Este fin de semana tienen lugar en Venezuela los comicios regionales que, por ley, debían haberse realizado el año pasado. Alineada con el Ejecutivo, la máxima autoridad electoral del país los suspendió sin mayores explicaciones (18.10.2016) y hace apenas un mes (11.09.2017) anunció que se llevarían a cabo este 15 de octubre. ¿Por qué ahora? Por un lado, el "hombre fuerte" de Caracas, Nicolás Maduro, cede a la presión internacional. Por otra parte, las circunstancias se le antojan propicias para forzar a los gobernadores electos a juramentarse ante una Asamblea Nacional Constituyente que casi todo el mundo desconoce.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –la más grande coalición de formaciones opositoras– da por sentado que puede arrasar en las urnas, si la contienda es limpia, y "desenmascarar a la tiranía", si no lo es. Pero para conseguirlo necesita el apoyo incondicional de todos los que adversan a Maduro, y no son pocos los antichavistas que se rehúsan a votar este domingo (15.10.2017). A sus ojos, ir a votar equivaldría a desdecirse tras haberse declarado en desobediencia civil durante meses frente a lo que consideran una dictadura. Por otro lado, la popularidad del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cae en picado.

De ahí que el PSUV haya buscado aumentar sus probabilidades de éxito haciendo uso excesivo de los medios estatales; eliminando mecanismos para la prevención del fraude electoral, como los controles del voto asistido, el uso de tinta indeleble para marcar a quienes ya votaron o la misión de acompañamiento de la UNASUR; fomentando la confusión del electorado rival al prohibir que la MUD se identifique como partido y sustituya las candidaturas de quienes perdieron en sus comicios primarios; y dificultando el sufragio al reubicar centros de votación pocos días antes de la elección.

Turbios precedentes

Este modus operandi no es nuevo. Desde 2015, cuando la MUD le arrebató al oficialismo la mayoría de los escaños en el Parlamento –el triunfo electoral más significativo del antichavismo tras el advenimiento de la "Revolución Bolivariana" en 1999–, el PSUV ha recurrido a malabarismos con mayores o menores visos de legalidad para restringir el margen de maniobra de la oposición. El año pasado, las instituciones estatales controladas por el régimen –incluidos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE)– implementaron o avalaron medidas para impedir que los venezolanos fueran a las urnas.

La élite cívico-militar chavista tenía todas las de perder si la revocación del mandato de Maduro era sometida a referendo y si la elección de gobernadores se realizaba en 2016. Las votaciones para designar a las autoridades de 23 estados fueron pospuestas arbitrariamente (18.10.2016) y el plebiscito fue suspendido cuando sus organizadores fueron acusados de recolectar firmas de dudosa procedencia (20.10. 2016). El diálogo de Maduro con la MUD fracasó en diciembre (05.12. 2016), cuando éste se negó a honrar compromisos como aceptar el nombramiento de rectores neutrales para el CNE y publicar cronogramas para los comicios por venir. 

En marzo de 2017, el conflicto se intensificó: siguiendo órdenes del Ejecutivo, el TSJ despojó al Parlamento de sus facultades. Cientos de miles de personas protestaron contra el Gobierno entre abril y julio, hasta que la MUD le echó un baldazo de agua fría a sus propios seguidores: la dirigencia opositora decidió participar en los comicios regionales fijados sorpresivamente por el CNE para diciembre de 2017 y luego adelantados para octubre. Esa moción de la MUD ha sido mal recibida por un segmento de la oposición nada desdeñable. Se alega que no tiene sentido aspirar a gobernaciones mientras el CNE actúe como un árbitro parcializado.

Votar o no votar…

También se esgrime que de nada servirá votar mientras el país sea regido por una Asamblea Nacional Constituyente írrita, elegida mediante un proceso espurio (30.7.2017), pero con capacidad para anular los resultados de todos los comicios, destituir a gobernadores discrecionalmente e incluso redefinir la división territorial del país con miras a que la figura del gobernador pierda su fuero. La cúpula de la MUD responde recordando que la oposición pasó cinco años sin representación en el Parlamento por boicotear los comicios legislativos de 2005.

La moraleja de aquella experiencia es que, independientemente de la insistencia del CNE en favorecer al PSUV, "renunciar a espacios" de antemano no es una opción conveniente. Está por verse si ese argumento y las encuestas más recientes –que le auguran 20 de 23 gobernaciones al antichavismo– logran persuadir a los escépticos de votar este domingo (15.10.2017). Si el desencanto de la base opositora se traduce en una elevada abstención, la MUD vivirá una debacle como la de 2012.

Hace poco, el politólogo venezolano Ismael Pérez Vigil citaba cifras del CNE, según las cuales, en las elecciones regionales de aquel año, opositores frustrados por el presunto fraude cometido en los comicios presidenciales previos (07.10.2012) contribuyeron a que el índice de abstención aumentara 16 puntos hasta llegar al 50 por ciento. Eso hizo imposible que la MUD ganara más de tres gobernaciones. Pérez Vigil pronostica que si la abstención supera el 34 por ciento –a su juicio, un promedio históricamente estable– la MUD saldrá perjudicada este 15 de octubre.

Autor: Evan Romero-Castillo (VT)