Los juristas oficiales cubanos están molestos, muy molestos. Tras las condenas, que llegan hasta los 30 años de prisión, contra cientos de manifestantes de la protesta del pasado 11 de julio de 2021, se ha difundido en redes sociales el nombre de fiscales y jueces. Junto a sus rostros, aparece también la denuncia de que usaron los tribunales para enviar un mensaje de terror y, ante esta queja, los letrados han respondido con varias amenazas.

Una declaración de la filial de la Unión de Juristas de Cuba en La Habana asegura que sus miembros están siendo víctimas de una "campaña de descrédito". El texto advierte que caerá todo el peso de la ley sobre cualquier persona que se sume a esas críticas, incluso "simplemente facilitando la información". La nota añade que están dispuestos a cambiar la toga y el estrado por el fusil y la trinchera. El tono del documento recuerda más al lenguaje bélico que al leguleyo.

Temor a que el sistema tenga los días contados

¿Por qué está reacción tan iracunda? Si consideran haber sido justos, ¿a qué se debe el malestar por el hecho de que se difundan sus identidades? ¿Acaso esperaban que los familiares de los condenados iban a mantener en secreto las sentencias y a conformarse con ver languidecer a sus hijos tras las rejas? ¿Es que se creen tan por encima del pueblo que no se les puede siquiera cuestionar su desempeño?

El comunicado de estos fiscales y jueces solo puede entenderse si temieran que el actual sistema político cubano tuviera sus días contados. Solo es comprensible si presienten que la posibilidad de rendir cuentas por sus actos está al doblar de la esquina. 

Aunque a la justicia la representan como una mujer de ojos vendados, los profesionales que se ocupan de impartirla deben regirse por la transparencia y rubricar con su firma cada proceso legal en el que participen. No se trata de una banda de forajidos con pasamontañas ejecutando a presuntos culpables en medio de un bosque en la oscuridad de la noche, sino de personas que se graduaron de una especialidad que implica la responsabilidad de asumir públicamente sus decisiones y fallos.

"Han enlodado sus togas"

La declaración intimidatoria difundida por la Unión de Juristas hunde más en el descrédito a un sistema penal sin independencia, que se ha prestado para intimidar a la ciudadanía y privarla de su derecho a la protesta cívica. Con sus actos, y ahora con sus palabras, dejan claro que su lugar no está del lado de las garantías procesales, sino del poder político. Han usado los juzgados con el fin de respaldar una ideología. Han enlodado sus togas.

Aunque el texto oficial está salpicado de frases agresivas, entre líneas se lee el miedo. En lugar de una reivindicación de su ejercicio de la jurisprudencia es en realidad el comunicado de gente que le tiene pavor al futuro. Cada palabra allí escrita es una evidencia del espanto que les crece por dentro, cada vez que imaginan que un día podrían terminar en los tribunales, ante un jurado que no responda a un Partido sino a la ley. (ms)