos.

Un portavoz de la Unión Europea dijo a DW que está preparada para defender los intereses europeos en el asunto. "La Unión Europea reitera su fuerte oposición a la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales que considera contrarias al Derecho internacional”, declaró el portavoz de las instituciones comunitarias.

"La UE está preparada para proteger los intereses europeos, incluidas las inversiones europeas y las actividades económicas de los individuos y entidades de la Unión en sus relaciones con Cuba, si estas se viesen afectadas”.

El anuncio llega luego de que la administración Trump enojase a sus aliados europeos con su retirada del acuerdo climático de París y del acuerdo nuclear con irán de 2015, y en un contexto de encontronazos comerciales entre Washington y Bruselas.

Europa ha apoyado a EE. UU. a la hora de aplicar presión sobre Maduro en la crisis venezolana, pero la apertura de un frente comercial y sus nefastas consecuencias en la economía cubana podría implicar la pérdida de apoyo de socios cruciales como España.

Los intervencionistas radicales quieren un cambio de régimen

William LeoGrande, profesor de la American University de Washington DC y especialista en América Latina, dijo que un sector radical intervencionista de la administración de Trump ha abrazado la política del cambio de régimen en relación con Venezuela y Cuba.

"Esperan que haciendo derrumbarse al Gobierno venezolano y cortando las exportaciones de petróleo a Cuba puedan provocar una crisis económica que genere también un colapso político”, dijo a DW.

Esta política de la administración del presidente estadounidense está diseñada para asustar a los inversores, dejando a Cuba sin los capitales que necesita para hacer crecer a su economía”.

Europa ha intentado que Washington no ponga fin a las suspensiones de esta ley. "Ahora parece que las preocupaciones de la UE van a ser ignoradas, a pesar de los esfuerzos europeos por ser de ayuda en la resolución de la crisis de Venezuela”, dijo LeoGrande. "Es otro ejemplo del unilateralismo de Trump y de su desprecio por los aliados tradicionales”.

El estado de las relaciones entre Cuba y EE. UU. se ha desplomado durante el Gobierno de Trump, tras el histórico acercamiento que intentó su predecesor, Barack Obama, cuando los dos países reestablecieron las relaciones diplomáticas.

(eal/gg)

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