Los planes para la instalación de dos plantas de celulosa en las cercanías de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, en las márgenes del Río Uruguay, límite natural entre Uruguay y Argentina, se conocen desde hace aproximadamente tres años.

En los últimos meses de 2005 el tema comenzó a suscitar enfrentamientos políticos entre los dos gobiernos y movilizaciones de grupos ecológicos y habitantes de la región. El tono diplomático entre los dos países ha llegado a endurecerse de modo inusitado, al grado que Argentina piensa llevar el caso al tribunal internacional de La Haya.

Los expertos critican que esa paso implicaría desconocer el organismo de solución de controversias que tiene el Mercosur (al que además pertenecen Brasil y Paraguay). A la fecha, Argentina jamás ha recurrido al Tribunal Penal Internacional. "Ni siquiera en ocasión de otros conflictos internacionales tanto o más graves como el actual, con Chile por los hielos continentales; con Inglaterra por las Malvinas", escribe el columnista Guillermo Waksman en el semanario uruguayo Brecha.

¿Papel y trabajo contra derechos humanos?

Los actores del caso son dos empresas: Metsa Botnia, corporación que posee cinco fábricas de pasta de celulosa en Finlandia y que planea una inversión de cerca de 1.200 millones de dólares, y Ence, empresa española y segunda productora mundial de pulpa de eucaliptus, con la que se produce la celulosa. El valor total del proyecto de esta última ronda los 660 millones de dólares. La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial prestaría una suma adicional total de cerca de 400 millones de dólares al complejo industrial.

El gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez asegura que las papeleras crearán al menos 2.000 puestos de trabajo en la zona. Se trata de la más importante inversión extranjera jamás recibida por ese país. De iniciar actividades en 2007, se trataría del mayor complejo papelero en la historia del Río de la Plata. Con una producción anual de 1,5 millones de toneladas de celulosa doblaría el total producido, por ejemplo, por diez productoras de celulosa argentinas en funcionamiento.

Mientras tanto, la población de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en la ribera argentina, se manifiesta en contra del proyecto, cortando las rutas de acceso y bloqueando el flujo turístico argentino hacia Uruguay, así como el paso de camiones. Las protestas fueron avaladas por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. Ahora, el presidente Kirchner trata de calmar los ánimos.

Según los argentinos las plantas contaminarán el río, perjudicarán el turismo, fuente básica de empleo en la región, y generarán severos riesgos para la salud. El reclamo argentino se basa en el Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975 y basado en el derecho internacional según el cual “un estado debe garantizar que sus actividades no causen daño a otros estados”.

Es más lo que los une que los separa, pero...

Uruguay y Argentina son países unidos por una cultura común como no hay dos en América Latina. Sin embargo, en estos días se escucha la dureza de los reclamos argentinos y la respuesta uruguaya es “defender la soberanía” y “no dejarse patotear” por el “hermano grande”.

Los encontronazos diplomáticos entre el gobierno de Néstor Kirchner y el de Tabaré Vázquez produjeron respuestas subidas de tono de ambas partes que contribuyeron más a reavivar sentimientos nacionalistas que a esclarecer beneficios y desventajas.

Según algunas organizaciones ecologistas, las empresas involucradas tienen varios y graves antecedentes de delitos medioambientales.

Según la Corporación Financiera Internacional, el brazo del Banco Mundial que opera con el sector privado, las plantas de celulosa no afectarán el medio ambiente y cumplen con los requisitos de protección al medio estipulados por la entidad financiera.

En diciembre pasado, el Banco Mundial, publicó un informe de impacto ambiental y social del proyecto, esperado por Argentina para respaldar su postura. En cambio, el informe sostiene que no se perturbará significativamente al turismo en la ribera uruguaya o argentina. Asimismo, Uruguay sería beneficiado con la creación de unos 7.000 puestos de trabajo.

Ahora se aguarda la reunión del Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN), creado por Kirchner y Vázquez, en la que deberá aprobar su primer informe, aunque de antemano queda claro que no habrá una sola posición.

Según los analistas, en favor de la postura uruguaya cuenta la evaluación del impacto social y ambiental. Asimismo destacan que el proyecto goza de un respaldo político interno que no padece las fisuras que se registran en Argentina.

¿Qué hay detrás de esta batalla diplomática? ¿Se justifica el temor y las protestas de los habitantes de Entre Ríos y la dureza del gobierno argentino? ¿Le preocupa a Uruguay mantener los estándares ecológicos? ¿Tiene razón en defender las inversiones de las papeleras? ¿Quién se beneficia con la disputa entre los dos países? DW-WORLD habló con dos expertos para hacer escuchar “las dos campanas”. Entérese leyendo las opiniones en "Papeleras en Sudamérica , entre industria y medioambiente?".