La COVID-19 ya ha matado a más de 200.000 personas en el mundo. Más de la mitad de estas muertes ocurrieron en Europa. Por lo tanto, es fácil entender por qué los Gobiernos han tenido que tomar medidas extraordinarias. A medida que las restricciones se levantan gradualmente, es crucial que las que son muy fuertes no sobrepasen la emergencia.

La vigilancia es un caso puntual. Mientras vale la pena explorar el potencial de las herramientas digitales para contener la propagación de infecciones, también pueden volverse contra nosotros cuando se entrometen en nuestras vidas privadas y restringen nuestra capacidad de participar en la sociedad.

Este riesgo ya ha surgido en varios países europeos. En Rusia, el Gobierno ha recurrido a cámaras de reconocimiento facial para imponer la cuarentena sin las garantías de que dicha tecnología no se utilizará para otros fines. En Azerbaiyán, los ciudadanos deben reportar sus movimientos por SMS a un sistema electrónico, lo que potencialmente permita a la policía monitorearlos. En Montenegro, el Gobierno publicó en su sitio web los nombres y las direcciones de las personas a las que se les ordenó autoaislarse luego de regresar del extranjero.

En Polonia, una aplicación obligatoria proporcionada por el Gobierno requiere que las personas en cuarentena se tomen selfies con el registro de la hora y las coordenadas de GPS varias veces al día. El incumplimiento de esta imposición puede resultar en intervención policial y una multa considerable. Turquía también anunció una aplicación obligatoria similar para seguir el paradero de las personas que han resultado positivas.

En Reino Unido, el periódico The Guardian reveló que las empresas de tecnología procesaron los datos personales confidenciales de pacientes sin transparencia ni responsabilidad.

Deben respetarse los límites legales

Estos son los ejemplos más preocupantes de una tendencia general de vigilancia que está tomando lugar en Europa que plantea preocupaciones sobre su compatibilidad con las normas de derechos humanos que rigen la protección de datos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que pueden existir restricciones y que el uso de datos personales puede ser necesario en ciertas situaciones de emergencia. Sin embargo, también recalcó que los Estados solo pueden hacerlo bajo condiciones excepcionales y precisas, mientras que ofrecen garantías legales adecuadas y supervisión independiente. También deben asegurar de que las medidas adoptadas se basen en la jurisprudencia, permanezcan compatibles con el objetivo deseado, sean lo menos intrusivas posibles y se levanten una vez que ya no exista la razón para introducirlas.

Si los Gobiernos no respetan estos límites legales, corren el riesgo de poner en peligro nuestros derechos sin necesariamente proteger nuestra salud. También se arriesgarán a perder el apoyo público, el cual es una componente indispensable en los esfuerzos de salud pública.

Por lo tanto, es alentador que el comité de ministros del Consejo de Europa, en el que están representados los 47 Estados miembro, declaró explícitamente el 22 de abril que los Estados deben combatir la enfermedad y sus consecuencias más amplias de acuerdo con los principios de la organización y los compromisos que asumieron.

De hecho, una democracia no tiene que sacrificar la privacidad para proteger la salud. Los Gobiernos deben encontrar el equilibrio correcto entre estos dos imperativos. Para que esto suceda, tienen que seguir una serie de pasos.

Equilibrando privacidad y medidas de salud

En primer lugar, los dispositivos digitales deben diseñarse y utilizarse de conformidad con las normas de privacidad y no discriminación. Deben ser anónimos, encriptados, descentralizados, funcionar en código abierto y estar disponibles para la mayor cantidad de personas posible, con lo que se reduce así la brecha digital. Su uso debe ser voluntario, basado en el consentimiento informado, restringido a los propósitos de protección de la salud, contener un límite claro de tiempo y ser completamente transparente. Los usuarios deben poder elegir no participar en cualquier momento, eliminar todos sus datos y poder desafiar las intrusiones en su esfera privada a través de medidas efectivas.

En segundo lugar, las leyes deben cumplir estrictamente con el derecho a la privacidad como está consagrado por las leyes de las constituciones nacionales y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En tercer lugar, las operaciones gubernamentales deben estar sujetas a revisión judicial, como también a la supervisión por parte del Parlamento y las instituciones nacionales de derechos humanos para garantizar la rendición de cuentas. Las autoridades independientes de protección de datos deben probar y aprobar los dispositivos tecnológicos antes de que sean usados.

Las crisis de salud pública son amenazas reales que requieren una respuesta efectiva, pero el imperativo de salud no debe convertirse en una carta blanca para espiar la vida de las personas. Las medidas de vigilancia que eluden los derechos humanos y el estado de derecho no son una solución democrática.

Dunja Mijatovic es la comisaria del Consejo de Europa para los Derechos Humanos.

(rrr/few)
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