Las organizaciones de la sociedad civil de El Salvador enfrentan "uno de los escenarios más adversos" desde el final de la guerra civil (1980-1992), de acuerdo con una investigación dada a conocer este martes (28.11.2023) y que da cuenta del cierre de espacios de diálogo con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, acoso policial y censura.

La investigación fue respaldada por las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario (SJH); Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR); Movimiento de Trabajadores Despedidos; COPPES; Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA); TRACODA; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE); CECADE, Servicio Social Pasionista (SSP) y Cristosal.

El estudio, realizado por la organización humanitaria Cristosal, recoge la experiencia de 71 ONG que trabajan en diferentes sectores y permitió identificar "patrones de vulneraciones".

"Estamos ahora bajo la administración de un Gobierno profundamente antidemocrático, violador de los derechos humanos, que abusa del poder militar, del poder policial, que ha cooptado el sistema judicial y otras instituciones independientes", declaró a la agencia EFE David Morales, de Cristosal.

Agregó que, a su juicio, "este tipo de gobiernos trata de vender una imagen que sea popular", por lo que "les incomoda que se hable de sus abusos de poder, de sus transgresiones a la Constitución, a las violaciones a derechos humanos y en esa medida se vuelve un gobierno intolerante hacia las organizaciones de derechos humanos".

De acuerdo con el estudio, "las organizaciones están en peligro" y "hay patrones muy graves, como el acoso policial".

"Un ejemplo es el registro arbitrario y abuso de autoridad en sedes de organizaciones y en las casas de representantes de estas, amenazando incluso con aplicar el régimen de excepción", según la organización Cristosal.

"Otros patrones son la eliminación de espacios de participación ciudadana en la administración pública, la negativa de acceso a la información y el retraso o impedimento en la legalización de sus entidades", puntualizó el informe.

La investigación también da cuenta de que "las organizaciones anticipan un escenario caracterizado por condiciones cada vez más hostiles y complicadas", así como "la preocupación sobre el cierre de sus organizaciones".

ama (efe, el mundo)