En otra época se idealizaba a los luchadores por la libertad y los derechos humanos. Actualmente, muchos países consideran a estos activistas como enemigos del crecimiento o incluso “agentes extranjeros”. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) están cada vez más en el punto de mira de los más poderosos. “Se trata de actuar contra todo lo que supone protesta”, aclara Barbara Unmüßig, presidenta de la fundación Heinrich Böll, cercana al partido ecologista alemán.

Persecución en nombre de la nación

Entre los que persiguen a organizaciones de activistas, Rusia encabeza el ránking mundial. El 8 de julio, la Duma incluyó a doce ONG en una lista negra y prohibió sus actividades. Y también la organización pro derechos humanos Memorial, colaboradora de la Fundación Böll, está dentro de esta lista de "antipatriotas". Según información de la prensa, a principios de año Memorial ya había sido clasificada en el ministerio de Justicia como un “agente extranjero”.

En cuanto a las herramientas de intimidación, son cada vez más precisas con bloqueos de cuentas bancarias, cierre de oficinas, detención de activistas y carísimas demandas judiciales. No solo en Rusia, sino también en otros lugares con una tendencia que también se observa en el mundo digital con el bloqueo de páginas web o de canales de Youtube y cuentas de Twitter.

En un estudio realizado por el Instituto GIGA de Estudios Regionales de Hamburgo, India llegó a retirar el permiso para subvenciones a 9000 organizaciones. Allí, Greenpeace lidia también contra el bloqueo de cuentas y demandas judiciales, por protestar contra la apertura de una mina de carbón en el bosque Mahan, uno de los más antiguos de Asia. “El servicio secreto indio publicó un informe en el que se acusaba a ONGs como Greenpeace de impedir el crecimiento económico”, aclara Niklas Schinerl, trabajador de la organización. “Esa forma de actuar contra los ecologistas la he visto en pocos países”, continúa.

Democracia sin rumbo

Otras organizaciones como Deutsche Welthungerhilfe (Ayuda para el Hambre) o Brot für die Welt (Pan para el Mundo) coinciden en que la presión política sobre sus cooperantes y su trabajo es cada vez mayor. El repertorio de medidas represoras va desde la retirada del registro de ONG, hasta la expulsión y detención de los trabajadores. El último ejemplo fue un proyecto de ley de Camboya, que obligaba a las organizaciones a mantener la neutralidad política. “La verdadera intención era controlar iniciativas ciudadanas que quieren dar su opinión”, decía una nota de protesta de Brot für die Welt y otras 50 organizaciones. Algo así como una "ley mordaza".

Además de Rusia, China, Camboya o India, también otros países como Nigeria, Turquía, Israel, Hungría o Ecuador vigilan cada vez más a activistas y ecologistas. Y en Bolivia, Evo Morales amenazó con expulsar a todas las ONGs que protestaban contra la extracción de petróleo en zonas protegidas. “Los bolivianos no serán los guardabosques de los países industrializados”, aclaraba haciendo referencia a que las reservas naturales fueron creadas por el “imperio norteamericano” para compensar sus propios desastres ecológicos.

A principios de la década pasada, parecía que las ONG iban a ser "la base de una sociedad global", apuntan Günter Schucher y Katja Drinhausen, del Instituto GIGA. Pero ahora, muchos regímenes frenan a la sociedad civil para recuperar el control político. Además, existe una lucha abierta entre sociedad civil democrática y antidemocrática. “China y Rusia aprendieron y también fundan ONG”, aclara Barbara Unmüßig, de la fundación Böll. “China extiende sus institutos culturales y difunde su punto de vista a través de medios y emisoras”, continúa. Unmüßig cree que hay que reaccionar y juntar apoyos para afrontar estratégicamente este reto: “Nos defenderemos”, concluye la experta.