El derecho a condiciones laborales decorosas, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, el acceso a agua potable, a la vivienda, a la educación y a la participación cultural, son todos reconocidos como derechos sociales. Estos derechos que forman parte de los derechos humanos, han sido retomados por constituciones nacionales y tratados internacionales con la obligación de protegerlos, respetarlos y promoverlos.

Un estudio publicado por el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo denuncia que, pese a los esfuerzos nacionales e internacionales, el ejercicio de estos derechos refleja, en pequeña escala, la situación general imperante en el subcontinente, en donde unos cuantos viven rodeados de lujo, mientras las grandes mayorías siguen sumergidas en la pobreza.

Derechos sociales inexistentes

"Los derechos económicos, sociales y culturales no son ejercidos en América Latina", señalan el alemán Michael Krennerich y el colombiano Manuel E. Góngora Mera, autores del estudio. "En muchos lugares estos derechos son violados a través de prácticas laborales de explotación, de discriminación, o debido a condiciones de trabajo indignas en plantaciones, en minas y empresas maquiladoras. Los campesinos son expulsados de sus tierras sin que reciban compensación alguna, son robados sin escrúpulos. Quienes padecen enfermedades crónicas carecen del derecho a la salud al no poder adquirir medicamentos debido a su alto costo".

El estudio denuncia la situación miserable imperante en las escuelas públicas o la suspensión de pensiones a jubilados. Los investigadores señalan que particularmente afectados se encuentran las mujeres, los niños y los viejos, los indígenas y las minorías afroamericanas, así como las capas más pobres de la población del subcontinente.

Pobres en avanzada

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo miembro de la familia de Naciones Unidas, busca desde los años 50 desarrollar estrategias de política económica para América Latina. El organismo señala que un 44% de la población latinoamericana es pobre. Un 14% vive en la pobreza extrema. En países como Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Honduras, los pobres exceden la mitad de la población nacional. En Honduras, según la CEPAL, tres cuartas partes de la población es pobre y la mitad vive en pobreza extrema.

Los derechos sociales están anclados en las Constituciones nacionales de los Estados latinoamericanos. Pionera fue la Constitución Mexicana de 1917, que tuvo efectos considerables en la formulación de otras constituciones de América Latina. El estudio cita, además, los numerosos tratados internacionales existentes que protegen los derechos universales.

Organismos internacionales

Empezando por la Carta Magna de la ONU, hay otros tratados que protegen cuestiones concretas, como por ejemplo, la discriminación femenina o que protegen a la infancia. También los temporeros tienen instrumentos legales que protegen sus derechos y de sus familias. El estudio menciona el papel de los organismos miembros de Naciones Unidas que se han comprometido a la protección de los derechos sociales, como son la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya convención para la protección de los pueblos indígenas ha sido suscrito por 17 países miembros, la mayoría latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Sin embargo estas minorías sufren despojos, viven marginadas y sin posibilidades de ejercer derecho social alguno.

También se menciona a las organizaciones internacionales a nivel regional como la Convención Americana de Derechos Humanos, (ACHR). El estudio comprende sendos apartados sobre el derecho a la salud, a la alimentación y a la educación, entre otros y hace un balance entre la teoría y práctica, lo que se traduce en una denuncia sobre la desprotección a la que están expuestos las grandes masas de pobres.

Protestas y disturbios

El estudio concluye que no es necesario ser antiglobalista para criticar las recetas neoliberales introducidas en el subcontinente que han empeorado aún más la situación de los más desprotegidos. También señala, no sin cierta tristeza, que el ejercicio de los derechos humanos es parte integrante y habla de la calidad de la democracia en Latinoamérica. Con todas las diferencias existentes entre los países, las protestas y los disturbios producidos durante los últimos años son la expresión de un movimiento de resistencia que se rebela ante una élite política a menudo corrupta, contra el neoliberalismo y las políticas de libre comercio, que han despojado aún más a la población de sus derechos sociales.

En la mayoría de los países latinoamericanos se ha profundizado el abismo entre las pequeñas capas de ricos y las grandes masas de pobres. Sin embargo, en algunos países se registra un nuevo potencial de protesta integrado por capas medias pensantes que formulan su descontento en voz alta, que se sienten engañadas en sus aspiraciones de un ascenso social. El descenso y la marginación social se convierten en una espiral que provoca inseguridad e inestabilidad, una combinación explosiva para las aspiraciones democráticas.