En lo que va de año, no una ni dos, sino tres organizaciones financieras han acaparado titulares en la prensa por albergar en sus arcas grandes sumas de dinero pertenecientes a instituciones estatales venezolanas, funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro o empresarios cercanos al establishment chavista. El 8 de febrero, contribuyendo con el estallido del “caso SwissLeaks”, la red de periodismo investigativo Armando.Info reveló que Venezuela era el país que más dinero había guardado en la sucursal ginebrina del banco HSBC, después de la propia Suiza y Gran Bretaña.

De los 14.800 millones de dólares depositados en cuentas de venezolanos, 12.000 millones habían sido colocados por el Estado caribeño entre 2005 y 2007. El 3 de marzo, la Fiscalía de Santo Domingo emitió una orden de captura internacional contra tres exejecutivos venezolanos del quebrado Banco Peravia. Al trío se le imputa el haberse confabulado para cometer estafas y el lavado de activos valorados en 28,8 millones de dólares. Periodistas venezolanos les atribuyen transacciones comerciales con personalidades del chavismo; uno de los señalados fue identificado como accionista de varias compañías y medios en la tierra de Bolívar.

Y el 10 de marzo, Estados Unidos acusó a Banca Privada d’Andorra (BPA) de blanquear 4.200 millones de dólares de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según las investigaciones de la Financial Crisis Enforcement Network (FinCEN), una tercera instancia –una red de delincuentes financieros venezolanos– colaboró estrechamente con funcionarios de alto rango del Gobierno de Maduro para llevar los fondos a Europa. Este caso fue desvelado un día después de que Estados Unidos congelara en su territorio los bienes de siete venezolanos –servidores públicos de alto rango– por la presunta comisión de actos de corrupción.

¿Escándalos de bajo impacto?

Mientras más calla el Gobierno al respecto, más cunde la indignación entre los opositores del estamento chavista, quienes denuncian desde hace años la opacidad con que Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro han manejado las finanzas públicas. ¿Cabe esperar que estos escándalos perjudiquen al partido de Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en las elecciones legislativas por venir? Daniel León, especialista en Economía Política de paso por la Universidad de Leipzig, no lo cree. “El erario público viene administrándose de manera oscura desde hace mucho tiempo”, dice el experto.

“No es ni el ‘extravío’ de 20.000 millones de dólares, atribuido a las autoridades de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), ni el escándalo financiero más reciente lo que está haciendo caer los índices de popularidad del Gobierno de Maduro. Lo que hace que un presidente pierda puntos en las encuestas es una ‘economía real’ calamitosa: cuando el desabastecimiento se vuelve un problema crónico y la inflación se acentúa sin parar”, explica León, aclarando que el ámbito financiero y el de la economía cotidiana están conectados, pero no de una forma evidente para los simpatizantes del chavismo.

“Yo me pregunto por qué tantos venezolanos se muestran tan pacientes frente a una situación tan desesperante como la de su país”, admite por su parte el economista Pedro Morazán, especialista en desarrollo y cooperación internacionaldel Instituto Südwind, ubicado en la Región de Colonia. “Creo que la respuesta tendría que abordar el asunto desde una perspectiva antropológica. La propensión a un mesianismo casi religioso es ubicua en el Caribe; yo imagino que muchos venezolanos han puesto su destino en manos del «heredero de Chávez»”, comenta el economista. Daniel León disiente: a sus ojos no hay mesianismo, sino clientelismo puro y duro.

Maduro, sin respaldo popular

Morazán matiza su afirmación, citando las encuestas más recientes: “Los sondeos sugieren que la aceptación de la gestión de Maduro está por debajo del 40 por ciento y que, si se realizan elecciones parlamentarias este año, el PSUV las va a perder. Sin embargo, tras la aprobación de la Ley Habilitante que le da poderes especiales a Maduro y le permite gobernar por decreto hasta el 31 de diciembre de 2015, de nada le sirve a la oposición venezolana obtener la mayoría en la Asamblea Nacional”, lamenta el economista delInstituto Südwind. “Aquello no es una democracia”, acota Morazán.

“¡Eso sí!, sería una equivocación pensar que, por sí sola, la prevalencia de la corrupción administrativa es la explicación del estado desastroso en que se halla Venezuela, porque la corrupción no es un fenómeno nuevo o exclusivo de ese país. Al uso discrecional que Chávez hizo de los recursos económicos generados por PDVSA se sumaron las ambiciones de proyectar su proyecto político hacia el resto de Latinoamérica y las prácticas asistencialistas para combatir la pobreza, que eran legítimas e imprescindibles. Pero Chávez cometió un error innecesario: él le hizo la guerra al sector privado y destruyó el aparato productivo nacional”, sostiene Morazán.

“La corrupción también es un problema en países democráticos como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, pero ellos no sufren el desabastecimiento que padece Venezuela porque sus empresarios están activos y los inversionistas extranjeros siguen llegando a sus territorios. El uso discrecional de los ingresos se ve también en Estados petroleros como Arabia Saudita, Catar y Omán, pero estos son dictaduras desarrollistas que no conocen la escasez de productos de primera necesidad. Es terrible lo que ocurre en Venezuela porque los más afectados por este estado de cosas es la gente que el chavismo dice intentar ayudar”, concluye Morazán.