Pareciera que no significa lo mismo según la interpretación que se le da. Al menos en medio de la contingencia actual en Latinoamérica. El principio de no intervención se ha convertido en argumento desde distintas veredas y con diversas lecturas. Ejemplos hay varios. Tras el operativo de las fuerzas ecuatorianas que ingresaron por la fuerza a laembajada de México en Quitoy capturaron al ex vicepresidente Jorge Glas, en abril pasado, ambos países se acusan de intervención. El gobierno mexicano también reclama que Estados Unidos habría intervenido en las elecciones por medio del financiamiento de grupos opositores. Al mismo tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se excusa de opinar sobre los comicios en Venezuela, argumentando que busca mantener la neutralidad, y Nicolás Maduro califica de intervención la postura de gobiernos extranjeros que cuestionan los resultados electorales.

La Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, establece: "Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro”. Esto no solo se refiere a una acción armada, sino también a otras formas de injerencia que atenten contra el estado y sus elementos políticos, económicos y culturales.

Tradición latinoamericana

"El principio de no intervención es una referencia básica para el Derecho internacional en el sistema latinoamericano”, dice a DW Consuelo Ramón Chornet, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia, España. En opinión de Juan Pablo Scarfi, profesor de Relaciones Internacionales del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, el principio de no intervención es una gran contribución de América Latina al derecho internacional. "Tiene mucha fuerza porque es visto como un derecho”, señala a DW.

Esta tradición de derecho internacional latinoamericano "se desarrolla desde la fundación de muchos de los actuales Estados. Surge como un mecanismo para evitar primero la reconquista de las potencias europeas y después para tratar de limitar el crecimiento de la influencia estadounidense”, indica a DW el académico mexicano Sergio Puig, de la escuela de Derecho del European University Institute, con sede en Florencia. El profesor de derecho internacional, también de la Universidad de Arizona, observa que "muchas veces se hace alusión a este principio en asuntos de gobierno para evitar la intervención por potencias extranjeras y el intento de instalar nuevos gobiernos”.

"Sobre todo a la luz de la experiencia contemporánea de las continuas injerencias de las administraciones estadounidenses en los países de América Latina, que son violaciones claras del principio de no intervención y manifiestas violaciones del principio de soberanía estatal”, aporta Consuelo Ramón. La académica española agrega que "eso explica que las grandes diplomacias latinoamericanas, México, Brasil, Argentina, pero también los estados más pequeños, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, sean tan reticentes ante la moderna doctrina de la intervención humanitaria, sobre todo a la vista del doble rasero con la que ha sido utilizada por las potencias occidentales”.

Interpretaciones y discrepancias

"Si se critica que un gobierno no cumple con los convenios internacionales en materia de derechos es una crítica legitima, pero muchas veces se utiliza como crítica a los asuntos internos de los estados”, comenta Puig."Hay distintas interpretaciones y la invocación en ciertos momentos es bastante discrecional”, observa. El coeditor del libro Introduction to Latin American International Law señala que "en esta época también se utiliza como forma de evitar la rendición de cuentas”. En opinión de Scarfi, "se ha hecho un abuso del principio de no intervención en el último tiempo. Por una parte, hay una idea muy soberanista que lo concibe como un derecho en sí mismo. También vemos un uso estratégico o instrumental. México tiene una actitud bastante ambivalente”.

"Es evidente que gobiernos autoritarios como el de Nicaragua o ahora el de Maduro hacen uso del principio de no intervención para tratar de escapar a las obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos, gravemente amenazados en ambos países”, señala Consuelo Ramón. El derecho a la autodeterminación y a manejar la política interna sin injerencia extranjera entra en tensión ante la necesidad de proteger los derechos humanos en casos de gobiernos autoritarios y democracias en peligro. En ese sentido, Scarfi dice que condenar las violaciones a los derechos humanos, como ha hecho el gobierno de Boric en relación con Nicaragua y Venezuela, no significa intervenir y observa que "Chile tiene una actitud y tradición de solidaridad internacional con independencia de que los gobiernos sean de izquierda o derecha”.

En opinión de Consuelo Ramón, no se puede generalizar en el sentido de que cada gobierno lo interprete según sus intereses. El común denominador sigue siendo de resistencia a admitir excepciones a la no intervención. Sin embargo, con la toma de posición de un gobierno de izquierda, como el de Boric en Chile, respecto al régimen de Maduro, "parece abrirse paso una corriente que podría admitir excepciones, cuando este principio es alegado por gobiernos autoritarios o dictatoriales, como los de Ortega o Maduro, aunque siempre con la máxima cautela. Sin la contundencia de Boric,los gobiernos de Colombia, y Brasil, y, en menor medida el de México se abren a esas excepciones”.

¿Es posible una interpretación común?

"El derecho internacional cambió de manera sustantiva a mediados del siglo XX. Ya no es una cuestión solamente entre naciones, sino también entre naciones y sus ciudadanos. Los derechos humanos se vuelven parte fundamental”, apunta Puig. El avance en el derecho internacional de los derechos humanos "conduce a relativizar la doctrina de la soberanía absoluta de los Estados como escudo impenetrable contra cualquier tipo de intervención exterior”, afirma la catedrática Consuelo Ramón, y alude a la responsabilidad de proteger ante violaciones graves y masivas de los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, esto "no justifica en ningún caso la injerencia exterior de un tercer Estado al margen de las instituciones, la Carta de la ONU y del procedimiento que regula la Convención de Roma”, advierte.

En América Latina, la falta de una alianza o acuerdo regional amplio dificulta una postura unánime y contundente, que no corra el riesgo de ser tildada como vulneración al principio de no intervención, estima Scarfi. Al respecto subraya que "la forma de penalizar es a través de la condena de organismos internacionales. Se ha progresado muchísimo, existen mecanismos como la Corte Penal Internacional. La actitud multilateral es el camino adecuado”.

(ers)