Las “brigadas anticorrupción” en Perú; la “oposición indignada” en Honduras; los sectores que han exigido la creación de una “Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción”, en Honduras y El Salvador. La cúpula empresarial, el Comité de Unidad Campesina, las iglesias católicas y evangélicas, decenas de miles de ciudadanos reunidos en la Plaza de Constitución guatemalteca para pedir y conseguir la renuncia y detención de la vicepresidente, Roxana Baldetti, y del presidente Otto Pérez Molina.

¿Ha pasado la sociedad civil latinoamericana de la denuncia y el monitoreo independiente a la calle? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha logrado y que retos enfrenta esta ciudadanía “indignada”? DW conversó con dos expertos.

Despertar ciudadano: ¿por qué ahora?

No hay una medición científica que pruebe un aumento de la corrupción en la región, “pero cada vez las instituciones funcionan más, por eso se detecta más corrupción”, afirma a DW Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional (TI), conocida red de organizaciones no gubernamentales de lucha contra la corrupción, con sede en Berlín.

Como ejemplo claro sirven el Ministerio Público y la Cicig − o Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, una especie de fiscalía independiente, adscrita directamente a Naciones Unidas y financiada con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional. Ambos lideran “procesos de investigación y desarticulación de redes del crimen organizado, que se incrustan en el Estado”, ilustra José Carlos Sanabria, analista político de la guatemalteca Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

“En el último par de décadas ha habido muchos esfuerzos por denunciar y prevenir la corrupción. En varios países, se han promovido leyes de acceso a la información pública, se han mejorado los sistemas de compras y contrataciones del Estado y cada vez la prensa denuncia más”, agrega Salas: “Según estadísticas, en 1996, en México, la prensa reportó alrededor de 500 veces sobre el tema corrupción en sus titulares; en 2014, la cifra subió a más de 30.000”. Quizás por ello, “las personas cada vez están más molestas y ya entendieron que la corrupción tiene un efecto en la calidad de sus vidas”, explica el experto de TI.

La ciudadanía ha reaccionado finalmente a “la crisis de representatividad y legitimidad” de un sistema político “que no ha tenido la capacidad de satisfacer las demandas de la región, con altos niveles de pobreza, desigualdad, desnutrición”, opina por su parte el analista de la ASIES. En el caso guatemalteco −como en no pocos en la región−, ese malestar se concentra “especialmente en las regiones urbanas, en la clase media y media-alta del país”, explica Sanabria.

Guatemala y Brasil: “dos buenos ejemplos”

En toda la región, la corrupción ha dejado de ser un “tema secundario” −abordado en protestas por reformas en la educación o en la gestión de seguridad pública− para ubicarse en el centro del hartazgo de la gente, resalta Salas. Otro denominador común de estos movimientos –con contadas excepciones−, es el carácter “pacífico”, muchas veces “festivo” de la mayoría de sus manifestaciones, una “celebración de la democracia y la posibilidad expresarse libremente”, añade.

Ahora mismo, en la región, “Guatemala y Brasil son dos buenos ejemplos de cómo el poder de la gente cuenta”, celebra este experto latinoamericano de TI. “Guatemala está dando lecciones muy democráticas y ejemplos muy positivos a América Latina”, demostrando que la presión social funciona, coincide el analista de la ASIES: “Los funcionarios públicos que asumirán el próximo año, llegarán a un contexto completamente diferente al que tenían pensado para ejercer porque van a tener a una ciudadanía más vigilante, una ciudadanía que perdió el miedo y que ya no va a tolerar más los actos de corrupción.”

Por otro lado, está el escándalo de Petrobras en Brasil, "probablemente uno de los más grandes de todos los tiempos en América Latina, por el tamaño y las conexiones entre las élites políticas y económicas", estima por su parte el director regional para las Américas de TI. En el gigante sudamericano, un juez (Sergio Moro) y un equipo de fiscales “muy valientes”, están haciendo su trabajo, pero “lo pueden hacer y se vuelven más fuertes porque la sociedad civil ha salido a la calle a respaldarlos”, insiste.

Se perdió el miedo: ¿y ahora qué?

“Haber recuperado los espacios públicos y haber roto el miedo que limitaba la participación política”, son para Sanabria los principales logros de la ahora “comprometida e indignada” sociedad civil guatemalteca. Ello, tras más de quince sábados de movilizaciones continuas, “completamente voluntarias, sin un compromiso político partidario”, en un país que aún a inicios de años exhibía, a su juicio, una “débil cultura democrática y una gran apatía política”.

Ahora, en Guatemala, los retos futuros están principalmente vinculados con la necesidad de pasar de la manifestación a un proceso de organización y participación política, “que inicie con una agenda de fiscalización y control de las acciones de los funcionarios públicos” e insista en la reforma del Estado: reformas a la ley electoral y a la ley de partidos políticos, reformas a la Contraloría General de Cuentas, enumera Sanabria. En toda la región, además, agrega Salas, habrá que trabajar aún en la protección a los que denuncian actos o tramas de corrupción, que “sigue siendo débil”.