En el 2016, finalmente, llegó el día: las FARC-EP acordaron un alto al fuego con el Estado colombiano, y desarmaron a 13.000 hombres. Pero era una paz frágil, y se ha ido erosionando. En los siete años posteriores aparecieron disidentes de los Acuerdos de Paz, y otros grupos como los narcoparamilitares y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continuaron con sus actividades ilícitas. Ahora, en la Colombia post-FARC, el terror del conflicto armado continúa, aunque con diferentes protagonistas y dinámicas.

¿Cuáles grupos armados protagonizan el conflicto?

"Los tres grandes grupos armados a nivel nacional son el ELN, el Clan del Golfo -es decir, los narcoparamilitares- y las disidencias de las FARC” explica a DW Juan Guillermo López, un investigador doctoral de la Universidad Libre de Berlín especializado en el conflicto armado colombiano. También matiza que la presencia y poder de estos actores varía mucho dependiendo de la región.

Según números que la Fundación Paz & Reconciliación (PARES) compartió con DW, el ELN es el grupo más grande, con 5.882 militantes. Esta es la última guerrilla histórica que queda en Colombia. López apunta que, desde que las FARC se desmovilizaron, el ELN se ha vuelto menos político y se ha enfocado más en los negocios ilegales.

En tamaño los sigue el Clan del Golfo – las autedenominadas "Autodefensas Gaitanistas de Colombia"-, con 3.618 efectivos. Esta es una organización criminal narcoparamilitar que empezó a controlar más territorio después de los Acuerdos de Paz. Según López, no tienen ideología política y "están metiéndose en lugares en los que antes las FARC no los dejaban pasar.”

Por último, están las disidencias de las FARC, aquellos militantes que retomaron las armas después de los Acuerdos. Se dividen en el Estado Mayor Central FARC, con 3.480 efectivos, y la Segunda Marquetalia, con 1.646. 

Independientemente del grupo en cuestión, hay una motivación clara: producir dinero. Y tienen muchas maneras de hacerlo.

Lo que importa son los negocios

"Las disputas y alianzas entre estos actores se dan estratégicamente en torno a los negocios ilegales” comenta a DW Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Investigación "Conflicto, Paz y Postconflicto” de PARES. "Son dinámicas que varían territorialmente, según la presencia de los diferentes grupos y los negocios a su disposición”.

Las confrontaciones con el Ejército ya no son la norma. La mayor parte de las 372 masacres que ha habido desde el 2017 han sido contra la población civil y entre los mismos grupos armados, al buscar expandir o defender su poder económico.  Las principales fuentes de ingreso son el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.

"El conflicto que más afecta a los colombianos es el que hay entre el Clan del Golfo y el ELN. Los siguen las disputas entre las mismas disidencias y, por último, el choque entre el ELN y las disidencias”, señala Restrepo. El Ejército, por su lado, ha jugado diferentes roles en los últimos años. Para Restrepo tuvo una presencia exagerada en el Gobierno del expresidente Iván Duque, mientras que en el actual no aparece lo suficiente. En ambos casos, las consecuencias las sufre, sobre todo, la población rural.

Organizaciones campesinas

Como suele suceder en los contextos poscoloniales, históricamente en Colombia los esfuerzos estatales de desarrollo se concentraron en las grandes ciudades, y han descuidado el campo. Esto creó un vacío de poder que llenaron los grupos armados, antes de los Acuerdos y en la actualidad. Para defenderse, los campesinos han creado organizaciones como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), que desde 1996 está defendiendo los derechos humanos del campesinado en el Magdalena Medio.

Irene Ramírez, la campesina que preside la ACVC, explica a DW que "los grupos armados siguen exigiendo pagos al campesinado, les cobran ‘vacunas'. Se han vuelto unos mafiosos. Ya no tienen ideales políticos. Están reclutando menores sin piedad. Las mamás estamos angustiadas, así que nos organizamos y a través de la ACVC alzamos nuestra voz”.

Actualmente la Asociación está exigiendo que se cumplan los Acuerdos de Paz, sobre todo en lo que a la sustitución de cultivos ilícitos respecta. Ello a pesar de las amenazas que reciben. Irene nos cuenta: "El año pasado, un mando de las disidencias me dijo que si no me sentaba a negociar con ellos, iban a robarse el ganado de la ACVC. Y esos animales son nuestro patrimonio. También me dijeron que si no me iba de la región, mi vida estaba en peligro. Pero aquí seguimos”.

Una estrategia consistente

Hasta ahora, no se ha construido una visión estatal de paz que haya sido implementada uniformemente por los gobernantes. El péndulo no se ha detenido.

Restrepo plantea tres puntos para alcanzar la paz total: "En primer lugar, hay que fortalecer una estrategia de Seguridad y Defensa Nacional respetuosa de los derechos humanos. En segundo lugar, hay que clarificar cuál será el paso a paso y tener lineamientos claros que tomen en cuenta lo aprendido en los Acuerdos con las FARC. Por último, hay que fortalecer una política social local, es decir, que tome en cuentas las problemáticas específicas de cada localidad”, explica Restrepo. Y sentencia: "Por sobre todas las cosas, necesitamos una estrategia consistente”. (ms)